Momento en el que Martínez es retirado esposado, descalso y sin sus lentes del Hotel Fontaineblue
El 18 de noviembre de 2021 la Bonaerense se llevó a Alejandro Martínez de un hotel de San Clemente. Horas después murió en un calabozo. Pese al encubrimiento de Berni y Kicillof, se logró procesar a la patota policial. Aún no hay fecha de juicio, pero un miembro del Tribunal ya reconoció ser amigo del abogado defensor. La palabra de Laura, expareja de Martínez y querellante.
Durante las horas posteriores a la muerte de Alejandro Martínez (35) en la comisaría de San Clemente del Tuyú, ocurrida la madrugada del 18 de noviembre de 2021, el caso tuvo gran repercusión pública. Tanto que, apenas la información circuló por los medios nacionales, el frenético ministro de Seguridad provincial Sergio Berni (avalado por el gobernador Axel Kicillof) salió por todos los medios a culpar a la víctima y proteger a sus subordinados.
El funcionario kirchnerista no escatimó en falacias para desmentir “categóricamente” que hubiera existido violencia policial y hasta le inventó un “prontuario” a Martínez con la canallesca estigmatización de “ladrón” y “adicto a las drogas”. Así lo decía en Crónica HD.
Pero para esa fecha el gobierno del Frente de Todos ya acumulaba varios casos de represión seguida de muerte, cuyo espantoso pico se dio durante la cuarentena por el covid-19 con casos como los de Facundo Castro, Lucas Verón, Alan Maidana y Brandon Romero. El caso de Martínez fue uno de esa zaga. Y no sería el último. Los crímenes de Daiana Abregú y César “Lolo” Regueiro lo evidencian. Ni se terminaron en diciembre pasado, cuando Berni dejó el cargo y la “maldita policía” quedó a cargo de Javier Alonso.
Torturas, muerte y 300 palos perdidos
Este diario sigue el caso desde el principio. En diferentes artículos (como acá y acá) se detalló la secuencia que llevó a Martínez desde su habitación en el séptimo piso del Hotel Fontainebleau (Costanera y calle 3) hasta el calabozo de la Comisaría Tercera (San Martín entre 7 y 8). Tras diez meses de instrucción, el expediente se llenó de pruebas y testimonios que, además de desmentir a Berni, motivaron que nueve miembros de la Policía Bonaerense fueran procesados por haber participado, de una manera u otra, en el homicidio.
De la causa se desprendieron dos procesos distintos que hoy esperan fecha para la realización de sendos juicios. En uno se juzgará la autoría material y en otro las participaciones secundarias.
A José Pereyra (36), Christian Rohr (32) y Maximiliano Munche (49) se los juzgará como coautores del homicidio triplemente agravado “por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad”. Los imputados, que cumplen prisión preventiva, pidieron someterse a un juicio por jurado.
Por su parte Laura Chiarullo (37), Evelyn Garófalo (29), Jaqueline Mansilla (31), Carla Cantarella (31), Sandro Mujica (36) y Miguel Boulos (55) serán juzgados como “partícipes secundarios” del crimen (con diversos delitos confluyentes). En este caso se hará un “juicio técnico”, para el que ya se designó un tribunal conformado por los jueces de Dolores Antonio Severino, Christian Rabaia y María Claudia Castro.
Pese a las pruebas en contra de los policías, el caso está cruzado por muchas irregularidades. Desde una primera autopsia que minimizó o, directamente, ocultó las lesiones (algunas hechas con borceguíes) que Martínez tenía en el cuerpo, lo que incluyó asfixiantes fracturas torácicas; hasta el hecho de que el juez Severino, miembro del Tribunal que juzgará a seis de los imputados, confesó ser amigo íntimo del abogado Rubén Fernández, partícipe del proceso en defensa de los policías.
Y a todo ello se agrega un asunto clave que, curiosamente, para el Poder Judicial no merece atención. Se trata del destino de los $ 300 mil que Martínez tenía en su poder al momento de ser sacado del hotel por la Policía. La importante suma (ajustada por inflación hoy podría superar el millón de pesos) era parte de una indemnización laboral y Martínez estaba en San Clemente con intenciones de encarar un emprendimiento.
Oficialmente ese dinero nunca fue encontrado, ni por la Policía ni por personal del hotel. La familia confirmó su existencia (Alejandro lo había comentado en mensajes), pero el tema no motivó ninguna pesquisa por parte del juez Diego Olivera Zapiola, ni del fiscal Martín Prieto (ambos a cargo de la instrucción). Mucho menos algún sumario interno por parte del ministro Berni. Ni se les ocurrió, parece, que ese dinero puede haber terminado en manos de la patota policial e, incluso, haber sido parte de las motivaciones de las torturas.
Entre tanto los imputados optaron por la victimización. Se declaran inocentes y denuncian que la causa está “armada” por “el poder político, municipal y judicial del Partido de la Costa”. Sus familiares abrieron una página de Facebook e hicieron un par de escuálidas “marchas”. Hace algunos días Christian Rohr, uno de los más complicados, posteó una imagen de rejas con la leyenda “Bastaaaaa” acompañada de un texto en el que preguntaba “¿hasta cuándo piensan seguir con todo esto?”. E incluso desde esa misma red social, usando un avatar con el nombre de un testigo clave de la causa, se contactan provocadoramente con el entorno de la querella.
“Hacete amigo del juez…”
En junio pasado, cuando desde Dolores se notificó a las partes la citación al juicio contra los seis “partícipes secundarios” y quiénes serían los miembros del Tribunal, curiosamente el abogado Rubén Fernández se presentó para pedir la recusación del juez Severino. Anticipándose a posibles impugnaciones, su argumento fue claro: ambos tienen un vínculo personal, lo que podría obligar al magistrado a no poder desarrollar su trabajo con “plena objetividad”.
Ante el planteo de Fernández el juez se excusó de intervenir y dejó a sus colegas del Tribunal evaluar el tema. Rabaia y Castro dijeron que no veían problema, ya que según la jurisprudencia ninguna cuestión “personal” entre magistrados y abogados amerita una recusación. Distinto sería, dicen, si el juez fuera manifiestamente amigo (o enemigo) de las “partes”.
Laura Laganá Santillán es la expareja de Martínez, madre de su pequeño hijo y querellante en la causa. Vive en La Plata y sigue a distancia todas los incidentes del expediente. Cuando en junio pasado sus abogados (miembros de la Comisión Provincial por la Memoria) le dijeron que el juez Antonio Severino era amigo íntimo del doctor Fernández, se quedó estupefacta. “Es algo lógico que a Severino lo aparten de la causa, no deberían dejarlo actuar”, dice en conversación con La Izquierda Diario. Y agrega que “si Alejandro hubiera sido alguien con poder o con ‘amigos’, es obvio que estas cosas no pasarían”.
Los abogados de Laganá Santillán apelaron la decisión del Tribunal. Pero la semana pasada la Cámara de Apelaciones de Dolores coincidió con el criterio de los jueces inferiores y ratificó a Severino. “Es bochornoso, ¿cómo pueden rechazar nuestro pedido? Nos dan a entender que para ellos no hay problema y está bien que sean todos amigos. Encima la amistad de Severino es con Fernández, un expolicía del que lamentablemente conocemos bastante por sus participaciones cotidianas en Crónica TV”, dice con bronca.
Además de su alto perfil mediático, Fernández es un vidrioso protagonista en casos en los que le toca defender a policías. Así lo detalló este diario en el caso de Martínez, pero también en el de Daiana Abregú. En ambas causas, sus excamaradas de la Policía Federal lo ayudaron a colarse en pericias relevantes (violando el Código Procesal) donde intervino buscando beneficiar a sus “clientes”.
¿De qué otros abogados policiales es íntimo el juez Severino? ¿También cultivó amistades en el Ministerio de Seguridad? ¿Cuánta “objetividad” puede tener quien incorpora a su círculo íntimo a los caranchos del poder? Aún no se sabe quién de los tres jueces presidirá el Tribunal. ¿También le tocará ese “premio”? Los consejos del viejo Vizcacha, como el que dice “hacete amigo del juez, no le dés de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse”, nunca pierden vigencia.
Desde la querella saben que esas relaciones de privilegio y amiguismo son parte de una larga trama institucional. Pero lo que más quieren es que el juicio avance. Severino ya quedó demasiado expuesto en ese vínculo personal con Fernández, lo que hace (y hará) prestarle una atención especial a sus conductas en este proceso.
“Acá la única víctima es Alejandro”
Respecto al juicio en el se tratarán las conductas criminales de Pereyra, Rohr y Munche, aún no se sabe quién será el juez que abrirá el debate y orientará al jurado popular que dictará sentencia. Iba a ser Eduardo Campos Campos, que integraba junto a Severino el Tribunal en lo Criminal 2 de Dolores. Pero se jubiló. Como subrogante pusieron a Christian Gasquet, titular del Juzgado de Garantías 5 del mismo departamento judicial, con asiento en Chascomús), pero su participación en el proceso sólo sería momentánea.
“Los nueve policías dicen que son perseguidos por el poder, pero eso es insostenible. Están las pruebas, desde las cámaras del hotel hasta testigos que demuestran que Alejandro no se autoflageló, que se lo llevaron esposado, lo torturaron y murió en el calabozo. Ellos pueden decir que es una causa armada, pero la verdad es otra”, dice Laura a este diario.
La mujer recuerda que a Munche y Rohr les negaron la morigeración de sus prisiones preventivas, “pero a Pereyra sí se la dieron, sólo que apelamos y logramos que también se la denegaran”. Su enojo con el Poder Judicial suena lógico, “con decisiones que tardan muchísimo”, mientras el tiempo pasa “y todavía no sabemos si el juicio va a ser el año que viene, dentro de tres años o cuándo”.
Pero a la vez sabe que la lucha no debe aflojar. “En una marcha por víctimas del gatillo fácil escuché a una mamá que decía que gracias a luchar en la calle y a toda una movida de prensa lograron presionar para que se adelantara el juicio por su hijo. Si hay una difusión importante del caso pueden actuar más rápidamente. A esa mamá le habían dicho que el juicio iba a ser en 2028, pero con esa movida logró que se fijara fecha para marzo de 2025. Si no hacés despiole y que la prensa hable del tema, hacen lo que quieren”, grafica.
Mientras no pierde de vista los vaivenes de la causa, Laura (con ayuda de su madre) cuida que el hijo que tuvo con Alejandro hace siete años crezca sano y fuerte. “Los dos seguimos con tratamiento, él siempre llora cada vez que recuerda al papá, que es casi todos los días”, dice con voz tranquila y firme.
El niño se acuerda cuando tenía cuatro años y su papá iba a visitarlo (ellos ya se habían separado). “Salíamos a hacer las compras y Alejandro se quedaba a pasar el día. En el último tiempo, cuando estaba en San Clemente, todos los días hacían videollamada. Desde que esas comunicaciones se cortaron abruptamente, piensa que el papá en algún momento va a volver”.
Laura tuvo que batallar duro contra la indignación que le causa ver a los policías y sus familias hablar de inocencias y “causa armada”. En los últimos días, desde la página de Facebook creada para defenderlos festejaron la sentencia absolutoria que benefició a los cuatro policías chaqueños acusados de asesinar a Leando Bravo. Como informó La Izquierda Diario, la hermana de Bravo dijo que, además de dejar impune el caso, con esa sentencia se le está dando vía libre a la Policía para siga actuando igual. “Tiene razón, yo siento lo mismo, cada privilegio para ellos es darles esa vía libre”, afirma Laganá Santillán.
“Esa gente es terrible”, sentencia sobre las familias de los policías. “Se presentan como víctimas cuando acá la única víctima es Alejandro y ya no está. Vamos a ver cómo se comportan en el juicio. Yo creo que en la vida todo se paga. Espero justicia, igualdad, equidad y que nadie tenga ningún privilegio. Si lo mataron que cumplan su condena”.
Laura aclara que últimamente no pudo estar en marchas y actividades junto a familiares de otras víctimas porque se recupera de una operación. “No puedo participar tanto, pero estamos en contacto permanente. Es súperimportante sostener esos vínculos, mandarnos mensajes y apoyarnos mutuamente. Porque la Policía sigue actuando igual, no cambia”.
El cronista le pregunta si con el cambio de ministro de Seguridad, en diciembre del año pasado, cambió algo respecto al trato del gobierno provincial para con la familia. “Es más de lo mismo, nunca se comunicaron con nosotros siquiera”, dice. Y reitera: “Lo que quiero es que haya Justicia, que no se olviden del caso de Alejandro y que no haya ningún caso de violencia institucional más, en ningún lado”.
