El nombramiento del teniente general Gan Pampols no es solo una maniobra de Mazón para intentar salvarse. Se trata de una medida bonapartista sin precedentes desde la Transición, cuando Suárez integró al teniente general Gutiérrez Mellado como vicepresidente y ministro de Defensa como garantía del cambio-continuista con la dictadura.

Dos generales al frente del gobierno valenciano

La crisis política abierta a raíz del crimen social de la DANA ha reducido a mínimos la legitimidad de los principales partidos del régimen para seguir al frente de una gestión que no deja de incrementar el malestar social y la desafección política.

El PP y sus socios hasta julio de Vox son los responsables directos y los mejores representantes de las políticas de depredación urbanística y ambiental. Esconderse detrás de un general es la salida más viable para intentar, al menos, preservarse hasta las siguientes autonómicas en 2027.

El PSOE y Sumar, desde el gobierno central, también son ampliamente cuestionados. Participaron de las decisiones del 29-O a través del CECOPI, y retrasaron y regatearon el envío de ayuda después. Mantenerse en una posición de colaboración institucional con una Generalitat con un militar al frente les será más cómodo que solo hacerlo con Mazón y sus consellers.

El recurso castrense para resolver esta crisis se vende como una decisión de eficiencia técnica. Se presenta la experiencia de Pampols en las misiones de Afganistán como justificación. Pero la etiqueta de “reconstrucción” de estos despliegues no dejaban de ser meras campañas de imagen para justificar una ocupación imperialista. Ver como quedó aquel país después de 20 años de “reconstrucción OTAN” es la mejor prueba de ello.

Mazón no dimite a pesar del clamor popular que se expresó en la histórica manifestación del 9N en Valencia y que volverá a llenar las calles el próximo 30N. Pero el president queda como un cadáver político. Gan Pampols quedará a cargo de la Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana. Junto a su segundo, el general de brigada del Ejército de Tierra Venancio Aguado de Diego, pasará a ser la principal figura del govern. Su cartera será la piedra angular política y presupuestaria del gobierno autonómico los próximos años.

El nombramiento de Pampols se hizo coincidir con la nueva visita de Felipe VI a varios municipios afectados para darse un ordenado baño de masas que resarciera la humillación de los silbidos y pegotes de barro del 3N. Nada es casual. Poner al frente de la situación a dos militares trata de situar a una institución como el Ejército - cuyo máximo jefe es el monarca - para que juegue el rol de árbitro conservador y autoritario, que ni desde Moncloa ni desde la Generalitat Valenciana se puede ejercer ahora.

Pero además, esta desiganción es seguramente el preludio a una mayor militarización de Valencia y las zonas afectadas - tanto con fuerzas castrenses como policiales - como prevención ante posibles protestas o estallidos de malestar. Ya a día de hoy hay cientos de soldados y policías - incluídas unidades antidisturbios como las que se emplearon contra la manifestación del 9N- que, como denuncian muchos vecinos, no participan de ninguna tarea de limpieza y reconstrucción.

Militares para mantener el orden y los negocios

La delegación de la dirección de la reconstrucción en dos militares busca también que, sobre una legitimidad autoritaria, puedan pasar unos planes al servicio de las grandes empresas. Gan Pampols, por su paso por Afganistán, seguro tiene experiencia. Las misiones militares imperialistas van siempre acompañadas de contratos millonarios para las empresas de los países ocupantes, para levantar lo destruido en la invasión o llevarse los recursos a precio de saldo. Fue así en Iraq y lo fue también en Afganistán.

Con absoluta desfachatez, el gobierno Mazón, con la venia de Sánchez y Díaz, comienza a extender la chequera entre los empresarios amigos del PP valenciano. Nada nuevo bajo el sol. Esto es algo que ya vimos en otras crisis como la pandemia, con las mascarillas del hermano de Ayuso o el caso Koldo.

Los primeros contratos adjudicados son una buena muestra de esto: 12,9 millones a Ocide, una constructora investigada en el caso Azud por pagos ilícitos al cuñado de Rita Barberá a cambio de contratos del Ayuntamiento de València; 4,4 millones a Pavasal, empresa contribuyente de la caja b del PP; 2,3 millones a CHM Obras e Infraestructuras, empresa vinculada a la trama Gürtel…

Las medidas aprobadas por el Consejo de ministros y ministras apuntan en la misma dirección. Entre ayudas a familias, trabajadores y autónomos a todas luces insuficientes, se cuelan cientos de millones de ayudas directas a las grandes patronales.

La patronal valenciana, que antepuso sus beneficios a la vida de sus trabajadores el 29O y que se ha enriquecido durante décadas a costa del modelo de ladrillazo detrás de las causas de la tragedia, seguirá haciendo grandes negocios con la reconstrucción.

Lo harán con el apoyo de los dueños del cortijo de siempre, el PP, pero también del "progresismo" que ha gobernado 8 años la Comunidad Valenciana sin tomar ninguna medida de calado contra el modelo de pelotazos, turismo y depredación ambiental. En todo este tiempo, ni tan siquiera avanzaron con algunas obras de prevención y protección contra catástrofes como la sucedida, tal y como llevaban años demandando científicos e investigadores.

Así ha contribuido el “progresismo” a esta salida bonapartista

Esta camapaña para vender al Ejército como el resolvedor de crisis ante la incompetencia o negligencia del poder político no cae del cielo. Hoy responde, y al mismo tiempo alimenta, los discursos reaccionarios alentados por la extrema derecha apelando a la necesidad de salidas autoritarias. Las declaraciones de Pampols sobre su autonomía respecto al poder político les van al dedo.

Pero esta imagen ha sido también cultivada por el “progresismo”. Durante la pandemia vimos al gobierno PSOE-Unidas Podemos poner a generales y altos mandos militares al frente de la crisis y las ruedas de prensa. El mismo Pablo Iglesias se adelantó a Mazón al proponer un ex general de la OTAN, Julio Rodríguez, para ser ministro de Defensa.

Este intento de cerrar la crisis política con una medida bonapartista es continuación de la relativa unidad de régimen en la que los principales agentes vienen operando desde el primer momento, y en particular desde el episodio de los abucheos reales que encendió la alarma sobre el descontento social acumulado.

Aunque el PP se ha mantenido en una posición más beligerante haciendo suyo aquello de que “la mejor defensa es un buen ataque”, lo cierto es que desde el PSOE se optó por no pedir la dimisión de Mazón ni alentar una moción de censura en el Parlament Valencià. Sánchez, tal y como pidió el rey desde el principio, se ha mantenido en una leal posición de colaboración con el principal responsable de este crimen social.

Ante la campaña activa de la extrema derecha en redes y en el terreno para capitalizar el desencanto, se ha desplegado una contracampaña “progresista” basada en la defensa incondicional del gobierno central. Todas las muestras de indignación y rabia contra la gestión del gobierno PSOE-Sumar han sido tildadas de “extremistas”, “antidemocráticas” o alentadoras de “bulos”, por parte del PSOE, sus socios y medios afines.

A esta campaña se han sumado entusiastas las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, cuya única medida de acción ha sido un vergonzoso paro de 10 minutos acordado con las patronales, los otros grandes verdugos que mandaron a decenas de miles a trabajar a pesar de estar en alerta roja y han seguido haciéndolo en situaciones posteriores, como las alertas en Málaga.

Esta lógica de “o con el gobierno progresista o con la derecha ultra” es precisamente la que deja el terreno libre para que la principal capitalizadora del malestar sea la extrema derecha o, en su versión más doméstica, el apoyo a que un “cirujano de hierro”, como el teniente general, se haga cargo de este “sinDios”.

La izquierda sindical, anticapitalista y los movimientos sociales debemos responder a esta salida reaccionaria

La ofensiva de la extrema derecha y la operación bonapartista de régimen tiene que ser enfrentada por la clase trabajadora y los movimientos sociales. La manifestación del 9N y las brigadas puestas en marcha por la izquierda valenciana para organizar la solidaridad de clase en el terreno han sido primeros pasos y ejemplos que hay que generalizar.

Lamentablemente, en el resto del Estado, la actuación de la izquierda a la izquierda del gobierno ha estado muy por detrás de lo necesario. Ha habido iniciativas solidarias de recogida de material, como ha hecho la CGT y otros sindicatos, y algunos grupos se han desplazado al terreno a colaborar en los trabajos de limpieza. En particular han destacado las brigadas de la izquierda independentista catalana que reunieron a 400 personas el fin de semana del 9 y 10. Desde la CRT hemos tratado de poner todas nuestras fuerzas disponibles a esta tarea, organizando una primera brigada propia ese mismo fin de semana y otras dos el siguiente impulsadas con Cobas y Corriente Roja una de ellas, y la CGT de la UAB junto a decenas de estudiantes independientes, la otra.

Pero en general, en este terreno, la respuesta ha sido débil, por detrás de las fuerzas y la capacidad de movilización existente. Muchos grupos que se reivindican anticapitalistas o socialistas han estado prácticamente ausentes de las brigadas e iniciativas de solidaridad de clase. Disputarle a la derecha y la extrema derecha sus intentos de instrumentalización también pasa por demostrar que son los sindicatos, las asociaciones de vecinos, juveniles… quienes podemos dar una respuesta organizada muy superior a la de ellos.

Esta ubicación conservadora y rutinaria se ha combinado con una cierta adaptación política al clima de mal menor que decíamos antes: una izquierda social a la defensiva para no ser acusada de “hacerle el juego” a la campaña de la derecha.

En Madrid o Zaragoza se realizaron algunas concentraciones convocadas por diversas organizaciones. En Catalunya se promovió, por la misma izquierda independentista y otras organizaciones, concentraciones en más de 30 municipios. En el terreno juvenil se realizó la jornada de huelga estudiantil del 12N a la que muchas agrupaciones estudiantiles decidieron no adherir. Desde a CRT hemos participado y sido impulsores allí donde estamos de todas estas acciones.

Aún así, a todas luces estas iniciativas han sido pocas y sin el respaldo de muchos grupos. La magnitud de la tragedia y la negligente gestión de sus consecuencias merece un impulso unitario mucho mayor, con asambleas, paros y manifestaciones en todo el Estado para denunciar y exigir responsabilidades a los culpables políticos empresariales y medidas que resuelvan lo antes posible la ruina a la que se han visto abocadas miles de familias. Solo así podremos popularizar la necesidad de una salida efectiva y de clase, y oponernos a la vía de militarizar la gestión de la reconstrucción y las zonas afectadas.

Peleemos por una salida de fondo a la crisis que sea costeada por los grandes capitalistas, no el pueblo trabajador

El plan de lucha al que nos referimos debe tratar de imponer a las patronales y los gobiernos medidas urgentes e inmediatas y otras mucho más de fondo.

En primer lugar, a tres semanas de la DANA y con gran parte de las zonas afectadas todavía en un estado lamentable, hay que exigir la movilización y dotación presupuestaria suficiente de todos los cuerpos de emergencia civil, terminando con la externalización y precariedad que afecta a muchos de ellos como los bomberos forestales; y la incautación a las grandes empresas de la maquinaria y estocs de material necesarios para acelerar el máximo las tareas de limpieza y reconstrucción. Lo mismo que en las universidades, donde los recursos y conocimientos existentes tienen que estar a disposición de acelerar la reconstrucción y la prevención.

También hay que pelear por permisos remunerados a costa de un fondo a cargo de los beneficios de las grandes empresas para todos los afectados y quienes quisieran trasladarse a colaborar. Solo así se pueden dotar a las brigadas de los trabajadores especialistas que se necesitan para la reconstrucción. Y ante la emergencia habitacional, es necesario luchar por la suspensión de alquileres e hipotecas y por la incautación de viviendas de grandes tenedores y plazas hoteleras para garantizar una vivienda a aquellos que la han perdido o la tienen muy deteriorada hasta que se revuelva la situación.

Pero el problema es de fondo, y no basta con reconstruir lo destruido. Será necesaria la realización de obras de canalización, refuerzo, reforestación… una gran reforma urbana que revierta las consecuencias del modelo del “ladrillazo” cultivado por la derecha y mantenido por el “progresismo” valenciano. La colaboración de científicos e investigadores, junto a los vecinos de las zonas inundables es clave en este terreno.

Para todas estas medidas es necesario aplicar impuestos extraordinarios a las grandes empresas, las energéticas y la banca para crear un fondo a su costa, y no de los presupuestos de los que dependen servicios como la educación o la sanidad. Pero lo que hoy negocia el gobierno de PSOE y Sumar con sus socios en el Congreso es justo lo contrario: rebajar o eliminar las ya pocas cargas fiscales que tienen las grandes multinacionales españolas.

Este plan, para que no termine engrosando las cuentas de resultados de las grandes constructoras, y para que además vaya acompañado de las medidas de reforma y replanificación urbana necesarias para prevenir que se repitan situaciones como las vividas, no puede quedar en manos de los empresarios de la Gürtel o similares, ni de los capataces castrenses nombrados por Mazón.

Las organizaciones obreras, empezando por la izquierda sindical, deben pelear por un plan de reconstrucción bajo control de las y los trabajadores y los sectores populares afectados. Con comités por barrios que elijan a sus propios representantes y se coordinen local y comarcalmente para decidir qué, cómo y cuando se tiene que hacer.