Uno de los ejes de la movilización fue la exigencia de que el gobierno de Chile rompa todos los lazos económicos, comerciales, militares y diplomáticos con Israel, como una acción concreta contra los crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.

La actual fase: el genocidio en Gaza y el avance sionista

Se ha alcanzado un punto crítico. Tras décadas de ocupación, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado su ofensiva genocida en Gaza, convirtiendo el territorio en un campo de muerte donde millones de personas sobreviven sin acceso a agua, alimentos, electricidad o atención médica y miles de niñas y niños han sido asesinados. Mientras tanto, la colonización y anexión de Cisjordania continúan, bajo un sistema de apartheid que niega derechos básicos al pueblo palestino.

El plan de Israel, ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos y académicos como Ilan Pappé, busca vaciar Gaza y empujar a su población hacia Egipto, al tiempo que anexiona los territorios palestinos restantes, consolidando un “Gran Israel”. Este proyecto, sostenido por el respaldo militar y político de Estados Unidos y otros países imperialistas, se traduce en la exterminación progresiva y acelerada de una nación.

Chile e Israel: la complicidad económica y política
Chile mantiene significativos vínculos con Israel que lo posicionan como cómplice pasivo en este conflicto. Desde el Tratado de Libre Comercio firmado en 2010, el intercambio comercial entre ambos países se ha fortalecido, beneficiando principalmente a sectores tecnológicos y agrícolas. Según Marta L. Ponce, investigadora en relaciones internacionales, “Chile ha mantenido una relación cercana con Israel durante décadas, tanto en términos de comercio como de cooperación militar.

Esta alianza ha sido especialmente notoria a partir de la década de 1990, cuando se firmaron acuerdos de libre comercio y cooperación tecnológica, principalmente en el sector agrícola y de seguridad” (Fuente: Revista de Relaciones Internacionales, 2018). En el ámbito militar, Chile ha adquirido armamento y tecnologías de vigilancia de Israel, consolidando relaciones que implican un aval a sus prácticas coloniales.

De acuerdo con la Campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), “Chile sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Israel en América Latina, y las relaciones militares han sido significativas, particularmente en áreas como la tecnología de vigilancia y el entrenamiento en seguridad” (Fuente: BDS Chile).

Además, las relaciones diplomáticas han sido constantes, marcadas por un discurso de neutralidad que, en la práctica, favorece al ocupante. La falta de medidas concretas, como el fin de los tratados comerciales o la expulsión del embajador israelí, es un reflejo de la subordinación del gobierno chileno a los intereses imperialistas.

Como señaló el Centro de Investigación de la Universidad de Chile (CIE) en 2020, “el control de los recursos hídricos por parte de empresas como Monsanto en el norte de Chile ha llevado a la privatización de las fuentes de agua, afectando gravemente las comunidades locales, mientras que empresas israelíes, relacionadas con el sector agrícola y de tecnología, explotan este mismo modelo de privatización” (Fuente: CIE, 2020).

Esto muestra cómo el gobierno chileno no solo mantiene relaciones de complicidad con Israel, sino que, al mismo tiempo, permite que las corporaciones internacionales, algunas vinculadas a Israel, continúen con la explotación de los recursos naturales en el país, profundizando la desigualdad y la dependencia económica.

Esta supeditación del Estado de Chile a los intereses de Israel y el imperialismo, ha sido repudiada, tanto desde los miles que nos hemos movilizado en las calles desde el comienzo del genocidio, como también por las y los estudiantes universitarios y su acampe que tuvo lugar en la Casa Central de la U. de Chile el primer semestre de este año, exigiendo que esta casa de estudios suprima los acuerdos con universidades israelíes. Sin embargo, ni las federaciones estudiantiles ni los grandes sindicatos -como el Colegio de Profesores-, han tomado la movilización por Palestina en sus manos.

Fortalecer un bloque independiente para la lucha internacionalista

En el marco de esta movilización, se renueva con fuerza la necesidad de construir un polo de izquierda independiente del gobierno, que sea capaz de articular las demandas de diferentes sectores sociales desde una perspectiva de clase exigiendo a centrales sindicales y organizaciones estudiantiles que tomen en sus manos la lucha por la ruptura total de las relaciones con Israel.

Ejemplo de ello es el 25 de noviembre, día contra la violencia a las mujeres, fecha en la cual se organizó un polo de casi un centenar de mujeres y disidencias que marchó en las calles y unificó la lucha contra la violencia de las mujeres y la lucha contra el genocidio en Palestina, tomando además demandas como el derecho a la vivienda, la dencuncia contra la precariedad de la vida, los bajos sueldos y la precariedad laboral. Participaron organizaciones como la Coordinadora por Palestina, El MAT, Acción Global, Pan y Rosas y se sumaron en la misma marcha Marcha Mundial de Mujeres.

Hacia el 8 de marzo resulta crucial dar continuidad al bloque conformado por diversas organizaciones de mujeres y disidencias, que ya en movilizaciones previas han mostrado su capacidad para unificar demandas internacionales; como el fin de la relación entre Chile e Israel, con luchas locales por derechos laborales, sociales y de género.

Este bloque, fortalecido y ampliado, puede convertirse en una herramienta decisiva para conquistar la exigencia de la ruptura total con el Estado de Israel, demostrando que solo a través de la organización independiente y la movilización en las calles y nuestros lugares de estudio y trabajo, es posible arrancar estas demandas al gobierno y sus instituciones.