Aunque las últimas elecciones evidenciaron una inclinación hacia la centro-derecha, los resultados reflejan también la fragmentación política y que se mantienen elementos de polarización. Si bien algunos interpretan ciertos elementos de “estabilidad”, esta parece ser muy relativa, marcada por divisiones internas en las coaliciones, el cuestionamiento a instituciones estatales como el sistema de justicia, la desconfianza hacia el sistema político y una profunda crisis orgánica que atraviesa el país.

Entre las expresiones más notorias de esta fragmentación destaca la alta participación de candidatos independientes, muchos de los cuales lograron ser electos. Asimismo, la falta de acuerdo dentro de las propias coaliciones llevó a situaciones como la presentación de hasta cinco candidatos de derecha compitiendo por los mismos cargos en algunas regiones.

Reforma al sistema político: ¿Un retorno al binominal?

Frente a este escenario de fragmentación, el presidente Gabriel Boric ya había anunciado, tanto en la Enade como en su cuenta pública, la intención de impulsar una reforma política destinada a “evitar la fragmentación y fortalecer la democracia”.

Sin embargo, los senadores aceleraron el debate con una propuesta de reforma constitucional “acotada”, basada en los lineamientos planteados por el oficialismo. Esta iniciativa, impulsada por parlamentarios como Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Gastón Saavedra (PS), propone dos cambios principales:

1) Disolución de partidos: Aquellos que no alcancen el 5% de los votos o menos de ocho parlamentarios perderían su existencia legal.
2) Pérdida del escaño: Los legisladores que renuncien a su partido o cambien de comité legislativo perderían su puesto.

Además, la reforma consolida medidas ya vigentes en la ley, como la actualización decenal del número de diputados por distrito, a cargo del Servel, y la prohibición de pactos entre independientes, implementada solo en el primer proceso constituyente.

En este contexto, sectores como Amarillos por Chile y otros de derecha han planteado la necesidad de incluir la obligatoriedad permanente del voto. Sin embargo, partidos perjudicados por estas propuestas, incluyendo algunos del oficialismo, denuncian que esta reforma es un retorno al sistema binominal y sus características más antidemocráticas.

Consensos con la derecha a costa de los trabajadores

La crisis orgánica que explotó con fuerza en el estallido social de 2019 tiene sus raíces en el modelo neoliberal impuesto por las clases dominantes desde los años 80-90. Este modelo no solo enfrenta cuestionamientos en Chile, sino que ha desencadenado alzamientos populares en toda la región.

Lejos de ofrecer una solución real a la fragmentación, el gobierno y la derecha buscan restaurar la estabilidad política mediante una política de consensos y acuerdos. Esta estrategia, heredada de los años del binominal, fue diseñada para restringir el pluralismo y proteger los intereses de los grandes empresarios.

Diputados como Camila Flores han sido explícitos en su deseo de implementar un sistema que emule al binominal, asegurando así un régimen que beneficie a los sectores dominantes. Sin embargo, cualquier intento de reforma política deberá enfrentarse a la profunda crisis orgánica que atraviesa el país.

Por ello, la “estabilidad” prometida por los partidos tradicionales no es más que un pacto entre ellos para seguir legislando en contra de los derechos de los trabajadores, perpetuando un sistema al servicio de los grandes empresarios.