Se está realizando en Nueva York la audiencia en la que el juez Thomas Griesa definirá si declara al país en desacato. Los buitres le solicitaron a Griesa que declare el desacato, por incumplimiento de la sentencia de pago por 1.330 millones de dólares. También reclamaron al juez que aplique una multa de 50.000 dólares diarios por incumplimiento de la sentencia, y que Argentina pague los millonarios honorarios de los abogados de los fondos litigantes. El juez advirtió la semana pasada al gobierno argentino sobre la posibilidad de avanzar con una sanción de este tipo, aunque ya había rechazado en oportunidades previas un pedido similar de los buitres. El juez se resiste a declarar el desacato por los alcances que tendría, como privar de la visa para el ingreso a Estados Unidos a distintos funcionarios.

El viernes de la semana pasada Griesa habilitó al Citibank a pagar los bonos par en dólares con legislación argentina, que tienen vencimientos el martes 30 por 5 millones de dólares. La convocatoria a la audiencia de hoy para que Argentina haga su descargo es una respuesta a un documento presentado por los fondos buitres para quienes Argentina ya está en desacato.

Los abogados de los holdouts sostienen que Argentina paga a los tenedores de bonos reestructurados sin pagarle al mismo tiempo a los fondos buitres, como indica el fallo. También argumentan que “Argentina ha violado voluntariamente y repetidamente los fallos y ha anunciado repetidamente y voluntariamente su intención de seguir violándolos. Los funcionarios más altos del gobierno argentino han proclamado su desacato, desdeño y falta de respeto por esta Corte y sus fallos”, dice el documento firmado por el abogado Robert Cohen de NML, el fondo buitre que está liderando el litigio contra el país, que se difundió momentos después de que la Presidenta hablara en la asamblea de la ONU el pasado miércoles donde denunció a los buitres por “terrorismo económico”. Los buitres proponen en su documento sanciones económicas.

La audiencia coincide con la activación de un nuevo pago a los bonistas, pero esta vez a través de Nación Fideicomiso, la primera operación que se realiza tras la sanción del Ley de Pago Soberano. Esa ley, sancionada el último 11 de setiembre, ofrece a los bonistas reestructurados la posibilidad de cambiar su lugar de cobro, eludiendo el bloqueo de Griesa. En dos oportunidades el juez advirtió que una acción de este tipo sería declarada ilegal.