El borrador del Proyecto de Ley de los Presupuestos para 2025 publicado el pasado 30 de octubre por el Partido Popular madrileño tan solo aumenta el dinero público destinado a las universidades públicas de Madrid a mínimos. Un aumento irrisorio del 0,47% que, teniendo en cuenta la inflación, es en realidad un recorte y las hace insostenibles económicamente y que pone a las universidades madrileñas en una situación crítica tras 15 años de infrafinanciación.
Las subvenciones actuales que recibe la universidad pública se sitúan en cifras de 2009, mientras que el IPC ha aumentado un 34,9% desde entonces. Este recorte obliga a las universidades a “hacerse cargo” de un tercio de su financiación, una misión imposible, pese a recaer sobre ellas un derecho esencial como es el de la educación pública.
Aunque la Comunidad de Madrid tiene una gran cantidad de recursos económicos disponibles por su alta renta per cápita –debido a que en Madrid se concentra una parte importante del gran capital– el gobierno regional destina significativamente menos que la media nacional a la financiación directa de sus universidades; un 21% menos de inversión por estudiante. Al mismo tiempo, y en un marco de profunda desigualdad social en la región, las tasas de matrícula tanto de grados como de másteres son de las más altas del Estado, junto con Navarra y Catalunya.
A esto hay que agregarle que, en un marco de creciente infrafinanciación, las universidades han recurrido a recursos propios, es decir a tasas de matrículas y convenios con empresas privadas, para cubrir los gastos. Este avance de las empresas privadas en la universidad pública se ha realizado de la mano de un discurso elitista que planteaba que las universidades debían convertirse en centros “de excelencia”. En realidad, en lo que se han convertido es en una opción cada vez menos viable para el estudiantado de familias trabajadoras, mientras que quienes continúan estudiando en ellas se encuentran con una educación que sirve cada vez más a la formación de un futuro trabajador barato y explotable por las empresas.
Además, el nuevo presupuesto se trata de un ataque muy grave a los estudiantes, porque abre la puerta a una nueva subida de tasas e implicaría la congelación de los ya mermados presupuestos destinados a las becas para estudiantes que no pueden pagar las matrículas. Una combinación que acabará expulsando a muchas estudiantes de la universidad por no poder pagar las tasas.
Un ataque también dirigido hacia los trabajadores
El ataque no se dirige únicamente a los estudiantes. Los docentes e investigadores más precarios son el siguiente eslabón más afectado: el plan se va a traducir en una mayor precariedad laboral, algo que ya se ha plasmado en que la Comunidad de Madrid se niega a cofinanciar 1.100 profesores ayudantes doctor con el Ministerio de Universidades, a diferencia de otras comunidades que sí han aceptado. Tal y como denunciaron el Personal Docente Investigador (PDI) y el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) el pasado jueves en la mesa de debate que tuvo lugar en la Complutense “La uni en la calle” y en el Claustro universitario extraordinario celebrado el pasado viernes, cuando hay problemas de financiación, lo primero que se ajusta son las plantillas, los salarios y las condiciones de trabajo.
El PP madrileño, al mismo tiempo que ataca a un puntal de la propia universidad pública dejándola infradotada de docentes, busca expulsar a profesorado e investigadores de la pública que no puedan aguantar la degradación de sus condiciones de trabajo o incluso encontrar un puesto de trabajo, para que tengan que trabajar en las nuevas universidades privadas. De esta manera, Ayuso asegura trabajadores “baratos” y nuevos nichos de mercado para las empresas de enseñanza superior. En los últimos años, su gobierno ha aumentado el número de universidades privadas y en este momento se está tramitando la decimocuarta, muchas de ellas relacionadas con think tanks de la derecha o asociaciones católicas ultra reaccionarias.
Mientras, infrafinanciaba a las seis universidades públicas, un claro ejemplo de cuál es el modelo educativo que impulsa la derecha madrileña. Esta infrafinanciación se ha traducido, como cualquier estudiante o trabajador de la universidad sabe, en la masificación de las aulas y la falta de mantenimiento estructural de numerosos edificios de los campus.
Ley Viciana: represión y más peso a las empresas privadas en la universidad pública
La falta de dinero empuja a que las universidades recurran a una mayor “colaboración” a través de convenios con empresas y universidades privadas para su financiación. En este sentido, la otra pata del ataque de Ayuso viene como anillo al dedo: la ley de universidades o “Ley viciana” que pone las universidades públicas al servicio de las privadas al atribuir a la privada “un papel como prestadoras de servicio público de educación superior”. Esto no es otra cosa que el traspaso de dinero público y recursos mediante conciertos, mientras se empeora la calidad de la enseñanza e investigación de la pública y se la subyuga aún más a los intereses y beneficios de los empresarios que vean en la universidad pública una oportunidad de negocio.
Por otro lado, el proyecto de esta nueva ley de universidades también supondría un avance en la criminalización de la protesta estudiantil. Ayuso tiene claro que el plan privatizador no puede aplicarse sin represión. La ley permitiría la sanción por parte de la Comunidad de Madrid a las universidades que no mantengan “el orden y el decoro en la vida académica” reforzando el régimen represivo que ya venían aplicando rectores y decanos en los campus gracias a la ley mordaza universitaria aprobada por el ministro Manuel Castells de Unidas Podemos, la LCU que también denunciamos y combatimos en su día.
Esto se produce en un contexto en el que tanto las autoridades universitarias como el gobierno de la Comunidad pretenden impedir la movilización estudiantil que se empezó a expresar de nuevo a finales del curso pasado con el movimiento en solidaridad con el pueblo palestino. Según estas nuevas ordenanzas, actividades como las que llevaron a cabo les estudiantes en repulsa al genocidio podrían ser duramente reprimidas. Se trata de todo un ataque a la organización estudiantil que pueda aparecer también en contra de este plan y recorte.
La posición de los Rectores avala la neoliberalización de la universidad y represión a los estudiantes
Los rectorados de las universidades públicas vienen teniendo diferentes reuniones a través de su Consejo de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) donde han rechazado el Presupuesto de 2025. Sin embargo, se apoyan, para ello, en la LOSU, la ley aprobada por el gobierno “progresista” y que, según ellos, no podría cumplirse atendiendo solo al presupuesto proporcionado por el gobierno de Ayuso. Sin embargo, el argumento tiene trampa: este nuevo ataque del PP avanza, precisamente, sobre la alfombra roja desplegada por las leyes universitarias aprobadas por el gobierno del PSOE con Unidas Podemos, que suponían una vuelta de tuerca al modelo neoliberal de universidad.
La LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) consolidó la subida de tasas, reforzando la posición de las empresas en los Consejos Sociales, órganos que dirigen la universidad. La misma Ley fue la que mantuvo la falta de financiación en la educación universitaria. Por su parte, la LCU o “mordaza universitaria”, como ya dijimos, permitía sancionar y hasta expulsar a los estudiantes que “atentaran contra la convivencia en la universidad”, siendo así tan represiva como el viejo código de conducta franquista al que sustituyó, y que había sido aprobado en 1954. Por su fuera poco, el primer gobierno “progresista” aplicó, como ningún otro antes, la Ley Mordaza del PP para perseguir a los estudiantes que se organizan, como ocurrió en febrero de 2023 cuando decenas de estudiantes y activistas protestaron contra la presencia de la embajadora de Israel en la Complutense y fueron identificados y multados por la policía.
Ante esta situación, los dos comunicados de los Rectores de las seis universidades públicas de Madrid donde se expone la situación económica de las universidades y exigen un 28% del aumento del presupuesto son insuficientes y no plantean el origen de los problemas que sufre hoy la universidad. Por un lado, legitiman la LOSU cuando es, como planteamos, la antesala del último ataque de Ayuso a la universidad pública. Por otro lado, no cuestionan el modelo de universidad neoliberal, sino tan solo unos presupuestos que ponen en peligro sus propios intereses. Ni una palabra de la necesidad de bajar (en realidad, eliminar) las tasas desorbitadas que afrontan los estudiantes, la interferencia de empresas privadas como Iberdrola, el Corte Inglés o Acciona en el gobierno de la universidad y en los planes de investigación, ni sobre la precariedad ya existente de los trabajadores docentes y no docentes de la universidad, muchas veces sometidos a subcontratas.
Hay que decirlo claramente: quieren mantener el actual estado de cosas de la universidad, que sirve para formar trabajadores precarios por un lado y a los futuros empresarios que los exploten por el otro. Además, estos mismos rectores son los que han aplicado los recortes los últimos años sin rechistar e incluso nos han reprimido cuando el movimiento estudiantil ha salido a luchar contra ellos. Una y otra vez han sido la correa de transmisión del ajuste, mientras miles de hijos de familias trabajadoras se quedaban fuera. No dudarán en volver a hacerlo y por eso no podemos confiar en ellos.
En este sentido, no tenemos ninguna confianza en la reunión que mantendrán el martes 3 de diciembre con Ayuso, porque sabemos que para la inmensa mayoría de la comunidad universitaria negociarán, como mucho, migajas y, más bien, se mueven por sus propios intereses de autoconservación. Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, ya anunció que acatará las medidas de su amiga Isabel Díaz Ayuso, a la que concedió un premio de Alumni Ilustre hace apenas dos años. Sabemos que la lucha contra los ataques y por una universidad pública al servicio de los intereses de las mayorías sociales pasa por luchar también contra la casta universitaria y los rectorados amigos de las empresas que han dirigido los ataques precedentes.
Es necesario que emerja un gran movimiento contra el ataque
La situación de la juventud es cada vez más crítica: inflación, precariedad laboral, crisis de la vivienda y ataques a los derechos y la educación. Además, la situación internacional es cada vez más convulsa y crecen las tendencias a la guerra y al rearme y la extrema derecha. Pero también surgen movilizaciones por Palestina, por la vivienda, contra la represión, de las que la juventud es protagonista. Ante esta perspectiva, el gobierno central, Ayuso y hasta los rectores, se preparan para reprimir las luchas que vendrán y avanzan en nuevos ataques a nuestra educación.
El ataque que quiere llevar a cabo el PP madrileño es profundo y debe ser contestado con un gran movimiento estudiantil y de los trabajadores de la universidad, que se han empezado a organizar en asambleas. Este debe ser el camino: asambleas masivas y democráticas donde la comunidad educativa decida cómo responder, al estilo de lo que están haciendo también en Argentina contra el gran plan precarizador de Javier Milei para la universidad pública, y que ha llevado a la toma u ocupación de diferentes facultades, así como a hacer clases públicas en las calles para visibilizar el problema. Sin desarrollar hasta el final este movimiento y señalar a todos los responsables del ataque (el gobierno de Ayuso, pero también las leyes “progresistas” que lo hacen posible), no es posible tirar abajo este “plan de la motosierra”.
No podemos apoyarnos en la LOSU para ir contra el Presupuesto: hay que tirar la LOSU y todas las leyes privatizadoras. Hay que dotar a las unidades de becas y ofrecer facilidades para que todos los estudiantes de familias trabajadoras puedan volver a las aulas, con la perspectiva de una universidad totalmente gratuita financiada con impuestos a las grandes fortunas. Hay que cuestionar que los Presupuestos se dirijan para el rearme militarista, que prepara nuevas guerras y militariza las fronteras generando muerte y miseria o que compra armas a Israel probadas en el genocidio al pueblo palestino mientras se infrafinancian la educación y la sanidad públicas. Hay que imponer una universidad 100% pública y democrática, con las empresas privadas fuera de los Consejos Sociales, donde las decisiones de qué estudiar y qué financiar las tome la propia comunidad educativa y no una casta universitaria unida a las empresas del IBEX-35.
Es una buena noticia las diferentes reuniones y asambleas de docentes, trabajadores y estudiantes que están surgiendo estos días. Es indispensable autoorganizarnos desde las universidades con independencia de todos los que van a querer pasivizarnos y dejar pasar el ataque, construir alianzas con las compañeras de otros sectores educativos movilizados y establecer un plan de lucha contra los presupuestos de la miseria y contra la ley viciana y todas las leyes privatizadoras de la universidad y la educación. Llamamos a toda la comunidad universitaria a participar en la concentración convocada por CGT y CCOO el día 5 a las 12 en la Asamblea de Madrid contra los recortes. | 
