Son cientos de estudiantes que en la Plaza de la Reforma de Campus Coloso se reunieron a votar acciones por la decisión de Rectoría. En algunas carreras, se habla de más de la mitad de la planta docente desvinculada, lo que abre la pregunta ¿Quién hará las asignaturas, si muchos de los docentes de planta ya están cumpliendo el máximo de horas y más incluso?

La información que han recibido algunos docentes, es que el próximo año hay posibilidad de recontratación solo para 22 y 33 horas pedagógicas, lo cual reduce considerablemente la remuneración, pero es preocupante ya que no alcanza a suplir las horas docentes necesarias para resguardar la calidad docente, algo que se ha puesto por delante como un principio en esta universidad pública dentro de la región. Algunos estudiantes manifiestan una alta incertidumbre respecto a sus prácticas clínicas, ya que como no se cuenta con el recurso docente es probable que deban cursar esas actividades académicas nuevamente.

Esta decisión fue cuestionada incluso por los Decanos en un comunicado donde señalan que esta medida fue completamente unilateral y que no fue aprobada por los cuerpos colegiados. Asimismo, denuncian que la resolución “No ha contemplado el resguardo del funcionamiento de las distintas carreras y del proceso de acreditación institucional"

Esto se enmarca en una crisis nacional de la educación pública. En la Universidad de Tarapacá de Arica despidieron a profesionales como psicólogos y en octubre anunciaron el cierre de las pedagogías, mientras que en la Universidad de la Frontera (UFRO, Temuco) anunciaron la desvinculación de más de 300 funcionarios. Esta es una línea directa de la Superintendencia de Educación, que como recomendación sugiere la desvinculación de docentes, cuestión que incluso defendió el Ministro de Educación Nicolás Cataldo frente a la crisis de la UFRO: “Lo que debe ocurrir, y está en proceso de que ocurra, es todo un proceso de ajustes. De hecho, ya hay medidas que se han estado tomando, como por ejemplo reducción de personal, entre otros” una voltereta enorme del gobierno de Boric que hablaba de defender la educación.

Actualmente, a pesar de todas las demandas históricas del movimiento estudiantil, vemos que la educación sigue siendo un negocio completamente lucrativo, en desmedro de las necesidades de la comunidad educativa, como lo vimos con el escándalo del sueldo millonario de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. Los fondos estatales terminan en su mayoría yendo a manos de privados. Solo para ejemplificar, la Universidad de Antofagasta este 2024 recibió de Aporte Fiscal Directo (que es la más importante fuente de financiamiento de las instituciones) un monto de $80.781 millones, mientras que la privada tradicional Universidad Católica del Norte recibió $483.465 millones de pesos. Situación inaudita, que la universidad estatal de la región reciba $400 millones de pesos menos que una institución privada.

Esto es la gota que derramó el vaso. La UA está profundamente precarizada, con carreras artísticas que no tienen espacios para ensayar o los instrumentos necesarios, con infraestructura que se cae a pedazos, con docentes ya colapsados y más.

La movilización de los estudiantes de la UA es un ejemplo de no dejar pasar ningún ataque a la educación pública, porque el día de mañana pueden ser otras cosas, como cierres de carreras, mayor precarización laboral, venta de terrenos, etc.

Para parar este gran ataque y luchar por el paso a planta de todos los docentes, tenemos que unirnos todos los estamentos: ¡Que la FEUA convoque a asambleas triestamentales para discutir un plan de acción común!

Asimismo, hay que atacar el problema de fondo, porque queda demostrado que el financiamiento a través del sistema voucher, basado en subsidios a la demanda, no va más para la educación pública. Es urgente retomar la demanda de que las universidades sean financiadas en un 100% por el Estado mediante aportes basales directos que provengan de la nacionalización de los recursos naturales como el litio y el cobre y de impuestos a las grandes fortunas. Una educación gratuita integral, que garantice alimentación, transporte, vivienda para quienes lo necesiten, acceso a salud mental, etc., es decir, que cubra todas las necesidades para estudiar de la manera más óptima posible. ¿Cómo es posible que la única universidad estatal de una región como Antofagasta, tan rica en cobre y litio, esté en estas condiciones?

Asimismo, hay que cuestionar profundamente el autoritarismo que vivimos, donde es el Rector quien toma todas las decisiones, y no la comunidad educativa en su conjunto. Hay que luchar por un cogobierno triestamental en la universidad, lo cual significa que en cada organismo como los consejos de carrera, de facultad y la junta directiva, haya presencia de estudiantes, funcionarios y académicos en igualdad de condiciones, con derecho a voz y a voto, y que las autoridades unipersonales como los jefes de carrera, decanos y Rector, sean votados por toda la comunidad educativa.