Los diputados del bloque afirmaron que el pedido de informes responde a planteos y denuncias que recolectan de la docencia y familias que están viviendo esta situación.
“Docentes de la puna jujeña nos hicieron llegar resoluciones del Ministerio de Educación Nº 675 y Nº 2914 emitidas en el mes de octubre que establece la exclusión de más de 300 cargos en el nivel primario e inicial y la afectación de decenas de escuelas, las mayorías de zonas rurales y comunidades indígenas en Jujuy. El único fundamento que eximen las resoluciones es la baja matrícula y la existencia de estudios cualitativos y cuantitativos como también proyectos de nuclearización y cierre de escuelas. Vemos de gravedad estas decisión por eso pedimos informes sobre los mismos, desde el Ministerio de Educación tienen que dar explicaciones”.
“Este accionar es contrario a garantizar el derecho universal a la educación y no puede estar supeditado a la cantidad, más aún en territorios donde no hay transporte público, y llegar a una escuela puede implicar horas de caminata. Es una visión mercantilista y excluyente de la educación donde se elige atacar a las familias de sectores empobrecidos de zonas rurales y barriadas populares, negando derechos elementales mientras a los dueños de la provincia y sectores empresariales que amasan fortunas le dan más beneficios”.
“Cerrar escuelas en territorios de comunidades indígenas es el último empujón al despojo de esas familias por parte del Gobierno y el Estado que ya viven en la pobreza, sin servicios esenciales, en la actividad agrícola, pastoril y artesanal. Lo hacen a la par que avanzan con el RIGI y los planes extractivistas como el saqueo del litio o los negocios inmobiliarios”.
“Este accionar es contrario a garantizar el derecho universal a la educación y no puede estar supeditado a la cantidad, más aún en territorios donde no hay transporte público, y llegar a una escuela puede implicar horas de caminata. Utilizar la matrícula como única variable, es una visión mercantilista y excluyente de la educación. El gobierno de Sadir elige atacar a las familias de sectores empobrecidos de zonas rurales y barriadas populares, negando derechos elementales, mientras a los sectores empresariales que amasan fortunas le dan más beneficios”.
“Cerrar escuelas en territorios de comunidades indígenas es el último empujón al despojo de esas familias por parte del Gobierno y el Estado que ya viven en la pobreza, sin servicios esenciales, en la actividad agrícola, pastoril y artesanal. Lo hacen a la par que avanzan con el RIGI y los planes extractivistas como el saqueo del litio o los negocios inmobiliarios. Desde las bancas del PTS FIT no sólo exigimos explicaciones para fortalecer la lucha que viene llevando adelante la comunidad educativa”. | 
