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8 de diciembre de 2024 Twitter Faceboock

Santa Fe
El Gobierno aprobó la convocatoria a la reforma constitucional
Facundo Durán | @FakuDuran

El gobernador Maximiliano Pullaro logró la aprobación de la convocatoria a una convención constituyente donde, lejos de discutir los problemas de la población, buscará aprobar su reelección. Para obtener los votos necesarios contó con el apoyo del Partido Socialista, del peronismo y de dos legisladores del Frente Amplio por la Soberanía de Carlos del Frade. La izquierda denuncia las maniobras antidemocráticas que buscan impedir la participación de las organizaciones que enfrentan el ajuste.

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Radicales, socialistas y peronistas cerraron un acuerdo en la madrugada del viernes para la convocatoria a una Convención Constituyente en la provincia de Santa Fe. Pero la reforma de la constitución provincial está lejos de hacerse para poner los recursos económicos de la provincia en función de las necesidades de los trabajadores y el pueblo: el objetivo central es lograr la reelección del gobernador.

La elección de los convencionales constituyentes se realizará en abril junto a las PASO locales. La votación mostró nuevamente unidos a los radicales de Pullaro y a los “socialistas” de Clara García, quienes son parte del frente oficialista y se transformaron en los principales defensores de la reforma jubilatoria provincial profundamente regresiva que se aprobó meses atrás.

Una reforma antidemocrática para consolidar un estado autoritario

La sanción de la convocatoria a la reforma constitucional tiene por objetivo fortalecer los aspectos autoritarios de un estado que ha demostrado ser un fiel defensor de los negocios de los grandes empresarios y el narcotráfico. El gobierno de Maximiliano Pullaro, bajo el paraguas de la ‘seguridad’, empodera a las fuerzas represivas y fortalece los aspectos más autoritarios del régimen. Al festejar la votación, el propio gobernador lo deja en claro: “el Estado será más poderoso que cualquier organización criminal”.

Ya a principios de año el gobierno reformó el Código Procesal Penal, dando mayores atribuciones a policías e infiltrados. La población de Rosario es una de las más vigiladas con seguimientos con inteligencia artificial. Se hostiga a la juventud, exigiendo la presentación del dni a las fuerzas policiales bajo la amenaza de detenciones. Y este ambiente persecutorio derivó en la represión en la legislatura provincial durante la sanción de la reforma jubilatoria y en los inéditos allanamientos en los domicilios particulares y las detenciones de referentes docentes y estatales.

El acompañamiento del peronismo y de la mayoría del bloque de Del Frade al plan de reforma constitucional ayuda a la consolidación de un estado autoritario que, con la excusa del narcotráfico, vuelve más antidemocrática la vida política de la provincia.

El propio proceso de votación es antidemocrático y establece mecanismos para inclinarlo a favor del oficialismo radical y del peronismo, que se encuentra fragmentado. Establece un piso mínimo proscriptivo de votos necesarios para poder acceder a la Convención Constituyente: buscan dejar afuera a las organizaciones que enfrentamos el ajuste. El pullarismo negoció que sea del 2,5 % del padrón electoral y con ese acuerdo logró los votos de dos de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía de Del Frade. El piso es sobre el padrón electoral sin importar la asistencia a las urnas, por lo que se eleva al 4 o 5 por ciento. Este mecanismo restrictivo ya significó que en el 2011 a Carlos del Frade le impidieron acceder a la banca provincial pese a haber obtenido los votos necesarios pero no superar el piso del padrón del 3%, un requisito establecido por la dictadura militar. En aquella oportunidad lo denunciaron correctamente; esta vez correspondía hacer lo mismo y no aportarle los votos al oficialismo.

El peronismo, que viene de dirigir la provincia por cuatro años, obtuvo también un método de votación favorable para su interés de reorganizar la “tribu del PJ”, dividida nacional y provincialmente. Los convencionales se votarán durante las primarias locales y se elegirán de dos maneras: se votan 69 convencionales; 50 por distrito único mediante sistema D`Hont y 19 por departamento, sin relación con la cantidad de población. Por ejemplo, al departamento Rosario que tiene casi 1.400.000 habitantes le corresponde la misma cantidad que, por ejemplo, San Jerónimo, que tiene una población de casi 85.000. Este método permite especialmente a peronistas armar sus listas desde los departamentos pese a las divisiones que mantienen provincialmente.

Un solo objetivo del oficialismo: lograr la reelección para continuar el ajuste

La aprobación de la convocatoria fue a espaldas de toda la población, en medio de roscas y negociaciones secretas: la votación fue a las dos de la madrugada. El objetivo del oficialismo es aprobar la posibilidad de la reelección del gobernador, lo que habilitaría un nuevo mandato de Maximiliano Pullaro. A la vez, en sintonía con las políticas del gobierno de Javier Milei, el oficialismo busca incorporar a la Constitución provincial el equilibrio fiscal y el déficit cero, continuando las políticas de ajuste que ya aplica en la provincia. Quieren también incorporar una ley de ficha limpia; una intromisión de la justicia en la selección de quienes pueden ser candidatos, en sintonía con las políticas del PRO y el gobierno nacional. Y buscan elevar el rango de las áreas de seguridad.

Octavio Crivaro, referente del PTS en el Frente de Izquierda señala que la reforma constitucional “no está pensada para reorganizar los recursos de la provincia, para discutir qué hacer con la gran propiedad terrateniente, las cerealeras, las decenas de puertos privados, con el río Paraná y su utilización como una vía comercial privada para llevarse nuestras riquezas. No quieren discutir la pobreza, el hambre, los salarios, la salud o la educación. Solo quieren negociar la posibilidad de que el gobernador pueda ser reelecto y cómo avanzar con el ajuste”.

Radicales, socialistas y peronistas acordaron una agenda que nada tiene que ver con las necesidades de los trabajadores. Desde la izquierda planteamos que hay que reorganizar la provincia y sus recursos en función de las necesidades de la población: reducir la jornada laboral a 6 horas para generar puestos de trabajo, rediscutir el monocultivo de soja y la producción de las cerealeras para generar alimentos en la perspectiva de nacionalizar la gran propiedad terrateniente y los puertos privados para decidir que se produce y el cómo: en armonía con los bienes comunes naturales. Los recursos de la provincia tienen que ir a educación, salud, vivienda y cultura; no a los bolsillos de los empresarios o al FMI.

Esta perspectiva de fondo es por la que peleamos cada día, buscando desarrollar un gran partido de trabajadores socialista de la clase trabajadora que nos permita derrotar a Milei y a los gobiernos del ajuste en el camino de la huelga general para conquistar un gobierno de los trabajadores que de vuelta la historia.

 
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