La deuda histórica hace referencia al menoscabo que sufrieron miles de docentes de escuelas públicas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Principalmente, se debe al incumplimiento de la Ley 3.551 (artículo 40) publicada en 1981 en la que se estipulaba un aumento del sueldo base, además de asignaciones especiales para los profesores y profesoras.

Es importante reforzar que esta deuda histórica se debe a que el Estado deja en manos de las Municipalidades la responsabilidad de administrar los recursos en materia educativa y estos, como empleadores, no se hicieron cargo de los reajustes y salarios prometidos a los profesores y profesoras, en la ley antes mencionada.

Desde 1981 hasta la fecha, se arrastra esa deuda. Se pensó que, en algún momento, con la supuesta vuelta a la democracia, esta podría ser reparada de manera justa y en su totalidad. Sin embargo, ningún gobierno de la Concertación se hizo cargo de la deuda, y muchos menos los dos gobiernos de derecha entre medio, liderados por el fallecido expresidente Piñera.

Durante muchos años, el Colegio de Profesores, tuvo como bandera de lucha el pago total de la deuda histórica. Se sumó, entre otras cosas, el sistema de AFP vigente, también impuesto en dictadura. Y en la medida en que fue pasando el tiempo y los profesores se fueron envejeciendo y empobreciendo, la lucha se radicalizaba.

El 23 de octubre del 2024 el Presidente Boric, anunció el fin de la deuda histórica. Se mencionan términos como justicia y reparación a los miles de docentes afectados, que suman un total de 58 mil. Todos y todas son mayores de edad, jubilados y con precarias condiciones de vida. Junto al actual Ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, se anuncia un proyecto de ley, impulsado desde el ejecutivo, que tiene por finalidad saldar la deuda de 90 millones (que se arrastra hasta nuestros días) en 4 millones y medio por docente, en un sistema de dos pagos a contar del 2025. Pago progresivo, por etapas y edades. No olvidar que es reajustable y por supuesto a quiénes estén vivos al momento de pagar la 1° cuota.

El plazo será de seis años desde octubre del 2025 a enero del 2031. El primer grupo, de seis, recibirá dos pagos, uno en octubre y el otro en enero. El primer grupo contempla 15.560 personas de 81 años o más. Es altamente probable que muchos de ellos no lleguen a recibir nada. Si consideramos que la tasa de mortalidad es alta en esas edades, el pago ¿es burla o justicia?

¿Es sensato pagar el 4,4% de la deuda total, antes de que mueran los docentes, que por años han esperado que se haga justicia o simplemente es una estrategia de “blanqueamiento del gobierno” para mejorar en las encuestas de aprobación? La posición de salvadores queda bastante bien en un contexto como este, pero puede que ser salvadores no sea necesariamente lo que se pretende.

El engaño de la reparación de la Deuda Histórica.

En primer lugar, se hace necesario explicitar la situación de ese sector del profesorado. Según denuncia el Colegio de Profesores, luego de 30 o 40 años de servicio sin lagunas previsionales, la jubilaciones de las y los profesores caen a un escaso 40% de lo que ganaban siendo activos, alcanzando en raras ocasiones los 400 mil pesos [1] en condiciones en que la canasta básica supera los 650 mil.

La situación de este sector es tan dramática que no han sido pocos los casos donde los profesores han terminado viviendo en condiciones miserables, obligados incluso a pedir dinero en la calle [2]. Y dentro de este grupo, uno de los más afectados son justamente aquellos que fueron víctimas de la política antiobrera de la dictadura pinochetista, cuando se realizó el traspaso de la educación a la municipalidades, que dejó una deuda de 7 mil millones de dólares para 65 mil afectados, es decir, de 90 millones para cada docente.

Y por los más de 30 años de gobiernos de Concertación y Derecha, la existencia de esta deuda no fue reconocida, lo que aumentó cada año tanto la deuda, como también la desesperación de las víctimas, al tiempo que una parte importante de ellos murió esperando lo que les correspondía por derecho. Es por todo esto que debemos llamar las cosas por su nombre: la propuesta del gobierno es un engaño. No sólo porque la suma ofrecida es irrisoria y apenas cubre el 4% del total que se adeuda, sino porque esto además muestra de manera burda el verdadero sentido de la propuesta (sacar provecho político), en un momento en el que las encuestas no son favorables para Boric, y que, de aprobarse la propuesta, lo dejaría convenientemente como el gobierno que reconoció y resolvió la Deuda Histórica.

La propuesta es también un engaño porque en las condiciones de vida miserables, entre la espada y la pared, luego de años de espera y lucha por el reconocimiento, ¿era posible que alguno de los afectados se negara? Según las cifras proporcionadas por el Colegio de Profesores más del 80% de las víctimas aprobaron la propuesta. El gobierno de Boric consigue su medallita por resolver esta histórica demanda, y lo hace ciñéndose al ajuste presupuestario para no alarmar a los empresarios. Y de paso, elimina una sentida demanda capaz de motorizar movilizaciones en el futuro, aportando su granito de arena a la estabilidad del sistema y a los gobiernos que vienen. Un win-win y cuadro de honor para el empleado del mes del banco.

Sin embargo, tampoco se debe olvidar al otro socio de este nefasto acuerdo, la burocracia del Colegio de Profesores ―encabezada por el PC y el Aguilarismo― que ha tenido un rol criminal al respecto, no sólo por negarse durante años a luchar seriamente en torno a la restitución completa de la Deuda Histórica, sino que fueron activos promotores de las inútiles mesas de diálogo que estiraron a más no poder, en una actitud de espera diletante como si la voluntad política necesaria cayera desde el cielo, para finalmente aceptaruna rebaja en pos de una reparación “simbólica”. En este escenario no es de extrañar que, al momento de votar, más del 80% de los afectados aceptara con desesperanza las migajas. Así este acuerdo es una movida políticamente conveniente también para la dirección de Aguilar, quien no pasa por un buen momento y también se beneficiaría de “resolver” la Deuda Histórica.

Si bien desde esta revista nos ubicamos en defensa de las demandas del movimiento docente, no podemos dejar de señalar la necesidad exigir el pago íntegro de esta deuda, resultado del abuso estatal. No se trata solo de una cuestión de sentido común, sino de un imperativo ético frente a una política “en la medida de lo posible” que ha transformado esta resolución en algo cada vez más lejano. Esta estrategia asienta un precedente alarmante: el Estado puede abordar problemáticas que destrozan vidas con poco más que unas disculpas. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto actual, donde emerge una nueva deuda histórica vinculada a las obligaciones previsionales que ni las Municipalidades ni los flamantes Servicios Locales parecen querer asumir.

Ante esta realidad, es inevitable preguntarnos y reflexionar ¿pueden estas soluciones parciales ser consideradas justicia o perpetúan, en cambio, la lógica del abandono que el Estado ha sostenido durante décadas? ¿Qué significado tendrá para las futuras generaciones en que el Estado insista en actuar bajo la misma lógica? Quizás, más allá del pago o no de la deuda, la verdadera pregunta es qué legado se está construyendo con estas decisiones. Si este es el modo en que el Estado se hará cargo, ¿cómo confiar en que podrá abordar de manera justa el problema que ya presentan los Servicios Locales?