El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se ha paseado por el Senado y la Cámara de Diputados haciendo campaña por la nueva ley que modifica el actual mapa de ordenamiento territorial, habilitando 700 mil hectáreas al desmonte.
No es el único que hace campaña. La Sociedad Rural ha estado impulsando activamente la nueva ley a través de Joaquín Elizalde, presidente de la Sociedad Rural Salteña, dejando en evidencia que quienes se benefician son los grandes empresarios del agronegocio, los mismos que vienen haciendo desmontes ilegales durante años. Greenpeace denunció que, desde 2007, se han desmontado 714 mil hectáreas (la mitad de manera ilegal), una cifra similar a la que se acaba de habilitar.
Esta organización, como otros grupos ambientalistas, denuncia que la nueva zonificación no respeta el principio de no regresión ambiental, al permitir el desmonte en zonas actualmente pintadas de rojo y amarillo, “algo prohibido por la normativa nacional”. Señalan además que “esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo Provincial”.
Salta: una torta que se reparte para pocos
Así piensan la provincia el gobernador y los grandes grupos económicos. Desde la aprobación del RIGI, que facilita judicialmente, impositivamente y otorga otros beneficios a los grandes grupos mineros nacionales e internacionales.
Con la actual ley de OTBN, se facilita la producción a gran escala del agronegocio para un puñado de empresas. Este camino refleja una provincia cuyo gobierno apuesta a un modelo de primarización de la economía, en el que se benefician los grandes grupos económicos de la minería, el tabaco, el agronegocio, el turismo y el sector vitivinícola.
La aprobación exprés de esta ley en la provincia evidencia las intenciones del gobierno provincial hacia la profundización del extractivismo. Buscan vender los recursos de la provincia al mejor postor, otorgándoles beneficios impositivos, como ya ocurre con el RIGI.
El mismo día que se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de OTBN, Javier Milei, aliado de Sáenz, firmó el decreto 1083/2024, que suspende la Ley 26.160 de emergencia contra los desalojos de las comunidades y pueblos originarios. Esto facilitará al Ejecutivo el desalojo de comunidades en función de los intereses de empresarios del agronegocio habilitando mayores facilidades para los desmontes en territorios de los pueblos.
Hay que cambiar las prioridades
El gobernador presentó el reordenamiento territorial acorde a los intereses de sus aliados empresarios del campo y la industria. “Salta es tierra de oportunidades, y el campo es una de las grandes fuentes de crecimiento. Mañana estaremos enviando el nuevo reordenamiento territorial de la provincia", anunció. “¿De qué nos sirve tener una gran reserva natural con gente muriendo de hambre? ¿De qué nos sirve la Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos debe?
Es falso el discurso del “efecto derrame”. La casta política de Salta, representada por el gobierno provincial, hace campaña para el beneficio de sus amigos, mientras miles de salteños viven bajo la línea de pobreza y con trabajos precarios.
Profundizar el modelo extractivista traerá consecuencias ambientales: sequías, inundaciones y disputas territoriales como las ya existentes con los pueblos y comunidades aborígenes. Este modelo continuará fomentando la precarización en el campo y en las fincas tabacaleras, donde los trabajadores enfrentan jornadas inhumanas. También se sumarán cientos de denuncias de trabajo semiesclavo en la provincia.
Invertir las prioridades significa que el pueblo trabajador, junto a las comunidades, pueda decidir sobre sus territorios. Sin leyes expresas e inconsultas, sino con procesos participativos que respondan a las necesidades sociales de la provincia. Sin permitir que los bienes naturales de la provincia queden para el negocio y el saqueo de unos pocos empresarios. | 
