Como demostraban las movilizaciones de la vivienda las pasadas semanas, que contaban con miles de participantes, una de las mayores preocupaciones de la juventud y de la clase trabajadora en general es el acceso a la vivienda que cada vez está más reservado a las grandes fortunas y tiende al oligopolio.

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El PSOE aprovecha esta preocupación para hacer falsas promesas y aparentar ser más de izquierdas que de lo que realmente es. Sánchez prometía que se crearía una empresa con la capacidad de construir y de administrar la vivienda pública que actualmente representa únicamente el 1% de las viviendas totales para habitar.

A pesar de esta declaración solo dos días después Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, aclaraba que esa empresa surgirá del SEPES, una entidad preexistente, que sería transformada y rehabilitada, aunque en un tiempo indeterminado, pero “inminente”.

La ministra declara que hay una cantidad amplia del suelo urbanizable en manos del Estado que podría servir para la construcción si se cuenta el SEPES, la Sareb y otras entidades. La idea general sería la utilización de vivienda previamente construida para transformarla en vivienda asequible, algo que ya se prometió en elecciones pero que seguimos esperando a que suceda.

Así mismo se promete la construcción de nueva vivienda asequible puesto que para la ministra el problema de la vivienda es que “estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta”. Por supuesto la ministra de vivienda pretende hacernos olvidar que más de un millón de viviendas están en manos de grandes poseedores que aumentan los precios artificialmente o que la Ley de Vivienda actual no ha servido para regular el mercado como prometía. Según su teoría cuanta más vivienda haya, sea pública o privada por su propia lógica, más bajará el precio, apestando todo esto a la burbuja del 2008.

El objetivo principal de esta nueva entidad es “construir en el menor tiempo posible […] un millón y medio de viviendas asequibles para concurrir, para estar en los estándares europeos de un parque público de vivienda asequible”. En general quiere hacernos creer a la clase trabajadora que el viejo cuento de la oferta y la demanda, de contribuir al juego del liberalismo que nos ha traído hasta aquí es lo que va a solucionarnos el problema de la vivienda.

“Lo que le digo a los españoles es que el Gobierno va a poner todos los recursos necesarios para hacerlo posible en el menor tiempo”. Así concluía las declaraciones la ministra, pero sin confrontar la realidad del parque de la vivienda.

Aun poniendo en conjunción todo el parque de la vivienda el Estado solo tiene a su disposición 300.000 pisos, frente a los cientos de miles de entidades como BlackRock, BBVA, Santander… con los que negocia el gobierno para que adquieran entidades como Naturgy o que continúa rescatando con dinero público.

La ministra se niega a afrontar que, invirtiendo millones en el entramado de la guerra, bajando o eliminando impuestos a las grandes empresas y manteniendo los beneficios multimillonarios de los empresarios será imposible no solo financiar la nueva empresa de vivienda sino tampoco la sanidad, la educación, la cultura… de los que el PSOE y el gobierno progresista hace tanta bandera.

Por último, la ministra niega la mayor -y en esto las dos legislaturas en acuerdo con todos sus miembros y partidos de gobierno han estado en sintonía-, que sin expropiar las grandes empresas constructoras y los grandes tenedores de vivienda esta medida como cualquier otra seguirá siendo un parche que en la práctica solo será realidad para sectores reducidos de los afectados por el problema de la vivienda.