En una movilización por el centro de Santiago y luego en el día internacional de los derechos humanos, 10 de diciembre, se presentó un proyecto de Ley de Reparación Integral para víctimas de la represión durante la revuelta, encabezado por Fabiola Campillay junto a decena de organismos de derechos humanos históricos y de la revuelta (tales como la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), entre otras).

El proyecto plantea centralmente una propuesta de reparación integral para las víctimas, considerando a estas como “toda persona que hubiere sufrido violencia sexual, tortura o apremios ilegítimos, lesiones graves o menos graves, mutilaciones o castraciones” e incluídos quienes fueron asesinados, estando participando o no en las protestas.

El proyecto establece la medida de una pensión económica para las víctimas, así como la responsabilidad del Estado para aplicar un “conjunto de medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva”. Esto, junto a un plan de salud integral, tanto física como mental, que incluirá a las víctimas como también a sus familiares directos: “padres, las madres, los cónyuges y a los hijos”.

A su vez establece medidas como un sitio de memoria para conmemorar a las víctimas, establecer el 18 de octubre como una fecha oficial de recuerdo y homenaje a las víctimas, entre otras medidas.

Este proyecto nació desde la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, compuesta por diferentes organizaciones de derechos humanos históricas y de la revuelta, personalidades, estudiantes de derecho, abogados y otros.

El hecho de que se presente una Ley de Reparación en el marco de que la gran mayoría del sistema político tradicional, partidos de la derecha e incluído el oficialismo, la prensa tradicional y los dueños del país están intentando reescribir la historia en un verdadero ejercicio del más brutal negacionismo, significa un verdadero aporte a la lucha por la memoria, por justicia y por verdad en los casos de víctimas de la represión.

Abrir esta discusión es un avance fundamental, considerando el enorme abandono que ha hecho el Estado con las víctimas de la represión y sus familias, la falta de justicia en la gran mayoría de los casos (más del 95% se encuentran sin condenas), donde se ha llegado al extremo de que víctimas de traumas oculares han decidido quitarse su propia vida, como ocurrió con Jorge Salvo y más recientemente Sebastián Méndez.

En ese sentido, el proyecto tiene varios aspectos progresivos como plantear la necesidad de reparación material y también en materia de salud integral, tanto para víctimas como familiares.

Por otro lado, el proyecto integra un plazo amplio de tiempo para considerar a las víctimas, lo que también es algo importante, ya que integrará casos y víctimas comprendidos entre el día 7 de octubre del 2019 hasta el 11 de marzo del 2022. Independientemente de que, de todas maneras la represión del Estado no se puede circunscribir tan sólo a un periodo determinado de tiempo, y que el Estado capitalista chileno post dictadura a utilizado la represión en su amplio sentido para resguardar el legado de Pinochet y la transición pactada con todas sus consecuencias.

Ahora bien, es importante considerar que ninguna medida favorable saldrá del Congreso nacional donde los parlamentarios de la derecha harán todo lo posible para evitar cualquier avance en reparación a las víctimas (como ya se vio en el caso de los indultos), y donde los diputados y senadores del oficialismo no se han quedado atrás en criminalizar la protesta con leyes represivas como la Naín Retamal, en negar la revuelta y en mantener la impunidad en materia de memoria y de reparación.

Lo mismo ocurre en el caso de la justicia, donde jueces y fiscales han jugado un papel miserable, abonando a la impunidad, cerrando investigaciones como están buscando hacer con el caso de Álex Núñez asesinado por carabineros de la 25va comisaría de Maipú y tantos otros casos. Y que han fomentado la impunidad en otros casos de violencia policial como ocurrió con el cierre de la investigación del caso de Maximiliano y Tomás, un caso de gatillo fácil amparado por la ley Naín Retamal ocurrido en la población Juan Antonio Ríos, donde el funcionario policial asesino quedó impune por ahora.

Y para qué hablar del gobierno, que no ha cumplido su propio programa que integraba una ley de reparación, que se ha dado vuelta la chaqueta y ha negado su propia campaña electoral.

Cualquier medida favorable, cualquier proyecto de reparación, se conquistará con la más amplia campaña democrática y movilizadora, donde se comprometan organismos de derechos humanos, familiares, organizaciones de izquierda, organismos sindicales, estudiantiles y pobladores, en un gran frente común por una ley de reparación, por justicia y verdad. No puede haber ni la más mínima confianza en que la institucionalidad ni el Estado entregarán nada.

Y precisamente ahí se encuentra el principal punto débil del proyecto de ley presentado, ya que propone la constitución de una Comisión de Verdad y Reparación para las Víctimas de la Revuelta Popular, integrada por siete miembros, de los cuales tan sólo dos serán designados por los organismos de derechos humanos, y una mayoría de cinco miembros serán designados directamente por el Presidente de la República.

Esta comisión es fundamental, ya que es la que se encargará, en el plazo de un año, de definir “un procedimiento de calificación de las víctimas”; el monto y forma de pago de la pensión para las víctimas; e “identificará los lugares donde se produjeron las violaciones a los Derechos Humanos para instalar hitos de memoria”.

Es decir, es una comisión fundamental para definir “oficialmente” quiénes podrán recibir la reparación y determinar entonces quiénes serán consideradas víctimas. Entonces, es un contrasentido que teniendo aspectos tan progresivos como la reparación, el plazo integrado y las medidas de salud, se deje en manos de funcionarios designados por un presidente que, en caso de ser antes de las próximas elecciones, ha demostrado ser también cómplice de mantener la impunidad.

Para avanzar en esa perspectiva es necesario disputar la más profunda independencia de las figuras del Estado capitalista, con figuras como una Comisión Independiente Investigadora, que no esté sometida a los poderes reales ni al Estado que ha sido el que ha violado los derechos humanos, que sea compuesta exclusivamente por profesionales de probada carrera en materias antirepresivas y de derechos humanos, designados de forma íntegra por las organizaciones de derechos humanos de víctimas de la revuelta e históricas y por miembros de estos mismos organismos. Una Comisión Independiente que tenga total potestad para exigir que el Estado se encargue de la reparación según los lineamientos que la propia comisión, de manera independiente y autónoma, pueda definir.

Otros cuestionamientos realizados al proyecto de ley son que no contempla a los presos políticos de la revuelta como víctimas, aunque los menciona al inicio del proyecto y plantea que serán considerados en otro proyecto de ley.

Es fundamental que todas las organizaciones de derechos humanos, históricas y actuales, que las organizaciones políticas de la izquierda, que organismos sindicales, estudiantiles, populares y de toda índole, puedan ser parte de esta discusión para fortalecer una exigencia de reparación, para luchar por la máxima independencia ante el Estado y para conquistar una ley de reparación integral conquistada mediante la más amplia campaña y movilización, pasos fundamentales para combatir la impunidad, por memoria, justicia y verdad.