La Policía Federal de Brasil detuvo este sábado al general retirado Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, por obstrucción a la Justicia en el caso que investiga el intento de golpe de Estado para evitar la asunción del actual presidente Lula da Silva, durante los acontecimiento que tuvieron lugar entre fines de 2022 y principios de 2023.
Braga Netto fue detenido en su residencia en Río de Janeiro y puesto a disposición del Comando Militar del Este del Ejército. Además, se dictaron dos órdenes de registro e incautación de pruebas y una medida cautelar contra otro de los investigados, que tampoco fue identificado.
Braga Netto ha sido señalado por una investigación que lleva adelante la Policía como una de las personas que planificó junto a Bolsonaro la trama montada para intentar impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023.
En los planes desvelados por la Policía se incluye la preparación de un posible intento de asesinato de Lula, su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y del juez Alexandre de Moraes, miembro de Supremo Tribunal Federal, que en esa época ejercía como presidente del Tribunal Electoral.
El 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula, algunos miles de simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo, causando destrozos, en un intento de forzar un golpe de Estado con llamados abiertos a la actuación de los militares.
Si bien, el Tribunal Supremo ha condenado a cientos de personas por esa intentona por cargos como golpe de Estado y abolición violenta del estado de Derecho, la justicia brasileña cumplió un rol fundamental en la trama golpista contra Dilma Rousseff, el apoyo al Gobierno de Temer y luego el de Bolsonaro, que contó con un peso de los militares como nunca desde el fin de la dictadura.
No es un caso aislado
Braga Netto no solo es responsable por los hechos de la investigación actual sino que está vinculado a gran parte de la política más reaccionaria del país en los últimos años, como la Intervención Federal en Río de Janeiro, donde fue asesinada Marielle Franco. Él fue quien eligió como jefe de la Policía Civil a Rivaldo Barbosa, quien se encuentra en prisión por su participación en el asesinato de Marielle y su chofer Anderson.
El hecho de que sea la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas que un general de cuatro estrellas sea detenido, es en sí mismo un símbolo de la impunidad histórica de la que gozan los militares en el país. Por eso Braga Netto y tantos otros militares y policías participaron en complots golpistas con Bolsonaro y en tantos otros momentos de la historia brasileña. El general quedará bajo custodia del propio ejército, y figuras como el reaccionario general retirado del Ejército y vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, se apresuraron a defenderlo.
Braga Netto no es un "caso aislado" de unas Fuerzas Armadas "democráticas". Expresa lo que es el Alto Mando de esta institución, que históricamente ha estado al servicio de los empresarios y tuvo un papel reaccionario a lo largo de la historia, y que una vez más decidió asumir un papel protagónico en la política nacional tras el golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff.
Por otra parte, el poder judicial también alentó el golpe institucional de 2016 y luego el regreso de los militares redoblando su peso en la política. De la misma manera son quienes históricamente sostienen la impunidad de los militares.
De hecho en la investigación actual, la justicia no parece querer ir más allá de un sector reducido, y en algún caso consideran, como mucho, responsabilizar a Bolsonaro y castigar a algunos de su clan para salvar a la institución militar en su conjunto. Esto lo hacen con el visto bueno del actual Gobierno. En la propia administración de Lula, el ministro de Defensa, José Múcio, no sólo ha sido un aliado de los militares desde los días de Arena, el partido de la dictadura, sino que también había acogido con agrado las manifestaciones bolsonaristas en los cuarteles como "manifestaciones de democracia".
Como señalan desde Esquerda Diário, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario en Brasil, "Debemos pelear para imponer el castigo a todos los militares y civiles que planearon las acciones golpistas, sin ninguna confianza en el poder judicial que aprobó la llegada de estos militares al poder. Junto a esto, tenemos que luchar contra todo lo que mantiene el poder militar en Brasil, empezando por el artículo 142 [que permitiría la intervención militar directa], el fin de la amnistía para los militares y también el fin de los tribunales militares y los innumerables privilegios materiales de los cuarteles, todo lo cual el poder judicial querrá mantener intacto. Construir esta batalla es la única manera de atacar la impunidad de las fuerzas militares y policiales, rompiendo con el pacto que la sustenta desde las instituciones de este régimen, defendiendo además el juicio y sanción contra todos los responsables civiles y militares de crímenes de Estado durante el régimen militar, que Lula intentó borrar en el 60º aniversario del golpe. Todas las grandes empresas vinculadas al bolsonarismo, que financiaron sus acciones, deben ser expropiadas y nacionalizadas bajo control obrero, empezando por las del agronegocio, con una reforma agraria radical". | 
