Una columna de opinión publicada el lunes 9 de diciembre en el Mercurio de Antofagasta llamó mi atención. El sociólogo, ex militante del Frente Amplio y ex docente de la Universidad de Antofagasta, Cesar Trabucco, se pronunció sobre lo que ve como el epicentro de la crisis de las Universidades en Chile.

Partiendo de la privatización de las universidades en occidente, y particularmente en Chile en 1981, afirma que la indefensión de los “clientes" de la educación es producto de la falta de control del mercado, donde los privados se mueven con soltura, mientras las instituciones públicas no. Y según Trabucco eso ha empujado a la “decisión estratégica” de administrar gerencialmente las Universidades públicas, para manejar presupuestos insuficientes que deben ser subsidiados por otros organismos del Estado, como los GORE.

“La crisis no será resuelta mientras el sistema no se sincere”, afirma Trabucco y que eso no va a ocurrir sin alguien que lo impulse, sin una fuerza política que se lo proponga. Desnudando parcialmente el rol que ha cumplido el gobierno abandonando la educación pública, dando continuidad al mercado educativo, y “que en cambio contempla el derrumbamiento del sistema educativo”. Aunque la verdad es que el rol de Boric y Cataldo no es exactamente pasivo en esta crisis.

Si bien hay mucho de cierto, los presupuestos son insuficientes (por ejemplo en Antofagasta la UA recibe un monto mucho menor que la privada UCN), en ese análisis faltan los motivos, el porqué ocurre esto: el mercado de la educación en Chile. Donde el financiamiento no es íntegro a las necesidades educativas, sino a través de subvenciones por las cuales se compite, según los requisitos de la acreditación, el desarrollo de investigación, entre otros ítems. Eso vuelve inalcanzable para instituciones con menos recursos conquistar esos financiamientos.

Por otra parte esa administración gerencial, empresarial, de la cual son parte los rectores, ubica al profesorado como un recurso humano, lleva a la mercantilización de la investigación. Y ahí, para “moverse con más soltura” en la competencia del mercado, entran en acción las decisiones autoritarias, donde quienes primero pierden son las y los docentes, funcionarios, estudiantes y sus familias.

Los grandes ganadores son los bancos, que negocian créditos tanto con estudiantes, como con las universidades y el Estado. Tanto así que ya en 2023 CIPER informaba de los graves déficit financieros de Universidades como la de Aysén, sobre los 91 mil millones que en buena parte se relacionaba con el endeudamiento con la banca, que pasó de ser el 28,7% de los activos en 2015 al 44,7% en 2020. Y claro, en la Universidad de Antofagasta ya se había dado a conocer la licitación de una deuda con la banca de 28 mil millones durante el primer semestre de 2024.

Por otro lado, el escándalo de los 17 millones de sueldos de Cubillos muestra otra de las grandes ganadoras: las universidades privadas. Según un informe de la Contraloría General de la República, en 2022 el financiamiento público a los centros privados fue del 26,9% del total del presupuesto de la educación superior. Por lo tanto, sin entrar a cuestionar el enorme negocio educativo, se ve el problema de forma aislada.

Pero no siempre ha sido así, el movimiento estudiantil en 2011, salió a denunciar el lucro y exigió una educación pública, gratuita y de calidad, sumando la simpatía de amplios sectores de la población. En todo caso no es sorpresa que esas lecciones hayan sido enterradas bajo la farsa de la beca de gratuidad que Boric, Vallejos y Jackson negociaron con Bachelet en esos años, hundiendo la demanda por una verdadera transformación de la educación superior.

Sin contar con que en dicha negociación no hubo cabida al progresivo cuestionamiento que hizo el movimiento estudiantil al autoritarismo, discutiendo otras formas de gestión más democráticas y públicas, y que las decisiones se tomarán triestamentalmente. Por ejemplo, un cogobierno de estudiantes, funcionarios y académicos, podría discutir y decidir cómo enfrentar el déficit y ajustar los grotescos sueldos de las autoridades universitarias.

Sin entrar en esas causas queda oculto lo sistemático, histórico y nacional de la crisis, que hoy se expresa en once instituciones de educación superior con millonarias deudas que están cortando por el hilo más fino. Son 223 despidos en Antofagasta, otros 230 en Temuco y otras decenas más en Arica y Magallanes. Y acá no solo es una cuestión de mala gestión, la recomendación para enfrentar la crisis con despidos, fue emitida por la Superintendencia de Educación del ministro Cataldo (PC).

El Gobierno de Boric no es pasivo ante el conflicto, por el contrario, fue el factor de ajuste a la medida del mercado educativo.

Por otra parte, no mirar el escenario nacional, impide ver el rol que podrían cumplir las y los estudiantes como protagonistas de la defensa de la educación pública, y por lo tanto, de los puestos de trabajo de sus docentes en las tomas de la UA y la UFRO. Como si no existieran en la ecuación.

Para poder conquistar las demandas de reincorporación plena de la planta docente “no regular”, que cumplía todas las funciones regulares, y no continuar esperando que el Gobierno cumpla con sus falsas promesas, es urgente comenzar por apoyar las fuerzas estudiantiles movilizadas.

Y así poder avanzar en una perspectiva de defensa y transformación radical de la educación pública, una lucha contra el negocio que disfrutan los amigos de Chadwick en la Universidad San Sebastián, los rectores que siguen subiendo los sueldos y viajando al extranjero mientras endeudan con bancos a las instituciones públicas, una lucha por una universidad donde la voz de estudiantes, trabajadores, funcionarios y el pueblo trabajador pueda ser oída.