El pasado viernes, en un acto celebrado en la sede de la Unidad Regional VI, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente Jorge Berti y el senador Germán Giacomino, firmó un convenio para implementar una “Intervención Barrial Focalizada” en Las Chapitas. El barrio, marcado desde sus inicios por la estigmatización y la exclusión, vuelve a ser el escenario de medidas que priorizan la presencia policial y judicial por encima de las políticas sociales reales.
Según Pullaro, el plan busca reducir la violencia con un esquema que combina acciones “duras” del Estado —presencia policial e investigaciones criminales— con un supuesto refuerzo de áreas sociales como salud, educación y desarrollo. Pero lo cierto es que estas visitas se realizan sin aviso previo, lo que revela la necesidad del gobernador de evitar un rechazo abierto de docentes, vecinos y organizaciones sociales.
Un barrio estigmatizado desde su constitución
Las Chapitas, como muchos otros barrios de la ciudad con más desocupación del país, ha sido históricamente blanco de prejuicios mediáticos y gubernamentales, tratados como territorios de “riesgo” y no como comunidades con necesidades estructurales desatendidas. La “intervención” anunciada entre cuatro paredes, alejada de las y los vecinos del barrio, quienes no fueron convocados a participar ni informados de las medidas que se aplicarán, no es más que la profundización de un enfoque securitario que criminaliza a las familias trabajadoras, en lugar de garantizar condiciones de vida dignas, empleo genuino y educación de calidad.
A diario, las docentes de estas comunidades enfrentan una realidad que trasciende lo pedagógico: niñas y niños que llegan a las aulas sin haber comido bien, sin un descanso adecuado y con las marcas de la pobreza estructural que atraviesa sus vidas. Las escuelas se convierten en espacios donde estas problemáticas se centralizan y se visibilizan, mientras el Estado cumple su rol de más presente que nunca para arrebatarnos derechos y atacarnos. Son las docentes quienes sostienen, con su trabajo y compromiso, el tejido social roto por la desocupación y el abandono estatal, desafiando a diario los estigmas que se imponen sobre los barrios y sus habitantes.
El intendente Jorge Berti se alinea con el gobierno provincial, permitiendo intervenciones que no responden a las verdaderas necesidades de los barrios. Berti, no puede mirar hacia otro lado ni justificar medidas que solo traen más control policial y abandono estructural.
Es el mismo intendente que vimos "llorar" por la partida de Gendarmería, como si la militarización fuera la única respuesta a los problemas de la ciudad. Hoy, en lugar de plantarse ante Pullaro y exigir políticas que garanticen empleo, educación y acceso a derechos básicos, entrega a Las Chapitas a una intervención que perpetúa la violencia social. Berti debe asumir su la responsabilidad política que es garantizar que en la ciudad haya empleo genuino y de calidad y no ceder ante las presiones de Acindar. Son cientos de trabajadores que no ingresaron a cubrir vacaciones, que fueron discontinuados sus contratos o directamente despedidos. Las negociaciones con el gobernador tienen que estar en esa línea.
Pullaro: el “boxeador contra las docentes”
La presencia del gobernador tampoco fue anunciada a la comunidad educativa, donde la figura de Pullaro genera un fuerte rechazo por los durísimos ataques a la docencia, la reforma previsional que impulsó Giacomino y fue votada escandalosamente con detenidos a los que les abrieron causas y peleamos por el cierre de las mismas. Su política de ataque a los derechos laborales docentes, lo ha convertido en una persona non grata para las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
Durante su discurso, Pullaro no dudó en culpar a los gremios, en especial a AMSAFE, por los conflictos que surgieron a raíz de sus medidas de ajuste: “Nosotros entendíamos que los paros se tenían que terminar en Santa Fe porque los chicos no pueden ser rehenes”. Sin embargo, el gobernador omite mencionar las condiciones laborales de precarización y salarios de pobreza que enfrenta el sector educativo.
Mientras Pullaro busca instalar una narrativa de eficiencia y autoridad, las docentes denuncian un ataque directo contra la educación pública y los derechos conquistados. Con la excusa de asegurar los días de clase, el gobierno ha invisibilizado el reclamo legítimo por mejores salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender.
La intervención en Las Chapitas y las políticas hacia el sector educativo dejan en evidencia el perfil de un gobernador que, al estilo de un “boxeador”, golpea de manera sistemática a los sectores más vulnerables y a quienes defienden sus derechos. Pullaro y Giacomino actúan en territorio sin aviso, temerosos del rechazo de las trabajadoras y trabajadores que no olvidan ni perdonan el ajuste.
Las Chapitas no necesita intervenciones policiales; necesita trabajo, salud y educación pública. Y quienes gobiernan deberán enfrentar el escrache social si siguen ignorando estas demandas. No se metan más con nuestros estudiantes y sus familias.
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