La aparición más destacada de la lucha de los trabajadores de la educación, fue durante las movilizaciones nacionales de agosto y septiembre de 2013. El 13 de septiembre de ese año, el plantón que miembros de la CNTE mantenían en el Zócalo de la Ciudad de México fue brutalmente desalojado por la policía capitalina, lo que causó una fuerte indignación y una serie de movimientos, como paros en las universidades en apoyo a los combativos maestros.
Sin embargo, la falta de una política por parte de la dirección de la CNTE para desarrollar la organización desde las bases e impulsar la unidad de las filas magisteriales, así como el abandono de la lucha de los maestros por parte de los sindicatos que se reclaman opositores y democráticos, como los agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), causó que el movimiento se mermara. Aquí, el problema estratégico estribó en privilegiar la búsqueda de la negociación, utilizando para ello la movilización como método de presión, en lugar de desarrollar el movimiento hasta generar una relación de fuerzas favorable para imponer la abrogación de la reforma.
Pero la aparición de las grandes masas en las calles repudiando los asesinatos y las desapariciones de Iguala ocurridas los días 26 y 27 de septiembre de 2014 dieron un nuevo aliento a la lucha de los maestros de la CNTE, así como de amplios sectores de la juventud y de sindicatos de izquierda, alzando las consignas de ¡Fuera Peña! y ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Paro sin contundencia esperada
A pesar del retroceso de las movilizaciones masivas por Ayotzinapa, el gobierno, los partidos y las instituciones del régimen continúan arrastrando una profunda falta de legitimidad, lo que se ha traducido en una política de autoritarismo y represión. Ante la dureza del ataque contra el magisterio y la educación pública, los días 12 y 13 de septiembre se realizó la II Convención Nacional Magisterial en el edificio de la Sección 9 de la CNTE. Entre los principales resolutivos se convocó a un paro nacional para el 12 de octubre pasado, el cual tenía que mostrar la fuerza unificada del sector educativo en México en contra de la precarización del empleo y de la educación.
Lamentablemente, el paro no fue preparado adecuadamente, y aunque en algunos estados hubo una participación importante no tuvo la contundencia esperada. Por un lado, no se aprovecharon todos los medios al alcance de la CNTE para preparar el paro, mediante el impulso amplio de asambleas por escuela para que desde las bases se discutiera democráticamente y se garantizara esta medida de lucha. Por otro lado, como ocurrió en 2013, los sindicatos que se reclaman opositores se limitaron a apoyar en el discurso, y aquellos que participaron en la II Convención Magisterial no prepararon el paro en sus sindicatos, contentándose con enviar delegaciones representativas a la marcha del 12 de octubre.
La apuesta del gobierno es la imposición de la reforma a toda costa
El gobierno ha lanzado un fuerte despliegue represivo para atacar las luchas. Como ocurrió en la madrugada del 18 de octubre en contra de las Secciones 7 y 40 de Chiapas, quienes luchaban en repudio de las evaluaciones diagnósticas; o con los 291 maestros despedidos como excusa de no presentar dichas evaluaciones.
En los últimos meses, la respuesta del Estado en contra del sector educativo ha ido desde la extinción del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, las órdenes de aprehensión y denuncias penales levantadas en contra de maestros de la Sección 22, así como denuncias en contra de maestros de la Sección 9 en el D.F., la militarización del Estado de Oaxaca y la intromisión de gendarmes en las escuelas, hasta el asesinato de dos maestros de la Sección 22.
Las amenazas del actual secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, de descontar el salario de los maestros que se ausenten de su trabajo y el despido de quienes falten tres veces en un mismo mes o de quienes se nieguen a presentar la evaluación impuesta por la reforma educativa, criminaliza la lucha y desconoce el derecho de huelga a tono con la normalidad mínima del Acuerdo 717, que establece como punto principal que “todas las escuelas y todos los docentes deben brindar servicio todos los días del ciclo escolar”, además de que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 69 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, los amparos como herramienta de defensa de los trabajadores de la educación ante despidos injustos, es improcedente.
Además, el recorte al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los anunciados bonos de infraestructura escolar, hunden en la privatización a la educación en México.
También a las escuelas normales les toca enfrentarse a la reforma educativa que pretende liquidarlas.
El gobierno, apoyado por las fuerzas represivas, no pretende dialogar a ninguna costa con los maestros sino que quiere imponer por vía de la fuerza las reformas estructurales. En este sentido es indispensable luchar por la disolución de las fuerzas represivas del Estado que atentan contra las libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a la libre asociación con fines políticos.
Respuesta de los maestros a la altura del ataque
Aurelio Nuño ha marcado un ultimátum a los maestros para presentar las evidencias a más tardar el 31 de octubre, de lo contrario, la amenaza es el despido por negarse a “colaborar”. El paro unificado sigue siendo el arma más poderosa en manos de los maestros, acompañado de la movilización en las calles, exigiendo la anulación de la reforma educativa, luchando codo a codo con los sectores de la población que levantan como bandera la aparición con vida de los 43 normalistas, repudiando la criminalización y represión de la protesta, así como los crímenes que han dejado cifras incontables de muertos, desaparecidos, víctimas de trata, de secuestros, violaciones y feminicidios que expresan la degeneración barbárica del régimen y el Estado capitalista semicolonial que persiste en México.
Para preparar una respuesta a la altura del ataque, es necesario que la CNTE tome en sus manos la tarea de impulsar la autoorganización magisterial desde las escuelas, llamando a asambleas en donde se puedan discutir democráticamente los pasos a seguir. Allí deberían elegirse delegados rotativos, revocables y con mandato de base para nutrir un gran Encuentro Nacional de Trabajadores de la Educación donde se resuelva un programa y un plan de lucha unificado; poniendo ejemplo de unidad con un llamado al Comité Ejecutivo Nacional Democrático y a todos los sectores de la disidencia magisterial a hacerse parte, así como a todos los sindicatos que participaron en la II Convención Magisterial.
Además, en vista de aprovechar el lazo político que estableció la lucha por Ayotzinapa, desde la que se levantó el Frente Amplio Radical (FAR), consideramos que éste debe incorporar entre sus principales ejes políticos la solidaridad activa con la CNTE y todo el magisterio en lucha. Exigiendo al mismo tiempo el aumento al presupuesto para educación y cultura, para la salud y el campo, basado en el recorte al presupuesto de altos funcionarios: ¡qué todo funcionario y legislador gane lo mismo que una maestra!, en el no pago de la deuda externa y en la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Con información de Excélsior y Expreso. | 
