Este viernes los judiciales se movilizan al TSJ, mientras que el 30 de diciembre realizarán un paro de 24 horas. El resto de los días hábiles realizarán quite de colaboración. El jueves una importante asamblea de Sejun rechazó la última propuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La misma consistía en dos bonos pagaderos en diciembre y febrero, y continuar la negociación en febrero.
La oferta fue considerada una provocación, por repetir los términos de la propuesta realizada en el mes de noviembre, por condicionar el cobro del bono al levantamiento de las medidas y por amenazar con nuevos descuentos. En el mes de octubre, en el contexto de un conflicto por la aplicación parcial del Convenio Colectivo de Trabajo, el TSJ realizó importantes descuentos de hasta el 50% del salario de los empleados y empleadas judiciales.
La propuesta fue rechazada por escaso margen, a pesar de que la conducción impulsó su aceptación. Cabe recordar que las y los judiciales, al igual que el resto de los sindicatos del sector público provincial, percibieron un recorte salarial en el mes de enero. Ese mes, en el cual la inflación en la provincia alcanzó el 24,5%, los salarios, por política del gobierno provincial, se congelaron. Este ajuste en los salarios se complementó con el aumento en los aportes personales al ISSN del 6%. La pérdida de poder adquisitivo del salario fue de un 25% de un mes al siguiente. En ese contexto, las actualizaciones por IPC que proponen continuar durante 2025, no sólo no recuperaron esa pérdida salarial, sino que la empeoraron: la canasta de consumos no pondera correctamente los incrementos inéditos en las tarifas de servicios públicos, alquileres, etc.
Si el TSJ y el gobierno provincial no ofrecen una recomposición salarial, no es porque en la provincia no haya plata. Por el contrario, el presupuesto 2025 prevé un superávit corriente de 1,4 billones de pesos ($1.400.000.000.000). La decisión política es consolidar el ajuste, mientras crecen la pobreza, la indigencia y la desigualdad.
Las asambleas votaron en distintas oportunidades una recomposición salarial diferenciada, para que un eventual incremento no favorezca los salarios de privilegio de los magistrados y funcionarios. Los vocales del TSJ, por caso la presidenta Gennari, cobran más de $13 millones. Es decir, más de 10 veces lo que cobra un empleado o empleada al ingresar. Entre el sueldo y el aguinaldo, este mes embolsaron más de $20 millones. Además, cuentan con otros privilegios como camionetas 4x4 con choferes a su entera disposición.
El malestar entre los empleados y empleadas judiciales se explica tanto por la consolidación del ajuste salarial, como por la dilación de la respuesta al reclamo de la implementación de los títulos del CCT. Es necesario recordar que esos títulos fueron aprobados por ambas partes (el Sindicato y el Tribunal) un año y tres meses atrás. Para desactivar el conflicto, el TSJ tuvo que reabrir la mesa de negociación, pero al día de hoy, habiendo transcurrido más de un mes y tres reuniones, no dio ninguna respuesta concreta a los reclamos que motivaron las medidas de fuerza |
