Desde el año 2008, Estados Unidos y México acordaron la llamada iniciativa Mérida, con la cual el vecino del norte se comprometió a otorgar 2.3 millones de dólares para financiar la llamada guerra contra el narcotráfico. Este financiamiento contempla compra de equipo de combate, incluyendo helicópteros y sensores fronterizos, además de programas de capacitación para miles de miembros de las fuerzas del Estado mexicano.
De acuerdo a las declaraciones del Departamento de Estado estadounidense el 15% del presupuesto destinado a este apoyo está sujeto a la aprobación del Congreso de dicho país, que lo otorga un informe del “avance en materia de derechos humanos”, incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
A un año de la crisis abierta para el régimen mexicano, producto de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas en la “noche de Iguala”, el cuestionamiento al gobierno y las instituciones de seguridad no se ha apagado.
El crimen de Iguala evidenció la participación del ejército, la policía municipal, estatal y federal en asociación con el crimen organizado para la tortura, desaparición y el asesinato extrajudicial de personas en todo el país, empalmando con crímenes como el de Tanhuatos, Tlatlaya y Ostula, entre muchos otros, además mostró la complicidad de las instituciones de justicia para perpetuar la impunidad de los responsables.
Después del 26 de septiembre del 2014 el gobierno de Peña Nieto fue blanco de la indignación de cientos de miles de personas que protestaban, a nivel nacional e internacional, causando incluso el cuestionamiento de organismos internacionales de derechos humanos respecto a las acciones del ejército y la policía mexicana.
Según el Departamento de Estado durante el año fiscal 2014, la iniciativa Mérida recibió 195 millones de dólares, este año asignó 148 millones de dólares. Este año el 15% bloqueado, que de acuerdo a las declaraciones se destinará para el combate a la producción de cocaína en Perú, corresponde a cinco millones de dólares.
Iniciativa Mérida: garantía de la subordinación
Aunque hoy el Departamento de Estado pretenda establecer una “reprimenda” por los escándalos mexicanos con respecto a la violación a los derechos humanos, el plan Mérida ha sido fundamental para la defensa de los intereses del país del norte. Estos acuerdos y planes afectan fuertemente, también, a Centroamérica.
En primer lugar le ha permitido aumentar su injerencia en materia de seguridad en México, siendo un pilar en la política de militarización del país, que a la par de aumentar la violencia ha garantizado la represión a los luchadores sociales y los pueblos en resistencia contra el despojo, mientras los niveles de explotación aumentan.
Además ha sido fundamental para la persecución a los migrantes centroamericanos y mexicanos, que sufren los efectos de la militarización de la frontera.
Mientras la iniciativa Mérida se justifica para combatir el tráfico de drogas, de armas y de personas, Estados Unidos es el principal proveedor de armamento a México de manera legal o ilegal.
La revista Proceso publicó en marzo de este año una investigación que establece que en menos de un año el gobierno de Peña Nieto compró a Estados Unidos equipo bélico por más de mil 300 millones de dólares, por fuera de la iniciativa Mérida.
Según las declaraciones de Gortney al Senado, realizadas el pasado 12 de marzo, esto incluye “Un paquete de helicópteros UH-60 y vehículos terrestres de movilidad para propósitos múltiples (VTMPM) con un valor total de más de mil millones de dólares, lo que representó un aumento de 100 millones de dólares en compras realizadas en años anteriores”.La militarización del país, en torno a la iniciativa Mérida y por fuera de ella ha sido un negocio redondo para la política y la economía estadounidense.
Ante el “castigo” del país imperialista hacia el gobierno de Peña Nieto, éste ha subestimado el recorte y cínicamente, buscando tapar la crisis en la que se encuentra su estrategia de seguridad, se ha limitado a declarar que "rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".
La iniciativa Mérida es la traducción del aumento de subordinación al imperialismo para implementar sus planes de seguridad y es fundamental para explicar el desarrollo de la llamada guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 200 mil muertos, 25 mil desaparecidos y 50 mil desplazados en México. La opresión imperialista sobre el país es la principal causa del ataque a las libertades democráticas y los derechos humanos, realizado por el gobierno de Peña Nieto -y sus antecesores- y el régimen de la democracia asesina del PRI-PAN-PRD.
Por eso, es fundamental luchar contra la injerencia de Estados Unidos, por la ruptura de todos los pactos y acuerdos que nos atan y subordinan a Washington -como la Iniciativa Mérida, el TLC y el Acuerdo Transpacífico, y por el no pago de la deuda externa. | 
