El total de hectáreas que serán restituidas a las comunidades rarámuris es de mil 475 en el caso de Guasachique y en el de Repechique de 693 hectáreas.

Sin embargo, dicha restitución no es producto de un acto de buena voluntad del gobierno federal, sino que es producto de un proceso de lucha agrarista indígena que data, cuando menos, de la década de los 60’s del siglo pasado.

La región donde se encuentran ambas comunidades ha sido dominada históricamente por caciques terratenientes y, más recientemente, por empresas mineras nacionales y transnacionales. Los tres han empleado violencia brutal para acaparar las tierras y los bienes naturales de la región.

Desde el 2007 a la fecha esas expresiones de violencia han adquirido cada vez más rasgos de paramilitarismo en el marco de la aparición de organizaciones criminales que surgen al amparo de los gobiernos estatales y federal y se ponen al servicio de intereses del gran capital en la región como estructuras coercitivas paralelas al Estado.

Mientras se le ha arrebatado al Estado Mexicano estas restituciones de tierra, hay muchísimas concesiones mineras que se mantienen vigentes. La cantidad de poco más de dos decenas de millones de hectáreas del total de las concesiones en el país equivalen a la superficie del Estado de Chihuahua.

La propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que el área de estas concesiones es de un 8.59% del total del territorio nacional mediante 24 mil 066 autorizaciones mineras que están vigentes.

Según un informe hecho por investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, durante el primer y segundo años de vigencia, las mineras deben pagar por sus concesiones solamente $8.63 pesos por hectárea. Para el tercer y cuarto años el pago es de apenas $12.91 pesos, y en el quinto y sexto año se eleva raquíticamente a $26.68 pesos. En cuanto al séptimo y octavo año, el pago de derechos por hectárea tiene un aumento a solo $53.66 pesos; y en el noveno y décimo años llega a 1$07.32; a partir del décimo año, el monto se mantiene en $188.86 pesos por hectárea.

Es decir, lo que las empresas mineras pagan es entre $8.63 pesos a un máximo de $188.86 pesos por hectárea, dejando una estela de contaminación y violencia a su paso, a la vez que obtienen jugosas ganancias que ascienden a miles de millones de pesos.

Todo proceso de restitución y dotación de tierras que se logra no es producto de la caridad o la buena voluntad de los gobiernos, sino que son el resultado de procesos de lucha en los cuales las comunidades indígenas y el campesinado pobre logra que se impongan dichas medidas en beneficio colectivo.

Para avanzar en ello es necesario una potente organización anticapitalista de masas, políticamente independiente respecto a todos los partidos del régimen, e impulsada por sectores no solo del campo, sino también en alianza con sectores populares, pobres urbanos y movimientos ambientalistas.