En Chile, los incendios forestales se han vuelto recurrentes, repitiéndose cada año. Las condiciones derivadas del calentamiento global, como los vientos más fuertes, las altas temperaturas, las olas de calor y los períodos de sequía prolongados, están contribuyendo a la mayor velocidad de propagación de los fuegos. La disminución de las precipitaciones hace que la vegetación se seque, lo que la convierte en un combustible más fácil de prender. Además, el viento acelera la propagación del fuego a través del territorio.

Sin embargo, uno de los principales factores que está detrás de la magnitud de los incendios en Chile es el tipo de "combustible" que se encuentra en el terreno. Las plantaciones forestales, en particular aquellas que no son de especies nativas, están jugando un papel determinante en la expansión de los incendios. En el centro y sur del país, estas plantaciones, como el eucalipto y algunas variedades de pino, no solo están mal adaptadas al ecosistema local, sino que tienen una alta inflamabilidad, lo que las convierte en un combustible ideal para los incendios.

Según un artículo de Nature, en 2017 las plantaciones forestales exóticas en la zona sur central de Chile alcanzaban 520.000 hectáreas, y para 2023 esta cifra se redujo a 450.000 hectáreas. Estas plantaciones fueron impulsadas por políticas públicas de la dictadura de Pinochet, que promovieron los subsidios a las grandes empresas forestales. Con el tiempo, muchas de estas plantaciones fueron abandonadas o se expandieron hacia bosques nativos, convirtiéndose en auténticos “polvorines” naturales. La falta de una planificación adecuada y la expansión descontrolada de estas especies no nativas han creado un paisaje extremadamente vulnerable a los incendios.

Además de la propagación de los incendios, la alta concentración de estas plantaciones en ciertas áreas hace que el fuego se propague de manera más rápida y devastadora. La proximidad de estos bosques artificiales a zonas urbanas es otra de las grandes preocupaciones. En muchos casos, las ciudades se encuentran a menos de 800 metros de estas plantaciones, cuando la distancia mínima debería ser de al menos tres kilómetros. Esta falta de separación entre áreas forestales y urbanas aumenta exponencialmente el riesgo de destrucción.

A pesar de los esfuerzos por aumentar el presupuesto destinado a la lucha contra los incendios, la clave no está solo en los recursos, sino en una adecuada planificación del territorio. Regular las plantaciones forestales, limitar su extensión y evitar que se concentren en grandes bloques continuos, podría ser una medida clave. Además, integrar otras actividades como la agricultura y la ganadería, menos propensas a incendios, dentro de estas áreas podría ayudar a crear cortafuegos naturales.

Es urgente tomar medidas que no solo regulen las plantaciones, sino que también reconsideren el modelo forestal de Chile. Las plantaciones de especies exóticas no solo son responsables de la inflamabilidad de los incendios, sino que también impactan gravemente los ecosistemas locales, al desplazar las especies nativas y alterar el equilibrio natural.

La destrucción del medio ambiente, impulsada por la lógica del capitalismo, está directamente vinculada a la expansión de estos incendios. Como decía Marx, “El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos”, algo que es evidente en el caso de los incendios forestales en Chile.

Los incendios forestales no son un fenómeno aislado, sino que son consecuencia de un sistema económico que prioriza la acumulación de riqueza por encima de la preservación de la naturaleza. Es urgente implementar medidas radicales para frenar esta crisis ambiental. Entre ellas, la expropiación de la industria energética, gestionada democráticamente por los trabajadores y los consumidores, para avanzar hacia una matriz energética basada en energías renovables y la prohibición de prácticas como el fracking. También es necesario nacionalizar y reconvertir las empresas de transporte, automotrices y metalmecánicas, reduciendo la producción de vehículos privados y fortaleciendo el transporte público.

Estas acciones deben ir acompañadas de una mejora de las condiciones laborales, la reducción de la jornada laboral a 6 horas por 5 días a la semana sin pérdida salarial, y una reorganización racional de la producción y distribución bajo el control de la clase trabajadora. Este enfoque, basado en la gestión democrática y sostenible, debe ir de la mano con un modelo económico que armonice las necesidades urbanas y rurales sin depender de la destrucción del medio ambiente.