Todo empezó cuando Antonella Villalba, junto a otra joven madre (Flor López), decidieron salir públicamente en medios periodísticos en junio de este año debido porque la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las empujó a ocupar viviendas municipales en la localidad de Toay. En respuesta, el municipio realizó una denuncia penal con la carátula de “usurpación” e inmediatamente después colocó un patrullero en la entrada de sus casas de forma permanente, como si fueran unas delincuentes.
Antonella y Flor solamente pedían un techo para sus hijos. Su situación económica y social les impedía pagar el valor de los alquileres que les pedían. Sin conseguir un trabajo formal, Antonella vendía verduras por las calles y hacía pestañas.
A partir de ese momento, desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas llevamos la inquietud a la Asamblea contra el ajuste de Milei, un espacio de organización que fuimos impulsando desde diciembre del 2023 junto a militantes de otros partidos, organizaciones sociales, jubilados y vecinos.
La asamblea decidió acompañar a las jóvenes madres, con pedidos de audiencias a los organismos intervinientes: el Municipio de Toay (intendente), la Defensoría de Niños y Adolescentes, la Dirección Provincial Niñez. Desde el inicio, en cada una de las notas manifestamos la vulneración de derechos a la que venían siendo sometidas: denuncia penal, criminalización de la situación, casas sin luz ni gas porque se los cortaron, la colocación permanente de un patrullero en la puerta de las viviendas, intimidación respecto a posibilidad del retiro de los niños, entre otras.
Se presentaron notas a todos los organismos.
Ariel Rojas, el intendente de Toay, nunca atendió a la asamblea. Junto a otras organizaciones feministas que se sumaron, el día 31 de julio se realizó una reunión con el Dr. Meacca (Defensor Provincial de Niños y Adolescentes) y con Lovfall (Director Provincial Niñes). El Defensor prometió garantizar la electricidad, alimentos y garrafas para las chicas, además de trabajar por un comodato para las viviendas sociales.
Antonella y Flor estaban en permanente contacto con integrantes de la Asamblea. Expresaban su bronca y dolor por no recibir un trato digno por parte del Estado. Junto a las viviendas que ocuparon, el Municipio instaló a otras familias que necesitaban casas, lo que demuestra el constate trato discriminatorio hacia ellas. Este hecho, además, pone de manifiesto el grave problema habitacional del pueblo.
El 8 de diciembre Antonella se suicidó en la vivienda ocupada; sus hijos de 3 y 5 años estaban allí. Rabia, tristeza, impotencia. En las redes sociales se reflejó mucha bronca y angustia, además de críticas hacia los funcionarios que violaron todos los derechos de Antonella y sus niños.
Denunciamos públicamente a todos los funcionarios involucrados. Posteriormente, acudimos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con los documentos y testimonios que dan cuenta del incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona. El Estado no solo abandonó a su suerte a Antonella, sino que además la estigmatizó, judicializó, intimidó y persiguió.
Seguiremos luchando para desnaturalizar la opresión de las mujeres, para demostrar que el machismo es estructural en las sociedades clasistas y que el patriarcado es un sistema que permea nuestras vidas. No vamos a permitir que el Estado patriarcal y sus instituciones y funcionarios queden libres de culpa y responsabilidad, fortaleciendo aún más su poder punitivo. La situación habitacional en general, y de las mujeres solteras en particular, es sumamente difícil. A todo esto lo hacemos por Antonella y todo lo que tuvo que sufrir, pero también lo hacemos porque no queremos más Antonellas. | 
