Los cambios fueron efectuados mediante las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024 de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Las mismas son resultado del lobby de las grandes patronales alimenticias y resultan desfavorables para las y los consumidores.
La reforma establece que el etiquetado ahora debe reflejar únicamente los ingredientes añadidos durante el proceso de producción, como azúcares, grasas y sodio, dejando fuera los nutrientes intrínsecos de los alimentos. Esto implica que productos naturalmente altos en grasas o azúcares -como mantecas o jugos de frutas procesados- podrían evadir los sellos de advertencia, siempre y cuando no se les incorporen aditivos críticos. El cambio suscitó críticas de expertos y activistas por la salud, que advirtieron sobre la reducción de la transparencia en la información, algo que afecta las decisiones de las y los consumidores.
Soledad Barruti, periodista especializada en alimentación, calificó la medida como “un triunfo del lobby de la industria alimenticia”, que desde la promulgación de la ley en 2021 intentó frenar su implementación. Señaló, además, que esto prioriza los intereses comerciales de las grandes empresas sobre el derecho a la salud de la población.
Estas modificaciones se inscriben en un contexto más amplio de desregulación y flexibilización impulsado por el gobierno actual, bajo la premisa de darle más poder al gran capital. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, viene siendo el rostro de una serie de medidas que refuerzan la hegemonía corporativa en áreas críticas como la alimentación y la salud pública.
Salud, alimentación y capitalismo
La Ley de Etiquetado Frontal fue plenamente implementada en 2024. El objetivo era precisar información sobre el contenido de productos alimenticios. Buscaba aportar a combatir enfermedades relacionadas con la mala alimentación, que afectan a millones de personas. En ese marco, imponía ciertas condiciones a las empresas que ahora estas buscan desarmar, aprovechando la gestión mileísta.
Sin embargo, los problemas alimenticios que padece una porción sustancial de la humanidad no pueden afrontarse seriamente sin afectar profundamente las ganancias y los intereses de los grandes monopolios capitalistas. En este sistema, el lucro privado es el motor de la producción. No la salud de las personas. De allí los intentos de desmantelar controles.
Un modelo alimentario alternativo debería priorizar la salud pública y la soberanía alimentaria por encima de las ganancias corporativas. Esto implicaría no solo una regulación más estricta y transparente, sino también el fomento de prácticas agroecológicas y la producción local de alimentos saludables y accesibles para todas las personas. Al mismo tiempo, implicaría una planificación democrática de la producción y el consumo -llevada a cabo por el propio pueblo trabajador- con el objetivo de garantizar una alimentación saludable para el conjunto de la población. Hoy en la Argentina, millones de personas padecen hambre.
Precisamente por eso la lucha contra las enfermedades relacionadas con la mala alimentación no puede depender únicamente de etiquetados o restricciones publicitarias. Es necesario atacar las raíces del problema, que incluyen la concentración del mercado alimenticio, la precarización de las condiciones de vida y la dependencia de un modelo extractivista que destruye el medio ambiente y la salud pública. Solo con un enfoque integral y transformador será posible garantizar el derecho a una alimentación saludable y digna. | 
