La precariedad que golpea a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia de Madrid viven una situación límite. Su salario está por debajo del SMI, el sueldo medio ronda los 800 euros, tienen jornadas partidas que comienzan a las de la mañana y finalizan a las 10 de la noche sin tiempo para descansar, no disponen de recursos ni EPIs para su actividad, soportan altas cargas de trabajo que terminan produciéndoles lesiones y ritmos extenuantes. El tiempo de traslado entre domicilios no es suficiente y no está remunerado. Tampoco se evalúan los riesgos laborales ni se les reconocen enfermedades profesionales. Sus contratos son temporales o parciales y las empresas imponen una flexibilidad absoluta…

El trabajo de auxiliar de ayuda en domicilio es una de las profesiones con niveles más altos de precariedad en todo el Estado, lo dicen las estadísticas. Más del 63% tienen una jornada a tiempo parcial, son comunes los trastornos musculoesqueléticos a causa de la carga de trabajo, el estrés y ansiedad, así como problemas alimentarios a causa de los horarios cambiantes, la flexibilidad impuesta y la precariedad económica. En el estudio CuidémoNos que estudia los riesgos laborales y el estado de salud de estas trabajadoras realizado en 2022 e impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona, puede consultarse un dato impactante: el 60% de ellas afirman que no siempre pueden permitirse tres comidas completas al día a causa de su trabajo.

Te puede interesar: Las trabajadoras de Ayuda a domicilio y Atención a la dependencia de Madrid van a la huelga: “somos esenciales y sufrimos una precariedad brutal”.

Hablamos de trabajadoras porque se trata de un sector totalmente feminizado, con escasa presencia de jóvenes y una proporción de trabajadoras migrantes muy alta en el que se impone una gran precariedad. Por eso desde el día 23 de diciembre las trabajadoras de los servicios de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid y Atención a la Dependencia de la CAM (más de 12.000 en la ciudad de Madrid y 17.000 en toda la CAM) han decidido ir a la huelga. Además, advierten que si no cambian sus condiciones irán a la huelga indefinida a partir del día 7 de enero.

¿A qué se debe tanta precariedad?: la privatización de un servicio público tras las externalizaciones

La ayuda a domicilio es una prestación del sistema público de servicios sociales de la que deben encargarse municipios y comunidades, sin embargo, si nos fijamos en este sector veremos que en todo el Estado solo el 5,8% de las trabajadoras están contratadas por administraciones públicas mientras que el 73% trabajan para empresas privadas subcontratadas para la administración. Otro porcentaje de trabajadoras lo hacen directamente para empresas privadas.

Esto es debido a que el servicio de Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia casi en la totalidad de comunidades y municipios se encuentra privatizado, beneficiando a grandes empresas que obtienen contratos millonarios a costa de los recursos públicos. En este caso, entre las principales empresas que gestionan estas licitaciones en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se encuentran Clece (filial del grupo ACS), Eulen y Valoriza. Estas empresas han registrado beneficios millonarios en los últimos años gracias a un modelo de externalización en el que estas se lucran explotando servicios básicos. Esto se traduce en la precariedad que denuncian ahora los y las trabajadoras ya que las empresas prioriza el ahorro en costes laborales y sobre la calidad del servicio.

Por ejemplo, Clece, la empresa propiedad de Florentino Pérez obtuvo en 2023 obtuvo un beneficio neto de 28 millones de euros, aumentando un 1,3% respecto al año anterior. Eulen, otra gigante del sector, obtuvo 12 millones de euros de beneficio neto en 2023. Estos beneficios contrastan brutalmente con los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales que denuncian las trabajadoras.

La externalización, presentada como una forma de "eficiencia", en realidad opera como un mecanismo perverso que desvía fondos públicos hacia manos privadas. Un robo en toda regla. Este modelo de gestión no solo precariza las condiciones laborales, sino que también compromete la calidad del servicio, ya que las empresas priorizan la reducción de costes a costa de la baja calidad del servicio ofrecido y de las condiciones de sus trabajadoras. Por ello las auxiliares de Madrid denuncian por un lado que no les facilitan apenas guantes para el aseo de los usuarios y, por otro lado, que su salario está por debajo del SMI. De esos recortes en salario y material es de donde sale el beneficio empresarial.

La lucha contra las externalizaciones: el grito de las trabajadoras por la municipalización de los servicios públicos

Muchos sectores de trabajadoras de diferentes sectores luchan por el fin de las externalizaciones y por la remunicipalización de los servicios públicos.

Te puede interesar: “Exigimos la municipalización del SAD, contra la mala praxis de las empresas, la privatización de un servicio social y la desidia institucional”.

Todo este festival lucrativo a costa de lo público es facilitado por las distintas administraciones regionales y municipales sin excepción. Un concierto de todos los partidos del régimen político, que sostiene un coladero de dinero público a base de privatizaciones en el que además no existe la trasparencia. Por ejemplo, Clece, el buque insignia con el que Florentino Pérez se enriquece de lo público obtuvo en 2023 3.682 adjudicaciones de contratos públicos, acumulando un total de 2.912,93 millones de euros. A pesar de ser una empresa que podríamos decir que “vive de lo público” es difícil encontrar datos detallados sobre las cuentas de sus licitaciones. Lo que podemos afirmar es que Florentino lleva décadas dedicándose a las licitaciones de servicios públicos y es una de las mayores fortunas del país, así que con esa actividad mal no le va.

A pesar de todo ello vemos cómo últimamente muchas de estas empresas, y no solo en el SAD, reclamaban aumentos de las partidas alegando que con la inflación no cubren sus gastos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos meses con las mutuas de MUFACE que criticaban las bajas partidas presupuestarias. En este caso el Gobierno terminó aumentando un 33,5% el presupuesto para estas mutuas privadas. Es difícil conocer las cuentas de estas empresas y posiblemente a causa de la inflación no obtengan el nivel de beneficios obscenos a los que están acostumbradas, -aunque recordemos que Clece aumentó un 1,3% sus beneficios netos, al tiempo que las que sí que han perdido nivel adquisitivo agolpe de inflación son sus trabajadoras-, también es cierto que las administraciones no destinan el dinero suficiente a servicios sociales, a la sanidad, a la dependencia… sin embargo, la solución no pasa por dar más dinero a empresas como la de Florentino que sin duda lo destinará a mejorar sus cuentas, sino por exigir mayor presupuesto para servicios sociales pero que vaya directamente destinado y se vea reflejado en el salario de las trabajadoras, que se destine a la contratación de más trabajadoras, a los aumentos de las jornadas laborales para terminar con la parcialidad así como a prestaciones que mejoren su trabajo incluida la evaluación de riesgos laborales.

Es urgente el aumento del presupuesto a los servicios sociales como el SAD pero estos deben ir destinados directamente a terminar con la precariedad de las trabajadoras, al aumento de contrataciones y a la mejora del servicio. Se estima que desde que se aprobó la ley de dependencia hace 18 años más de 900.000 personas han fallecido en lista de espera y las personas que reciben estas ayudas lo hacen de manera insuficiente, no cubren las necesidades reales. Con el envejecimiento de la población es una necesidad el aumento drástico de los presupuestos para estás ayudas sociales. Esto además no puede salir de los bolsillos de las y los trabajadores, sino que debe financiarse con impuestos especiales a grandes empresas especialmente a aquellas que llevan años enriqueciéndose de lo público, a golpe de licitaciones. Pero, definitivamente, para poder garantizar el fin de la precariedad y la mejora del servicio es necesario sacar las manos de las empresas privadas de este sector, es necesario pelear contra las externalizaciones, porque todos los servicios públicos sean municipalizados y que, las profesionales puedan gestionarlos junto a los usuarios que, al fin y al cabo, son quienes conocen su trabajo y las necesidades de este servicio tan esencial. Para ello busquemos la coordinación con todos los sectores que están peleando hoy por la defensa de los servicios públicos.