Desde su llegada a la presidencia en 2022, Boric ha priorizado la "agenda feminista", incorporando asesoras de género en todos los ministerios y promoviendo la igualdad de derechos. Dentro de su período de gobierno presentó cuatro importantes leyes, las cuales incluyen medidas frente a la violencia de género y responsabilidad de los hombres al tener una familia. Estas leyes son: Ley Antonia (ley tipifica el suicidio femicida como un delito específico); Ley Integral contra la Violencia de Género (ley que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia de género); Ley de Responsabilidad Parental (Ley Papito Corazón) y Plan Chile Para Todas (ley de Responsabilidad Parental y la implementación de políticas intersectoriales).
Hay que recordar que una de las principales promesas de campaña presidencial de parte de Gabriel Boric fue el derecho al aborto, bajo la creación de una nueva ley que lo despenalice. Sin embargo, este derecho ha sido postergado hasta nuevo aviso.
El pasado 26 de diciembre las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señalaron que el aplazamiento de la tramitación de esta ley es debido a la gran cantidad de escritos en contra, por ejemplo, del Arzobispado de la Iglesia chilena. De hecho, también existen detractores del proyecto en el oficialismo: el abogado Roberto Celedón, designado como diputado por el Frente Amplio para ocupar el escaño de su fallecida esposa, Mercedes Bulnes, dijo a La Tercera que "el aborto sin causales no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque sería inconstitucional".
Sin embargo, la opinión pública indica lo contrario, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) el apoyo al derecho al aborto ha aumentado en la población demostrando que sólo 16% de los chilenos piensa que debe estar siempre prohibido. Mientras que, el aborto sin condiciones aumentó 8 puntos porcentuales respecto a septiembre-octubre de 2023, misma cifra en que cayó el respaldo a la tesis de que "el aborto sólo debe estar permitido en casos especiales".
No tener acceso al aborto en el hospital también es violencia de género
Si bien, el gobierno de Gabriel Boric ha promulgado leyes que contemplan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como, por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia de Género (Ley 21.675), aún no se materializa en la cobertura e infraestructura desde el Estado y las instituciones públicas.
El reciente indulto presidencial a Katty Hurtado Caamaño anunciado el 24 de diciembre expresa el poder del movimiento de mujeres y feminista con la campaña que impulsó La Red Chilena Contra la Violencia hacia las mujeres. Se trata de le vida de una mujer que estuvo marcada por situaciones de violencia machista, quien fue condenada por 20 años de presidio por matar a su expareja, en medio de un contexto de violencia intrafamiliar y también la violación acreditada mientras cumplía condena en la cárcel de Calama. El Estado la criminalizó, al igual que a Estefano, joven trans masculino que a sus 19 años tuvo que defenderse de un ataque transodiante y que desde hace 2 años y 8 meses se encuentra en prisión preventiva.
Si hablamos de violencia también es la negativa de las instituciones en no dar respuesta a nuestros derechos sexuales y reproductivos. El derecho al aborto es una demanda que ha crecido en el movimiento internacional de mujeres y que se ha trasladado bajo el pañuelo verde. Esta demanda en Chile, pese a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (aborto en 3 causales) queda bajo la objeción de conciencia del hospital y de los funcionarios de la entidad sanitaria. Es por ello, que urge levantar una fuerte campaña por el aborto legal, libre, seguro y gratuito y por el derecho a una Educación Sexual Integral, donde mujeres, jóvenes, estudiantes y trabajadores retomemos la organización y la movilización independiente. |
