Un reciente estudio de Activa Research, dejó claro que el 74,5% de los chilenos está de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema previsional. Sin embargo, este anhelo de cambio se enfrenta a una realidad inquietante: un 57% de la población no confía en que la reforma actualmente en discusión sea aprobada. Este nivel de desconfianza refleja el desencanto con el proceso legislativo y con las medidas propuestas, percibidas como insuficientes para cambiar un modelo que solo ha entregado pensiones de miseria.

El descontento con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es transversal. Más del 59% de los encuestados evalúa negativamente su desempeño. Las AFP, creadas durante la dictadura de Pinochet, han servido principalmente para la capitalización de grandes empresas, relegando a los jubilados a sobrevivir con montos indignos. No es de extrañar que un 55,9% de la ciudadanía apoye su reemplazo por un sistema distinto, mientras apenas un 17,3% respalda su continuidad.

El gobierno: Del No+AFP a la legitimación del modelo

El gobierno actual no solo ha renunciado a terminar con el modelo y se conforma con la declaración de “separación de la industria”, sino que parece haber archivado cualquier intención real de cambio. Desde el inicio del debate sobre reforma previsional, el gobierno ha transformado la negociación con la derecha en una verdadera relegitimación de un sistema que fue impuesto durante la dictadura de Pinochet. Este giro no solo representa una nueva traición hacia su propia base, sino una alineación con un sector de los intereses empresariales que lucran con los ahorros de los trabajadores.

En lugar de erradicar las AFP, el gobierno plantea un modelo que, bajo el disfraz de "competencia regulada", asegura su supervivencia. Este retroceso es un golpe directo a las aspiraciones de la clase trabajadora y los sectores populares que durante años ha clamado por el fin de un sistema que convierte a los trabajadores en clientes cautivos de corporaciones, nacionales y extranjeras, cuyo único propósito es el lucro.

El espejismo del 6% adicional y la privatización encubierta

La propuesta de destinar un 6% adicional de cotización previsional no es más que un parche que perpetúa el esquema de capitalización individual. La mitad de la población cree que estos fondos deberían ir íntegramente a sus cuentas personales, si, pero porque tanto las AFP como la derecha y sectores de la ex-Concertación han dado un enorme debate para volver a legitimar el sistema, coro al que ahora se suma el gobierno cediendo todo en la negociación.

Además del debate del 6% otros sectores de la derecha buscan correr el cerco en otras materias como en edad de jubilación, cuestión a la que el gobierno tampoco responde, abriendo la cancha a la profundización de una reforma.

El negocio de las AFP: miseria para muchos, riqueza para pocos

El modelo de las AFP no tiene otro propósito que garantizar el enriquecimiento de las grandes empresas y el mercado de capitales, utilizando como base los ahorros de los trabajadores para entregar prestamos baratos a las empresas o invertir en deuda pública del propio Estado. Las administradoras acumulan fortunas gracias a las altas comisiones que estas cobran, comisiones de las que obtienen millonarias ganancias que crecen año a año, como contra partida las pensiones no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas, las pensiones autofinanciadas tienen una media de miserables $73.705. Este esquema beneficia solo a un puñado de empresarios mientras condena al hambre a millones.

La propuesta del gobierno para subir “ahora” las pensiones es el alza en la PGU, pero la PGU es un aporte que hace el Estado debido a lo miserables que son las pensiones entregadas por las administradoras de fondos, por lo que solo termina siendo un parche que no aborda el problema de fondo que es el modelo de capitalización y la forma en que se entregan las pensiones.

Un rechazo categórico a la reforma y un llamado a luchar

La reforma previsional no es una solución; es una consolidación del saqueo. El gobierno ha traicionado sus promesas y no podemos esperar nada del acuerdo que salga del parlamento. La clase trabajadora no puede confiar en las negociaciones entre quienes defienden el statu quo; necesita urgente terminar con las AFP y avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, 100% estatal y controlado por trabajadores y jubilados, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas.

Las organizaciones de trabajadores, sociales y políticas debemos decir NO A LA REFORMA!, la propia Coordinadora NO+AFP, expresó que "de aprobarse, será quizá la peor traición a la ciudadanía que se haya registrado en las últimas décadas". Esa traición no puede quedar impune. No basta con rechazar la reforma, debemos retomar el camino de la movilización, la organización y la huelga, únicas herramientas que podrán poner fin al saqueo de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras.