A pesar del doble discurso del gobierno “progresista”, el año 2024 ha sido un año protagonizado por múltiples casos de represión estatal. Pese a la supuesta derogación de la ley 4/2015, más conocida como “ley Mordaza”, lo cierto es que durante el curso de todo el año se han dado innumerables casos de represión policial y estatal contra los derechos democráticos y libertades fundamentales.

Récord de desahucios, nuevos casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales, represión sindical, entrada en la cárcel de “los 6 de Zaragoza”, persecución al movimiento de solidaridad con Palestina, han sido apenas algunos ejemplos que se han dado a lo largo del 2024.

El gobierno español, en virtud de las tendencias belicistas y bonapartistas de sus aliados estratégicos del imperialismo occidental, prepara el terreno y las herramientas para enfrentar un posible resurgimiento de fenómenos de lucha. La derechización del arco político, reforzada por la victoria de Trump en EEUU, se manifiesta en un aumento de las leyes represivas y un recorte progresivo de libertades y derechos democráticos en todos los frentes.

¿Derogación de la “Ley Mordaza”? Más bien maquillaje

El debate sobre la derogación de la Ley Mordaza ha sido uno de los protagonistas en el último tramo del año La eliminación de una ley ampliamente denunciada por movimientos sociales, sindicatos y activistas desde su aprobación, fue tomado como una de las principales promesas de campaña de la primera legislatura del gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Unidas Podemos. Lejos de su derogación, durante las legislaturas “progresistas” la ley se consolidó, siendo aplicada en innumerables ocasiones. Tan solo en 2023 se aplicó 284.512 veces, un 25% más que el año anterior. Con respecto al artículo 36.6, el que pena “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, se aplicó en 8.893 sanciones, un 7% más que el año anterior.

"La ’ley mordaza’ va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista", fueron las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, el pasado 16 de julio. Palabras que fueron matizadas por sus socios de gobierno, argumentando que tan solo se modificarían los apartados relativos a las injurias.

En octubre de este año, tras 9 años de gobiernos del PSOE y del PSOE en coalición, el Partido Socialista, Sumar, Bildu y el PNV anunciaban la modificación de la Ley Mordaza, matizando tibiamente algunos de los apartados de la ley aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. En primer lugar, modificaba el apartado 4 del artículo 37, enunciando que las faltas de respeto a la autoridad, al igual que el delito de desobediencia, podrían dejar de ser infracciones graves y pasar a ser leves. En segundo lugar, proponían sustituir de forma progresiva las pelotas de goma por otros proyectiles “menos lesivos” y teorizaban sobre las devoluciones en caliente, pese a que la proposición en sí no las prohíbe.

Es decir, que esencialmente, no se tocaron los pilares de la ley. Si contamos además las últimas leyes represivas aprobadas por las legislaturas de este gobierno, como la Ley de Convivencia Universitaria, la Ley Mordaza Digital o la propia Reforma Laboral de Yolanda Díaz, se visualiza una marcada tendencia hacia el reforzamiento de la represión en todos los ámbitos a la clase trabajadora, las mujeres, los migrantes o la juventud.

Judicatura heredera del franquismo

El 25 de junio, tras un largo impasse, Sánchez y Feijoo anunciaban un pacto del bipartidismo sobre el Consejo General del Poder Judicial. El pacto buscaba resolver la inmovilidad durante 5 años del poder judicial. Sin embargo, fue la falta de movilidad la protagonista en esta renovación repartida entre las fuerzas del bipartidismo del 78, con nombres de vocales y cargos ligados a los gobiernos de Aznar y Felipe González, o a la judicatura que condenó a decenas de independentistas tras el 1 de octubre. En palabras del líder del Partido Popular, preguntaba sarcásticamente a Sánchez si “se ha vuelto usted de extrema derecha”. Ambos además esperaban poder continuar realizando dichos pactos.

Fruto de la inmovilidad de los cargos judiciales es protagonista también el caso de los 6 de Zaragoza. Este mismo año, el Tribunal Supremo anunciaba la pena de 4 años y 9 meses de prisión, junto con 50.000 euros de multa, para 4 de los chavales antifascistas que fueron detenidos arbitrariamente tras una manifestación contra Vox en Zaragoza en enero del 2019. Precisamente la denuncia policial carente de pruebas que la sostuvieran fue tramitada por el juez Carlos Lasala, que tomó como prueba suficiente el testimonio condenatorio de las fuerzas represivas. Este juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza, proviene nada menos que de una renombrada familia de cargos de la judicatura franquista.

Pese a la petición de indulto al gobierno, las fuerzas progresistas han hecho caso omiso de dicha petición, pese a que cuatro chavales antifascistas lleven ya más de 250 días entre rejas. Esa misma judicatura fraguada durante el franquismo es la que permite que se sigan protegiendo a los genocidas, asesinos y torturadores de la dictadura a día de hoy.

Represión al movimiento obrero

Si no era suficiente con la represión a militantes antifascistas, también había que reprimir al movimiento obrero. En la Pastelería La Suiza, en Gijón, una trabajadora denunciaba al patrón del negocio por acoso sexual y laboral. Al archivarse la denuncia, desde el sindicato CNT llevaron a cabo acciones de protesta pacíficas contra la empresa. Tras esto, el empresario denunció por coacción a 6 sindicalistas y el Tribunal Supremo ratificaba hace apenas unos meses la condena de 3 años y 125.000 euros.

Este caso es escandaloso, pero ni mucho menos singular. La Junta de Andalucía pedía cinco años a tres activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por una acción sindical en 2021. Pese a que en este caso fueron absueltas en noviembre de este año, el SAT ha acumulado penas que suman 400 años de cárcel para más de 500 afiliados procesados, siendo su líder Óscar Reina, el líder sindical más condenado de Europa.

La Reforma Laboral, recientemente reformada por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, no pone ningún freno a la represión a trabajadores por organizarse y movilizarse. Todo lo contrario: da rienda suelta a los patrones para que apliquen ataques sindicales y queden impunes.

Represión a los activistas climáticos

A finales de 2023, la Brigada de Información ordenaba la detención de activistas de Madrid y en el sur de Francia, entre los que se encontraba Bilbo Bassaterra, cofundador de la organización Futuro Vegetal. Durante esos días, se produjeron varias detenciones más y se les acusó de “pertenencia a organización criminal”. En marzo de este año, PSOE y PP reclamaban más de 13.000 euros al mismo grupo ecologista por lanzar témpera al agua a sus sedes.

En octubre, declaraban algunos de los 25 activistas climáticos en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por participar en actividades no violentas de protesta en favor del medio ambiente.

El pasado 18 de mayo, se conoce la condena que pide la siderúrgica Arcelor-Mittal en Xixón contra 5 activistas: 15 años de prisión y 150.000 euros de multa. Su delito: hacer una acción de protesta cortando una carretera de acceso a la planta, denunciando la financiación con fondos públicos a empresas ultra contaminantes como esta.

Otro caso relevante durante este año se dio cuando se hizo pública la petición de 20 años de cárcel y 56.000 euros de multas a siete activistas imputados por participar en una acampada pacífica en protesta contra el megaproyecto urbanístico de Aroztegia. La acampada se oponía a la construcción de 228 viviendas, un hotel y un campo de golf en Lekaroz (Navarra) en un paraje natural.

Ante formas de protesta pacífica y reconocida como tal incluso por Naciones Unidas, los partidos del régimen del 78 se apoyan en Marlaska y en la judicatura para intentar reprimir a los activistas climáticos que denuncian la catástrofe de la que el Estado Español es cómplice.

Desahucios y represión contra nuestros espacios autogestionados

Este año, decenas de miles han salido a las calles de las principales ciudades del Estado para pelear por el acceso a la vivienda digna de la clase trabajadora y contra la especulación de los fondos buitres y los grandes tenedores. Pese a que las calles hablan por sí solas, el gobierno sigue desahuciando a miles de familias cada año. La paralización de los desahucios por impagos que aprobó el gobierno y que ha prorrogado para el próximo año contrasta con los números. Tan solo durante el primer trimestre de 2024, se registraron 7.424 desahucios, un 12,8% más respecto al mismo periodo de 2023, siendo casi tres cuartos de estos por impago. En total hasta septiembre, más de 20.500 desahucios se efectuaron en todo el territorio. Mientras un millón de viviendas están en manos de grandes propietarios y tan sólo los diez grandes especuladores de vivienda acaparan 200.000 viviendas en el Estado español.

A los miles de familias desalojadas de sus casas, hay que sumarle los cientos de activistas y militantes sancionados o incluso con procesos judiciales en curso. El gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz ha sido y es el gobierno que protege con represión a fondos buitres y a especuladores millonarios.

Otro punto importante que destacar es la represión contra los espacios de auto organización de la juventud y la clase trabajadora. Hace unas semanas, la policía desalojaba y comenzaba a demoler el CSO-La-Atalaya en Vallekas, centro social del que participan decenas de colectivos y vecinos en Madrid.

Otro ejemplo este año de represión a los centros sociales se dio con el intento de desalojo de l’Antiga Massana, en Barcelona, al que respondieron miles de jóvenes en manifestación, denunciando al alcalde Jaume Collboni del PSC.

Persecución contra quienes denunciamos el genocidio en Palestina

Hacia afuera, el gobierno de Sánchez y sus socios de coalición han intentado mostrarse en apoyo del pueblo palestino, pidiendo el reconocimiento del Estado Palestino y llamando públicamente al alto al fuego. Hacia adentro, Israel es un socio aliado del Estado Español del cual el gobierno no quiere prescindir. Se mantienen las relaciones diplomáticas, al igual que los envíos de armas, la compraventa de material y tecnología bélica y los acuerdos económicos en su gran mayoría. Por ello, el movimiento que surgió en todo el Estado en defensa del pueblo palestino suponía un problema, sobre todo cuando denunciaba la relación de este gobierno con los perpetradores del genocidio.

Pese a que la represión no fue tan manifiesta como en otros países como Francia, Estados Unidos o Alemania, en el Estado Español no faltaron los casos. En febrero de este año, se anunciaban las sanciones que superaban los 600 euros a más de 30 estudiantes que protestaron contra un acto de la Embajadora de Israel en la Universidad Complutense de Madrid. Durante ese mismo acto, se blindó la universidad pública con fuerzas policiales y activistas testigos denunciaron la presencia de un agente del Mossad, que apuntó a estudiantes con un arma de fuego.

En junio, durante la acampada por Palestina en Sevilla, decenas de estudiantes fueron desalojados por la fuerza del decanato de filología de la US. En la UCM, más de 50 fueron identificados tras cortar pacíficamente en protesta la Avenida Complutense. La acampada en la UPV fue desalojada por la policía, agrediendo a decenas d estudiantes por oponerse al genocidio. Pero, sobre todo, fue en Santiago de Compostela, durante una manifestación en octubre, cuando nueve estudiantes fueron brutalmente agredidos y detenidos por la policía por hacer una acción de boicot en Burger King. Se los mantuvo durante horas esposados y no se les permitió a 7 de ellos realizar un parte de lesiones. Los detenidos se podrían enfrentar a varios años de cárcel, a la espera de que se celebre el juicio.

También en octubre, a raíz de una querella presentada por Vox, dos activistas palestinas tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional, acusadas de enaltecimiento del terrorismo por defender públicamente el derecho a la resistencia del pueblo palestino

La muestra de fuerza del movimiento estudiantil en todo el Estado es un riesgo para quienes defienden los intereses imperialistas y del capital en las aulas. Por ello, el gobierno progresista y los distintos gobiernos autonómicos, de la mano de la casta de rectores y gestores de las instituciones educativas, vienen preparando el terreno para apagar cualquier chispa de movimiento estudiantil que surja. Por ejemplo, permitiendo que entre la policía a los campus universitarios y que cargue contra estudiantes. Con la aplicación de la LCU en todo el Estado y la preparación de una ley de universidades más represiva en la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso, es más que probable que se intensifique la represión contra el movimiento estudiantil.

Amnistía por arriba y represión al derecho a la protesta

La Ley de Amnistía aprobada este año fue unos de los elementos que escenificaron el fin del último ciclo de lucha del movimiento democrático por la autodeterminación de Catalunya, que tuvo como sus máximas expresiones el referéndum del 1 de octubre y la huelga general del día 3 de octubre de 2017.

Pedro Sánchez pactó una amnistía parcial con Junts y Esquerra para consolidar un proceso de derrota y desvío de varios años, tras uno de los episodios de cuestionamiento del régimen del 78 más profundos. Sin embargo, el gobierno progresista realmente ocultaba bajo su falso diálogo democrático, las mismas artimañas represivas de cualquier gobierno de extrema derecha, amnistiando a los autores de la represión y obviando a cientos de encausados por protestar.

Un ejemplo claro de esto se ha dado con el caso de Dani Gallardo, el primer detenido de las protestas del Procès que entró en prisión. Dani pasó más de 1 año y medio en prisión preventiva. El pasado marzo, la Audiencia de Madrid ordenó la búsqueda y captura del joven y en octubre, tras solicitar un recurso al TC por la Ley de Amnistía, se suspendió la orden hasta obtener una respuesta del Constitucional. El TC puede desestimar el recurso y esa Ley de Amnistía puede dejar fuera a gran parte de los luchadores y activistas que participaron en las movilizaciones en defensa de la autodeterminación

Protestar y pelear por el derecho de autodeterminación o por libertades democráticas básicas te puede llevar a prisión. Hace tan solo unas semanas comenzó el juicio a 21 activistas por participar en el primer “Rodea el Congreso” durante las protestas de 2012. Y se les piden ni más ni menos que 121 años de cárcel.

Pero la represión no queda solo para cuando te detienen en la vía pública, a veces incluso se da cuando compartes espacios, relaciones o sábanas. Durante los últimos meses se han descubierto diversos casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales, organizaciones y centros okupados. Mari Angeles G.M. (Marta “la estupa”), Carlos P.M. (Juancar) o D.H.P, son solo algunos nombres descubiertos entre colectivos sociales de barrio o movimientos sociales.

Esta estrategia policial aumentó significativamente a raíz del ciclo de luchas de 2011 y, sobre todo, de la lucha por la autodeterminación en Catalunya. Pero incluso tras esos ciclos, siguen apareciendo numerosos casos, en un contexto de reacción y reforzamiento policial.

¿Migajas o astillas? La lucha contra la represión y por construir una alternativa política de independencia de clase

Si una lección deja todos estos ejemplos de represión estatal, policial y judicial en el Estado Español durante todo el año 2024, es que ya sea con los gobiernos de la derecha más castiza o del progresismo más “malasañero”, las porras caen igual a la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares.

Cuando gobiernan partidos socialdemócratas o neorreformistas como Podemos o Sumar, no solo es que no salga a cuentas los beneficios que se ganan por los costes que requiere pertenecer a un gobierno imperialista. Directamente, juegan un rol de ataque directo a cualquier chispa de movilización social. Con las tanquetas de Marlaska o las Mordazas de Rajoy, atacan y reprimen cualquier atisbo de cuestionamiento al régimen o de organización que pueda ser clave en un escenario de resurgimiento de la lucha de clases en el Estado Español.

Denunciar el rol reaccionario que juegan las fuerzas represivas con respecto a la lucha de clases es una buena vacuna para no caer en la idea de que es necesario aceptar eso para conseguir algunas migajas. Combatir la represión del Estado burgués, esté gobernado por la derecha o el progresismo, es un componente inseparable de la lucha por construir una alternativa política de independencia de clase, irreconciliable con el estado capitalista.