La escasez de gasolina ha impactado severamente a los vehículos que dependen de este combustible, mientras que la falta de dólares y el aumento en el costo de la canasta familiar han exacerbado la crisis, afectando principalmente a la clase trabajadora y al sector informal siendo perjudicados por la inestabilidad en los precios, lo que ha llevado a un creciente descontento social.
Con el inicio del año nuevo, el pueblo trabajador, del campo y la ciudad, se prepara para enfrentar un incremento significativo en las tarifas del transporte público en varios departamentos del país. Este aumento añade presión a un panorama ya complicado, anticipando que el 2025 no solo será un año electoral, sino también un período marcado por crisis financieras, políticas y económicas que impactarán a las poblaciones más vulnerables.
A pesar de la autorización para la comercialización privada de combustibles, las filas interminables en las estaciones de servicio son una constante. La Asociación Nacional de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos ha declarado “estado de emergencia nacional” debido a la distribución desigual del combustible entre surtidores estatales y privados.
Continúan las largas filas y la espera para obtener gasolina. Con un futuro incierto y un panorama económico desalentador, el gobierno boliviano se encuentra en una encrucijada crítica al finalizar 2024. En Cochabamba la situación pone en evidencia que ante la crisis y en una coyuntura tempranamente electoralizada, Manfred Reyes Villa y otras autoridades departamentales solo se encuentran haciendo campaña. Para el pueblo trabajador la lucha por imponer el monopolio estatal del comercio exterior se convierte en una tarea de primer orden frente a la especulación y retención de dólares que agroindustriales y mineros realizan.
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