El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desempleo nacional se mantiene en un preocupante 8,7%. Sin embargo, este número apenas rasguña la superficie del problema. En sectores como la construcción, el comercio y los servicios, las cifras son significativamente más altas. Por ejemplo, la tasa de ocupación en la construcción se mantiene por debajo del 50%, mientras que en el comercio y los servicios, el desempleo alcanza un 12% y un 14% respectivamente. Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 60% de los empleos informales en servicios, y a los jóvenes, con una tasa de desocupación que supera el 20% en estos sectores. Además, la informalidad laboral sigue siendo una característica predominante: más del 27% de los trabajadores se encuentran en esta situación, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social o el seguro de cesantía.
Regiones más afectadas

La situación es particularmente grave en las regiones más pobres del país, donde las oportunidades de empleo formal son casi inexistentes. En zonas como el Biobío y la Araucanía, las tasas de desempleo superan el 10%, con un incremento de 2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. Según el Termómetro Laboral de la Universidad de La Frontera, en septiembre de 2024, la tasa de desocupación en La Araucanía llegó al 10,7%, muy por encima del promedio nacional.
Precarización y desigualdades laborales

A esto se suma la creciente tendencia de externalización y subcontratación, mecanismos que permiten a las empresas reducir costos a expensas de los derechos laborales. Estos esquemas no solo perpetúan la inestabilidad, sino que también dificultan la organización sindical, debilitando aún más la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses.

Los sectores más vulnerables continúan siendo los más afectados. Según el INE, la tasa de desempleo femenino alcanza un 9,5%, superando en casi dos puntos porcentuales a la de los hombres. Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 27%, reflejando desigualdades persistentes incluso en sectores donde las mujeres son mayoría. En la industria de servicios, que emplea a un alto porcentaje de mujeres, la informalidad laboral afecta al 35% de las trabajadoras, lo que agrava la precariedad de sus condiciones. Los jóvenes, por su parte, están atrapados en un círculo vicioso de empleos temporales y mal remunerados, sin perspectivas reales de desarrollo profesional.

La política del gobierno y el visto bueno de los empresarios

El gobierno, lejos de proponer soluciones estructurales, se limita a medidas paliativas que no abordan las causas profundas del problema. La reforma previsional en discusión, por ejemplo, no toca los intereses de las grandes AFP ni garantiza pensiones dignas para quienes han pasado toda su vida trabajando. Asimismo, las políticas de subsidios al empleo suelen beneficiar más a las empresas que a los trabajadores, perpetuando un sistema que privilegia el lucro por sobre la justicia social. E incluso políticas como las 40 horas, proyecto estrella del gobierno, resultó ser una oportunidad de profundizar la flexibilización laboral como lo denunciaron decenas de sindicatos y organizaciones a fines.