Cronología de un crimen de Estado
El 8 de diciembre de 2024, cuatro menores fueron detenidos por un contingente militar en el sur de Guayaquil, específicamente en el sector de Las Malvinas. Las familias recibieron llamadas alarmantes indicando que los niños habían sido golpeados y abandonados sin ropa en una zona rural. La Fiscalía ha confirmado que no existe ningún elemento que vincule a los menores con acto ilícito alguno, desmintiendo la versión inicial de un supuesto robo.
El 24 de diciembre, en una zona agreste de Taura, se encontraron cuatro cuerpos incinerados. La Fiscalía, tras análisis forenses exhaustivos, confirmó el 31 de diciembre que los restos correspondían a los cuatro niños desaparecidos, revelando además evidencias claras de tortura previas a su muerte. Durante los días de desaparición y tras el velorio en redes sociales se inició una campaña para desprestigiar a los niños.
Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), conocidos como "Los 4 de Las Malvinas", fueron víctimas de una ejecución extrajudicial que ha sacudido a la sociedad ecuatoriana y expuesto la brutal realidad del terror estatal.
La respuesta institucional y sus contradicciones
La gestión del caso por parte de las autoridades ha evidenciado graves contradicciones y posibles intentos de encubrimiento. El Ministerio de Defensa dio versiones contradictorias sobre lo sucedido, mientras que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos respondió tardíamente, justificando su demora por "la naturaleza del caso". El presidente Daniel Noboa, en lugar de reconocer la gravedad del crimen estatal, se negó a calificar el hecho como una desaparición forzada.
El último adiós: entre dolor y exigencia de justicia
Este 1 de enero de 2025, durante el sepelio de los cuatro niños, cientos de personas acompañaron a las familias en un emotivo último adiós. El velorio y cortejo fúnebre se transformaron en una manifestación masiva de dolor e indignación. Entre arrullos tradicionales y gritos de "¡Queremos justicia!", la comunidad expresó su repudio al crimen y la inacción gubernamental. Los asistentes corearon consignas como "Y como es la huevada, asesinan a los niños y el gobierno no hace nada", evidenciando la frustración colectiva ante la violencia estatal.
Avances en la investigación y detenciones
La Fiscalía ha dictado prisión preventiva contra los 16 militares involucrados en el caso. La investigación fiscal ha revelado dos elementos cruciales: primero, la confirmación por parte del fiscal Christian Fáez de que no existe ninguna evidencia que vincule a los menores con acto ilícito alguno, desmontando así la narrativa inicial que pretendía justificar la intervención militar. Segundo, los análisis forenses no solo confirmaron la identidad de los cuerpos, sino que también revelaron señales inequívocas de tortura, transformando el caso de una desaparición forzada a una ejecución extrajudicial con agravantes de crueldad.
La militarización como política fallida
La tragedia de Los 4 de Las Malvinas demuestra el fracaso catastrófico de la militarización como respuesta a los problemas de inseguridad en Ecuador. Esta política, implementada como solución a los problemas de seguridad y economía, ha resultado en la muerte de cuatro niños a manos de quienes debían protegerlos, exponiendo las consecuencias fatales de la militarización como política de Estado.
Organizaciones de derechos humanos han calificado este crimen como un caso de abuso de autoridad y discriminación racial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han expresado su preocupación y emitido recomendaciones urgentes al Estado ecuatoriano.
La lucha por la justicia continúa
La confirmación del asesinato de Los 4 de Las Malvinas marca un punto de inflexión en la historia reciente de Ecuador. Sus amigos del equipo de fútbol han prometido limpiar sus nombres y no permitir que el caso quede en la impunidad. Este compromiso refleja la determinación de la comunidad por conseguir justicia y transformar las estructuras que permitieron esta tragedia.
La lucha contra la impunidad y por la desmilitarización del país debe continuar. Es necesario construir desde abajo alternativas democráticas y participativas que garanticen que ninguna familia vuelva a sufrir el horror del terrorismo estatal. La memoria de Ismael, Josué, Saúl y Steven debe convertirse en un catalizador para el cambio profundo que Ecuador necesita, donde la vida y los derechos de todos sean respetados y protegidos. | 
