Este viernes 3 de enero desde Palacio Nacional, fueron Edgar Zamora, subsecretario de Hacienda, y Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia, quienes anunciaron el plan, señalando que, contrario a los gobiernos neoliberales, durante los cuales ese Plan de Desarrollo, donde se definen las prioridades, económicas y sociales, era elaborado solo por los altos mandos del gobierno, “ahora tomará en cuenta a los diversos sectores de la sociedad”.
De acuerdo con Zamora, este plan será “la guía del gobierno mexicano donde se definen las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio”. Incluirá cuatro ejes generales: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo y Desarrollo sustentable. Estos ejes contarán su vez con tres ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Es así que dieron a conocer que a partir del próximo lunes 6, comenzarán los foros de participación ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025 -2030.
Este anuncio parece abrir camino a cierta democratización del Estado mexicano. Indudablemente está inspirada en la democracia participativa enarbolada por el primer Foro Social Mundial, que tuvo lugar en 2001 en Porto Alegre, Brasil.
Sin embargo, el concepto de desarrollo está asociado a un conjunto de ideas centradas alrededor del crecimiento ininterrumpido impulsado por la economía que niegan límites sociales y ambientales. Se concibe el avance cimentado en el desarrollo de ciencia y técnica y está asociado a progresos en campos sociales y políticos. Se inscribe también en la defensa de un tipo de ordenamiento estatal, en particular la democracia liberal, donde la meta principal de la vida personal es el consumo. Se genera una mercantilización del entorno y de las relaciones sociales, incluyendo el comercio por parte de empresas de bienes naturales comunes, como el agua.
Los foros planificados en sí mismos no garantizan la participación popular -¿existirán permisos laborales que todas y todos los trabajadores puedan participar?, ¿habrá garantías para que las amas de casa, tan reivindicadas por la presidenta, puedan dejar a un lado las tareas domésticas y puedan participar?- ni que sean resolutivos. La configuración de un plan para el país que no parta de terminar con los multimillonarios beneficios para la trasnacionales no puede atender las necesidades sociales de las mayorías, como acceso a vivienda, alimentación saludable, entorno no contaminado, salud, educación, esparcimiento. ¿Qué cambios puede haber sin poner en cuestión la dictadura dentro de cada centro de trabajo, donde empresarios, gerentes y altos funcionarios establecen qué producir o qué servicios desarrollar y cómo hacerlo, relegando a trabajadoras y trabajadores el papel de ejecutores de órdenes de quienes continúan privilegiando las ganancias de unos pocos, incluso con el discurso de una “mejor distribución de las riquezas” en nombre del “humanismo mexicano”?
De cara a la crisis migratoria
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a evitar vincular a las personas migrantes con violencia, pues “somos un pueblo solidario, generoso, y el 99% de las personas migran por necesidad”.
Señaló que no está de acuerdo con el anuncio del próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, de que este mes iniciarán las deportaciones masivas. “No estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas y vamos a pedir a EEUU que los migrantes que no son de México sean llevados a sus países de origen, y si no nosotros podemos colaborar” afirmó la titular del poder ejecutivo.
No obstante, la realidad es que la política de la Cuarta Transformación sigue los lineamientos ordenados desde Washington. Por un lado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, dio a conocer en diciembre pasado que se crean 25 albergues, localizados en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, para albergar a las personas deportadas de origen mexicano solamente.
Por otro lado, se mantiene el despliegue de la guardia nacional, el ejército y agentes migratorios en todo el territorio, pero especialmente en las fronteras sur y norte para evitar que las caravanas migrantes crucen el Río Bravo hacia Estados Unidos, al tiempo que mantienen el hostigamiento contra las personas en tránsito, hombres, mujeres y niños, quienes están expuestos a la violencia del Estado mexicano y al crimen organizado. Todo esto con el agravante de que el propio imperialismo estadounidense creó la crisis estructural que prima en Centroamérica y en México, y que orilla a cientos de miles a buscar una vida mejor en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
Ante esta situación es cada vez más urgente que se alcen las voces en Norte y Centroamérica en defensa de las personas en tránsito, por el libre tránsito a través de la región y por plenos derechos laborales, sociales y políticos para todas y todos los migrantes.
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