Este lunes comenzó el juicio a Relmu Ñamku, la mujer mapuche acusada de “tentativa de homicidio” por defender su tierra del avance extractivista. Un verdadero apoyo de la Justicia a las grandes empresas, que encuentran en la judicialización de la resistencia la mejor manera de silenciarla y avanzar con la contaminación y el saqueo de territorios.
El juicio es por jurado y contará con la presencia de seis jurados mapuches (de un total de doce). Además será traducido al Mapudungun (lengua mapuche). Organizaciones sociales y de Derechos Humanos convocan a asistir al Juicio que se llevará adelante en Zapala en apoyo a la líder Mapuche. También habrá movilizaciones en CABA.
Relmu Ñamku fue acusada de “tentativa de homicidio” por arrojar una piedra mientras intentaban frenar la avanzada de las topadoras que querían desalojar a la comunidad Winkul Newen de su territorio en el paraje Portezuelo Chico, provincia de Neuquén. El hecho ocurrió en Diciembre de 2012, mientras la comunidad mantenía cerrado el paso a la empresa. Al lugar había llegado la oficial judicial Verónica Pelayes acompañada por miembros de la policía, topadoras y guardias de seguridad de la empresa, con la función de notificar a la comunidad del incipiente desalojo.
Según relatan los miembros de la comunidad presentes en el momento, la oficial dio la orden para que entre la topadora y entonces la comunidad respondió con piedras para resistir. Una de las piedras impactó sobre Pelayes ocasionándole la fractura de tabique y otras heridas en el rostro.
El aparato judicial al servicio de los intereses de las grandes empresas
Actualmente a lo largo del territorio son más de 300 los mapuches que se encuentran judicializados. Pero además este mecanismo ha sido utilizado en otros conflictos con comunidades originarias. Uno de los más resonantes es el de Félix Díaz, qarashe de la comunidad qom de Formosa, quien se encuentra acampando en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires por segunda vez hace varios meses, y también está siendo judicializado bajo la acusación de “usurpación”.
Pero lo más grave del caso de Relmu Ñamku es la carátula con la que está llevando adelante el proceso judicial. En un primer momento, la fiscal de Zapala Sandra González Taobada hizo la acusación por “daños” a los tres imputados (Relmu Ñamku, Martín Maliqueoy y Mauricio Rain). Pero después decidió cambiar por “tentativa de homicidio”, pidió quince años de cárcel y acusó a Relmu de ser la autora material del hecho. Definitivamente, la justicia burguesa ha decidido dar un paso más allá en la criminalización de la protesta.
Por otra parte, este proceso judicial que se llevará adelante durante varios días no es la única acción legal iniciada durante todo este conflicto, aunque sí la única que tuvo la atención de la justicia.
Desde que se inició el conflicto, hace más de una década, la comunidad tuvo que soportar varios ataques desde el sector empresarial y el aparato estatal. Primero fue con la petrolera Piooner, después con Apache Corporation, y ahora con YPF quien compró la petrolera Apache por 800 millones de dólares.
Los Winkul Newen comenzaron la resistencia a las excavaciones en territorio mapuche siendo que no se hizo caso a las leyes sobre pueblos originarios que exigen la consulta y el consentimiento de las comunidades afectadas para la explotación de sus territorios. El conflicto se agudizó, entre otras cosas, a partir de algunos derrames de hidrocarburos que afectaron severamente las condiciones habitacionales de la población.
Una vez iniciada la resistencia de la comunidad, como era de esperarse, hubo respuesta de la empresa. Como cuenta en una nota Darío Aranda, los miembros de la comunidad fueron agredidos en varias oportunidades por seguridad privada de la empresa, sufrieron varios desalojos, tuvieron que soportar que una patota ataque a la comunidad, que un joven fuera herido de bala, una anciana desfigurada, y la lonko Violeta Velázquez (que estaba embarazada) golpeada (Página/12, 24-10).
Esto fue denunciado en la misma fiscalía que está llevando adelante el proceso contra Relmu (de González Taobada) pero ninguna de estas denuncias prosperó, todas fueron archivadas. Además, una beba nació con graves problemas y murió luego de nacer. La comunidad acusó a los efectos contaminantes de los trabajos en los pozos petroleros de ser los causantes de ésta muerte.
Criminalización de la protesta
Este juicio puede sentar una peligrosa jurisprudencia para todas aquellas comunidades que están atravesando conflictos territoriales. Pero además, es el trasfondo de una discusión mucho mayor de la que se plantea en las actas jurídicas. La discusión pasa por las herramientas que tienen las comunidades para defenderse no solo de las grandes empresas, sino también del mismo estado que hace doscientos años persigue a los pueblos originarios, les roba las tierras y les vulnera los mismos derechos que le concede.
Como puede verse, la vía institucional o jurídica aún cuando el avance en materia de derechos humanos y leyes sobre los pueblos originarios es festejado por muchos, sigue siendo una calle sin salida tanto para las comunidades que pelean por sus derechos como así también para tantos trabajadores y militantes que son criminalizados y judicializados por ejercer su derecho de defenderse. | 
