Foto: Askapena
Detenidos el 28 de septiembre de 2010 en una operación desarrollada en el País Vasco y Navarra, acusados entonces de formar parte de la estructura de ETA, Walter Wendelin, Gabriel Basáñez Ruiz, Unai Vázquez Puente, David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel, se enfrentan hoy a un juicio en el que la Fiscalía pide penas de seis años de prisión, otros 14 de inhabilitación absoluta y la ilegalización de su organización.
¿Qué es Askapena?
Askapena es una organización internacionalista vasca nacida en 1987. En su sitio web, se presentan como una organización que entiende Euskal Herria como “un pueblo en lucha por su liberación, liberación social y liberación nacional” y se consideran “una parte más de la lucha por conquistar la independencia y el socialismo para nuestro pueblo”.
La solidaridad con los pueblos que luchan contra el imperialismo son para Askapena parte integrante de su lucha por la liberación del pueblo vasco. “Los pueblos necesitamos ayuda y ternura mutuas: la solidaridad de ida y vuelta. Para poder avanzar en la lucha de liberación vasca necesitamos la solidaridad de los pueblos y, del mismo modo, trabajar la solidaridad de nuestro pueblo hacia los que luchan contra el imperialismo”, dicen en su presentación.
Tres áreas son las que definen como sus ámbitos de trabajo: “dinamizar y trabajar la solidaridad en Euskal Herria hacia otros pueblos mediante lucha ideológica, movilización y desarrollando actitudes solidarias”; “impulsar, ayudar y dinamizar la solidaridad hacia la lucha de liberación de Euskal Herria en otros pueblos del mundo”, y “participar en el movimiento contra la globalización”.
En concreto, la organización que ya lleva 30 años de existencia, dedica sus esfuerzos militantes a organizar e impulsar campañas de solidaridad, brigadas y jornadas internacionalistas, tanto de solidaridad hacia Euskal Herria, como hacia otros movimientos populares en el resto del mundo.
El proceso contra “los cinco”: un juicio político
El proceso contra los cinco militantes de Askapena tiene su génesis cinco años atrás. El 28 de septiembre de 2010, continuando una instrucción iniciada por el entonces juez Baltasár Garzón, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio orden a la Policía Nacional de detener a siete personas en un operativo realizado en el País Vasco y Navarra. Días más tarde se sumó una nueva detención en Iparralde (País Vasco francés).
La mayoría de los militantes detenidos estuvieron en prisión preventiva durante seis meses, sometidos a regímenes de aislamiento y en prisiones a cientos de kilómetros de sus residencias. Para obtener la libertad condicional, todos ellos debieron pagar una fianza de 60.000 euros.
En febrero de 2015, casi cinco años después de la redada policial y las detenciones a las que fueron sometidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ampliaba la acusación contra otras tres organizaciones a las que relaciona con Askapena: la comparsa bilbaína Askapeña, la asociación cultural Herriak Aske y el proyecto de comercio solidario Elkar Truke.
El pasado 19 de octubre, el juicio contra los militantes Walter Wendelin, Gabriel Basáñez Ruiz, Unai Vázquez Puente, David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel comenzó en los juzgados de San Fernando (Madrid) de la Audiencia Nacional.
En un artículo publicado en Diagonal, los cinco militantes de Askapena denuncian el comienzo de una “farsa”. “Hace cinco años se vinculó nuestra detención con el descabezamiento del ‘aparato de internacionales de ETA’”, declaran los militantes. Pero aquella acusación, que hizo las delicias de la prensa adicta al poder político, transformándose en titulares catástrofe, hoy ni siquiera es sostenida por la propia Fiscalía.
En febrero de este año, el fiscal que instruye en la causa presentaba un escrito en el que los elementos de la acusación variaban notablemente de los esgrimidos cinco años antes.
Para los militantes de Askapena, “no hay elementos con los que mantener ante un tribunal una acusación que sirvió en un momento político concreto para un objetivo político concreto”.
“En febrero de 2015 pasamos de ser ‘miembros del aparato de internacionales de ETA’ a ser acusados de ‘colaboración con organización terrorista’. Lo cual es tanto como reconocer que no hay, ni de lejos, elementos con los que mantener ante un tribunal una acusación que sirvió en un momento político concreto para un objetivo político concreto”, denuncian en el artículo publicado en Diagonal.
Para Askapena, la nueva teoría urdida por el Estado para continuar con el proceso es que Askapena ha sido utilizada por ETA para extender sus vínculos internacionales. Sin embargo, al no poder “determinar ni un solo hecho que vincule a Askapena o a ninguno de nosotros cinco con ETA”, dicen los militantes, “se centra en tratar de establecer que es la actividad propia de Askapena en el ámbito del internacionalismo la que se desarrollaría en beneficio de ETA o de sus intereses”.
De esta manera, “las brigadas, la solidaridad con Euskal Herria a través de los Euskal Herriaren Lagunak, la organización de las Jardunaldi Internazionalistak o la participación en Foros Internacionales pasan a convertirse en elemento de acusación”.
Todas estas actividades serían, según la instrucción del caso, directrices ordenadas desde ETA para impulsar sus relaciones internacionales.
El colmo de esta lógica de la acusación, ha sido considerar que el impulso de las campañas internacionales de Boicot a Israel (como el BDS) o contra la multinacional imperialista Coca-Cola por el sistemático asesinato de dirigentes sindicales y activistas en Colombia, constituyen una demostración de la vinculación política de Askapena con ETA.
Según la “absurda teoría de la fiscalía”, denuncian los militantes vascos, “serían miles las personas que en las últimas décadas han colaborado con ETA”, sin siquiera saberlo.
Los militantes no ocultan ni mucho menos su pertenencia a ese amplio espacio político ideológico que representa la Izquierda Abertzale. Por el contrario, reivindican que ese es “el espacio en el que trabajamos para realizar nuestro ejercicio del derecho de autodeterminación y aspirar a una Euskal Herria independiente”.
“Estamos plenamente convencidos”, afirman, “que esa Euskal Herria será internacionalista o simplemente no será. En nuestra cabeza no cabe una Nación Vasca que reproduzca los valores imperialistas de todas las Españas que, por desgracia, hemos padecido y padecemos los pueblos desde hace siglos.”
Solidaridad
Desde hace meses, en oposición al juicio político del Estado contra los cinco militantes, se ha venido desarrollando un amplio movimiento solidario en distintos pueblos, ciudades y países, organizando juicios populares contra el Estado español.
Más de 200 organizaciones sociales en más de 40 municipios han impulsado esta iniciativa, la mayoría de ellos en el País Vasco, pero también en Madrid y varios países, como Argentina o Italia.
Varios Ayuntamientos e Instituciones, como los de Bilbo, Vitoria o Amurrio, así como el Parlamento de Navarra, han aprobado también mociones para mostrar su apoyo a Askapena, Askapeña, Elkar Truke, Herriak Aske y a los cinco militantes enjuiciados.
Aún resta poco menos de una semana de juicio. Por lo que la solidaridad se profundizará en los próximos días. Entre las acciones solidarias previstas, la más importante es la convocatoria a una manifestación el 31 de octubre en Madrid, que partirá a las 18:00 de Atocha y recorrerá el centro de Madrid hasta Sol.
En la manifestación participarán los cinco militantes enjuiciados y otros imputados e imputadas en juicios políticos que vendrán desde Euskal Herria, así como representantes de Amaiur, ERC, BNG y otras organizaciones solidarias.
El juicio político que se está llevando a cabo contra Askapena en la Audiencia Nacional representa un nuevo ataque del Estado español contra las libertades democráticas en general, y una nueva ofensiva contra la militancia de la izquierda vasca en particular.
La ampliación hasta el límite del absurdo de la doctrina de “todo es ETA”, impulsada hace años por Baltasar Garzón y adoptada como propia por todos los partidos del régimen, empezando por el PP, es sólo la cara más grotesca de la (in)justicia congénita que representa el Estado español.
Frente a la represión y la persecución, la solidaridad y la movilización son las mejores armas, para imponer el sobreseimiento de “los cinco” de Askapena, enfrentar los juicios por venir (como el que comenzará en noviembre contra los 35 detenidos en la redada de Segura, que se enfrentan a entre seis y diez años de cárcel), y lograr la libertad de Alfon y todos los militantes obreros, juveniles y populares presos por luchar.
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