El TEPJF argumentó que durante el proceso había habido intervención del entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco, así como del procurador estatal, para favorecer al candidato Ignacio Peralta Sánchez.
Asimismo, el senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) un audio en donde Salazar gestionaba apoyo para el candidato del PRI. El partido tricolor respondería denunciando a su vez a Preciado y a Salazar por presunto uso inadecuado de listas nominales. Señalan que Preciado presentó documentos falsos ante la autoridad electoral y Salazar había sido su cómplice para revertir los resultados de las elecciones en Colima.
Por su parte, el priista Salazar saldría a declarar, al tiempo de hacer pública su renuncia, que lamentaba la “perversidad” con la que actuó Preciado y el PAN, con la finalidad de afectarlo a él y al candidato del PRI. Al mismo tiempo, denunciaba estar siendo acosado y haber recibido amenazas a raíz de que se difundiera la noticia.
Por su parte, MORENA presentó un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para invalidar el triunfo de los diputados a nivel federal por el Verde Ecologista, alegando que de haber reconocido antes que el PVEM impactó elecciones por medios ilícitos, ningún diputado por éste partido conservaría su cargo.
A decir del representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate, esta medida llega, aunque tarde, a sentar un precedente para futuros procesos.
Se muestra así la podredumbre de esta democracia para ricos, cuyos partidos políticos, al servicio de las patronales, se disputan quien llega al gobierno y utilizan para ello todo tipo de trampas y maniobras, al amparo de las instituciones.
Otra vez el PVEM
Este no es el primer escándalo que protagoniza el PVEM. En las elecciones federales, en donde se presentó un centenar de candidatos por la coalición PRI-PVEM, fueron 10 mil las tarjetas repartidas, con un valor de 2 320 000 pesos.
Durante las elecciones del pasado junio, enfrentó una multa de 76 millones de pesos por rebasar el tope para una campaña electoral, con un gasto de más de 50 millones de pesos en 250 mil spots publicitarios. La Sala Superior del TEPJF otorgaría facilidades al Verde para pagar la multa.
En este mismo periodo, el Verde enfrentó un proceso en donde todos los demás partidos (con excepción del PRI), pidieron se les retirara el registro, petición que fue rechazada por el INE. Esta decisión cuestionaría profundamente el carácter “imparcial” del órgano electoral y dejaría evidente la subordinación al partido en el poder.
En los comicios del 19 de julio en Chiapas, el PVEM y el PRI avalaron los resultados de una elección con 192 incidentes reportados, entre los que destacaron los de robo y quema de urnas y compra de votos.
No es sólo el Verde
Tras la crisis que significó la desaparición de los 43 para el régimen y todos los partidos patronales que lo componen, estos buscaron en las elecciones legitimar sus instituciones y a la misma “democracia asesina”. Ante las irregularidades con las que se han realizado las elecciones, el INE y el TEPJF han guardado silencio y aplican sanciones a discreción. Estos dos organismos son parte de los cimientos de este régimen de miseria y muerte, impulsores de la trampa electoral y cómplices de la imposición de las reformas estructurales.
Es claro que no serán estas instancias, emanadas del mismo régimen político como un intento de dar “certeza” y “claridad” a un proceso amañado, las que garantizarán que se cumpla la voluntad del pueblo trabajador. No son tampoco los partidos en el Congreso quienes verán porque se “respete el voto”, pues son los primeros en emprender campañas millonarias que no sólo ofenden por su desproporción en un país con el 45.5% de la población viviendo en la pobreza, sino que van acompañadas de una política de criminalización y persecución para acallar el descontento. Si los partidos imponen con sangre su legalidad ¿podemos confiar en que respetarán la voluntad de las mayorías?
Estas instituciones, lejos de ser “democráticas”, son las responsables de la entrega del país al imperialismo, las reformas estructurales y los bajos salarios. Para garantizar eso no dudan en pisotear los más elementales derechos democráticos de los trabajadores y el pueblo -como vemos ahora en Oaxaca con el desalojo del plantón y el encarcelamiento de los maestros- y fortalecer los mecanismos represivos.
Ante eso, los trabajadores y la juventud combativa debemos construir nuestra propia organización, que pelee por nuestras demandas, que enfrente el ataque a las libertades democráticas y las conquistas obreras y populares. Y que llame a luchar contra las instituciones de esta democracia asesina del PRI-PAN-PRD y por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre. | 
