El lunes 26, el diario Clarín publicó una nota en la que se denunciaba la desaparición de 50 pistolas Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, nuevas y embaladas, del Comando de Acción Preventiva (CAP) del barrio Ampliación Cerveceros, en el sur de la capital. En esa dependencia comenzó el autoacuartelamiento policial en diciembre de 2013.
Según “fuentes” no especificadas en la nota, el monto de las armas asciende a $ 750 mil y varios miembros de la cúpula policial conocían el hecho, entre ellos el Jefe de la Policía, comisario mayor Julio César Suárez, además del ex ministro de Gobierno y Seguridad Walter Saieg. Ninguno de ellos había realizado denuncia alguna en la Justicia.
Otro escándalo para Suárez
Luego de declarar a la prensa que no estaba enterado del hecho, Suárez realizó la denuncia penal, detallando que las armas habían sido robadas de un depósito ubicado en la propia Jefatura de Policía y se trataba de 67 pistolas Bersa 9 milímetros. Acto seguido, el Tribunal de Conducta de la Policía pasó a situación pasiva a 17 policías que se desempeñaban en la División Armamentos y Equipos. Entre ellos se encontraban el Director de Logística, comisario mayor Daniel Zambrano, del jefe de la división Armamentos y Equipos, comisario Sebastián Vaca, y del jefe de la División Exposiciones por Extravíos, subcomisario Guillermo Gasser. Posteriormente, el fiscal anticorrupción Hugo Amayusco ordenó el arresto de los jefes implicados, pero hasta ahora no se ha dado con el paradero de Vaca.
El fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano, ya ordenó al fiscal que abrió la causa penal que se la envíe para analizarla y decidir quién la investigará. Esto respondería a que al menos otros tres fiscales cordobeses recibieron denuncias similares de robos de pistolas policiales y Moyano pretende “unir” todas las denuncias y entregar la causa completa a un único fiscal para que investigue concretamente el delito del robo.
Como si esto fuera poco, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano inició una investigación para conocer la situación legal de las armas desaparecidas. Como primera medida, envió un exhorto al Registro Nacional de Armas y al Ministerio de Defensa de la Nación para establecer si las pistolas estaban debidamente autorizadas o si estaban “en negro”.
Ayer por la mañana, una denuncia anónima alertó sobre la presencia de unas 30 fundas de pistolas en la Reserva Ecológica San Martín, al oeste de esta Capital. Fueron incautadas y se investiga si hay alguna relación entre este hallazgo y el robo de las armas.
De “chisme” a “narcos”
En un primer momento, el gobernador De la Sota había calificado la nota de Clarín como un “chimento salido de adentro de la Policía” y lo había atribuido a un intento de desestabilizar su gobierno.
Luego de la denuncia y de las detenciones, prometió echar a todos los policías relacionados con narcos y robo de armas. “Han vendido armas a los ladrones para que puedan matar a sus propios compañeros”, dijo en una radio de Río Cuarto. También calificó de “escándalo” al caso del ex jefe de Drogas de esa ciudad, Leonardo Hein, imputado por la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
“Uno espera que la policía nos cuide, no que sean ladrones (…).Hay que meterlos presos a todos, una vez que el juez tenga las pruebas y los procese nosotros los vamos a echar, no como se hacía antes que los pasaban a pasiva y después le daban el retiro, premiaban a los sinvergüenzas con jubilaciones a los 40 años. Los poliladron tienen que ir presos”, subrayó.
Este nuevo escándalo se agrega a los reiterados casos de policías implicados en narcotráfico y hechos de gatillo fácil, como así también las detenciones arbitrarias de jóvenes con el Código de Faltas. Lejos de ser casos aislados, como postula De la Sota, la Policía de conjunto es una institución que regentea el gran delito con jugosas ganancias, con la complicidad de jueces, fiscales y políticos. | 
