Los anuncios
El ministro Secretario General de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre fue nombrado como “coordinador administrativo” con el Ministerio del Interior del opositor a la Asamblea Constituyente el DC Jorge Burgos como el responsable político.
En una entrevista definió que el debate será como “sobre una hoja en blanco”, despertando las iras de la derecha, que a lo sumo acepta alguna nueva reforma, algún ajuste menor que fortalezca sus intereses y privilegios.
Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho para el Gobierno. La forma de participación ciudadana será mediante cabildos consultivos, que serían en principio 54 y sin límites en la inscripción para su participación, lo que podría elevar su número.
Por sobre los Cabildos, estará el Consejo Ciudadano, compuesto de un circulo de solo 10 o 12 personas designadas por el Gobierno.
Previamente se realizará la fase de educación cívica, para la que se solicitaron fondos en el Presupuesto 2016, y que la derecha anunció su rechazo por considerar que se utilizará como “adoctrinamiento ideológico”.
El objetivo es darle el gusto a todos. Según Nicolás Eyzaguirre, “en mi caso particular, pienso que esta Constitución está hecha a la medida de una particular visión del mundo. De una particular forma de ver cómo debe organizarse la sociedad. Es una Constitución mucho más inspirada en principios conservadores y neoliberales; conservadores en lo valórico y neoliberales en lo económico. Es natural que quienes puedan ser más liberales en lo valórico y más social-demócratas en lo económico no se sienten identificados con esa Constitución. Lo que queremos es que haya una Constitución donde ambos, conservadores y liberales, socialdemócratas y neoliberales, se sientan a gusto y que las políticas públicas sean las que, en definitiva, determinen el curso de cada gobierno; si la orientación es más hacia un lado conservador o liberal o hacia un lado neoliberal o socialdemócrata”.
Una pretensión imposible pero persistente de este Gobierno, que siempre se estrella con el resultado contrario, dejar descontentos a unos y a otros.
La realidad
Todo es una farsa. Respecto de la fase de participación, aclaró que “de los cabildos no va a salir una Constitución, se va a tener una especie de lista de preferencias y de deseos”.
Además, como reaseguro, se exige una votación de dos tercios del actual Parlamento de diputados y senadores en compra-venta a Penta, SQM, Corpesca y otras empresas, la que habilite, o no, el proceso. No es que este Congreso no tenga un rol. Tiene la llave más importante de todas, que es la reforma constitucional. Si este Congreso no la aprueba, el proceso queda en punto muerto”, dijo el ministro.
Los pasos
Los pasos, adicionalmente, siguen la tónica de los primeros días, todo por arriba, como informamos en La Izquierda Diario aquí.
Ahora fue el turno del guardián de la Constitución de Pinochet, el Tribunal Constitucional. El miércoles 28 de octubre, Bachelet se reunió con el presidente de este organismo, Carlos Carmona. Al salir, declaró que "las funciones que el Tribunal lleva a cabo son esenciales para el proceso político y democrático y existen desde el año 1970. Nosotros creemos que el proceso constituyente, en el debate que se produzca en su momento, reconocerá ese rol". Y para despejar cualquier duda remató con que la institución que presiden "tiene potestades que pueden incidir en el proceso constituyente, no puede participar activamente del proceso, para mantener la neutralidad en el ejercicio de esas potestades".
Además, ayer se reunió con los parlamentarios. Patricio Walker el presidente del Senado de la DC buscó llevar tranquilidad diciendo que se respetará la institucionalidad. La de la dictadura, que permanece. También despejó posibles dudas al declarar que “cualquier decisión va a ser tomada con participación ciudadana pero respetando lo que son las atribuciones del Congreso Nacional”. Y destacó la exigencia de dos tercios, ya que “ese es un incentivo para que haya acuerdo, para que haya unidad nacional”.
Las críticas
La derecha está enervada. Una editorial de La Tercera critica la improvisación, preocupada de que no se haga en base a “consensos”, con ellos, es claro. Por eso, llama abiertamente a que los parlamentarios rechacen la glosa presupuestaria para la fase de educación cívica. “El Congreso debería reparar y exigir que dichas definiciones estén disponibles por parte del Gobierno antes de discutir las respectivas partidas presupuestarias, y rechazarlas en caso de que ello no ocurra”, escribieron.
En la misma política están los intelectuales de la derecha. Olga Feliú también llamó a rechazar la glosa del Presupuesto, diciendo que “para materializar legalmente los anuncios presidenciales se requiere de una ley que se pronuncie sobre todas las complejas materias antes enunciadas. La glosa presupuestaria que recae sobre este gasto, que no da respuesta a ninguna de estas interrogantes, no debiera ser aprobada”. Remitiendo a exigencias legales, adelanta que podría ser impugnado el proceso por inconstitucional.
El UDI Gonzalo Rojas, a propósito de la “hoja en blanco”, enciende las alarmas de su sector advirtiendo que “nadie le va a creer que su gobierno no tiene un diseño perfectamente claro de lo que la izquierda quiere hacer en materia constitucional”.
Por izquierda corren las críticas. El historiador Sergio Grez critica que “la propuesta de Bachelet no apunta a permitir el pleno ejercicio de la soberanía popular sino, por el contrario, a impedir que esta se exprese sin restricciones, entregando la conducción y el rol decisivo a las mismas fuerzas sociales y políticas que han administrado y se han beneficiado del modelo neoliberal durante décadas”. Agrega que “hay que desechar ilusiones infundadas y estar dispuestos a dar una lucha prolongada apoyándonos principalmente en nuestras propias fuerzas. Se necesita desarrollar fuerza constituyente, de raigambre esencialmente popular, que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente.
Los foros se suceden. En el titulado “Neoliberalismo chileno: trayectoria y posibilidades de superación” con la participación de los sociólogos Manuel Antonio Garretón, Giorgio Boccardo, sociólogo y Alberto Mayol, se advirtió sobre las dificultades ya que el actor “materialmente constituido” hoy es el empresariado.
Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, plantea que se trata de una “convocatoria histórica de mayor profundidad que ha tenido la República de Chile, que es un proceso constituyente, porque ninguna Constitución se ha gestado con tamaño debate y mucho menos ha tenido como potencial camino una Asamblea Constituyente, que habrá o no habrá, según el pronunciamiento mayoritario del pueblo”. Ya vimos que este pueblo de Carmona se podrá pronunciar sólo a través de los dos tercios de los parlamentarios en compra-venta a Penta, SQM y Corpesca.
Fabián Puelma del Partido de Trabajadores Revolucionarios, denuncia que el proceso constituyente de Bachelet y la Nueva Mayoría se reduce a la discusión de esta casta, bajo los límites de la Constitución de Pinochet, para oxigenar al régimen cuestionado y en crisis. Que sólo una Asamblea Constituyente Libre y soberana, basada en la movilización y sobre el fin de esta casta de parlamentarios en compra-venta a Penta, SQM y Caval y su Gobierno, podrá discutir la renacionalización bajo control de los trabajadores de los recursos naturales y estratégicos, el derecho a la auto-determinación nacional del pueblo mapuche, entre otros debates, y como parte de la lucha por una República de Trabajadores, basada en sus organismos de democracia directa, única salida íntegra y efectiva para las demandas y para los intereses del pueblo trabajador. |
