Nuevamente la muerte de dos detenidos en una dependencia policial de Yerba Buena vuelve a estar en los medios. El fiscal Washington Navarro Davila ordenó el allanamiento de la Brigada de Investigaciones Norte, después de cuatros meses de ocurridos los hechos. Los diarios dan cuenta de la versión policial según la cual los presos incendiaron colchones para impedir una requisa de rutina.
Esto manifestó el jefe de la Regional Norte, el comisario Luis Mansilla, el mismo día de los hechos: “En la Brigada hay un calabozo donde están detenidos internos partícipes ya con cierta gravedad (…) han prendido colchones, nosotros inmediatamente hemos pedido refuerzos y que se constituyan diferentes áreas de salud y fueron asistidos en el lugar”. Y admitió que la propia Policía manipuló la escena del crimen y una abogada también manifestó que se llevaron 2 cajas con elementos. “Acá es un lugar donde estaban detenidas personas a disposición de la Justicia, son lugares donde satisfacen sus necesidades”. Ante la pregunta de si los 17 presos (en realidad eran 18) estaban en la misma celda, alegó no poder brindarle esa información “por seguridad, sobre todo”. Por su propia seguridad, claramente.
Un abogado de otro de los detenidos habló de quema de colchones, siempre siguiendo la versión policial, ante una requisa. Estaban todos con principio de asfixia. Y describió las condiciones de detención, bastante diferentes a las nebulosas manifestaciones de Mansilla: “una celda que tiene 4x3 metros, donde estaban hacinadas 17 personas. Después tienen otro espacio más donde tienen la visita, una reja que está en la parte exterior del calabozo (un “jaulón” de hierro) y un baño de pequeñas dimensiones”. Remarcó que es esto se vive en todas las comisarías.
El mencionado “jaulón” de hierro es clave para entender cómo ocurrieron los hechos, dado que no había peligro de fuga por la existencia de este enrejado exterior al calabozo, donde recibirán a las visitas. Y sólo cuando el humor de la guardia lo permitía, podían acceder a ese espacio fuera del calabozo.
Los testimonios de familiares y allegados afirman que tras días de apremios y malos tratos, sumados a las degradantes condiciones de detención, provocaron situaciones de tensiones. La Infantería ya había torturado a los jóvenes el domingo, un día antes de la masacre. Esto lo supieron los familiares, pues los propios detenidos se comunicaron mediante los celulares que los policías les permitían tener tras un previo pago semanal de $300 a $600, tasado según el humor de la guardia.
Es una práctica habitual en las comisarías que la Infantería sea convocada para apalear y “verduguear” a los detenidos. Al día siguiente, convocaron a la Infantería para golpear nuevamente a los jóvenes y allí es que se desata el incendio, cuyo origen aún no está esclarecido. Los detenidos comenzaron a pedir ayuda y que los saquen. Los uniformados no solo no accedieron (aun teniendo el jaulón del patio por lo que insistimos, no había riesgo de fuga como se alega desde la fuerza), sino que uno llegó a gritarle “¿Querían fuego? Ahí tienen fuego, que se caguen esos hijos de puta”. Quien habría gritado esa sentencia fue el mismísimo Daniel Cuellar, subjefe de la Brigada Norte.
Ante la desesperación por no poder escapar, ocho detenidos intentaron buscar refugio en el pequeño baño de la celda, intentando poner sus cabezas debajo y dentro del inodoro. Tras largos minutos que resultaron fatales para Ariano y Emanuel, llegó una cuadrilla de bomberos y rescató a los internos. Ocho fueron hospitalizados. El relato de los bomberos echa por tierra la versión oficial que afirma que reaccionaron “en 2 minutos”: “Había ocho chicos amontonados en un baño de un metro por uno y medio. Estaban metidos ahí. No se veía nada; pero no por las llamas, sino por el humo. Era espeso. Para entrar, hicimos un rastreo por las paredes. Íbamos palpando. Y cuando los encontramos, no lo podíamos creer: no esperábamos que hubiera tantas personas en ese lugar... La cantidad de cuerpos que sacamos. Era difícil separarlos, porque se habían aferrado a ellos mismos. Algunos estaban arrodillados. Otros, acostados en el piso, comprimidos por sus compañeros de encima. Dos habían metido la cabeza dentro del inodoro, porque buscaban aire. Estaban desmayados, en estado de shock o con una asfixia grosera. Los íbamos sacando de uno en uno. Y los llevábamos hasta un patio. Entonces, los poníamos de costado, vomitaban y volvían a respirar. Todavía hoy, me acuerdo de esos cuerpos, tirados e inconscientes. Y me acuerdo también de los dos que no aguantaron. Intenté revivir a uno de esos chicos durante 15 minutos. Después le hicieron reanimación los médicos. Cuánto humo habrá tragado. Y en medio de eso, los gritos. Los gritos de dolor se oían todo el tiempo, de los que volvían en sí y de los demás presos, que nos pedían que salváramos a sus amigos. Era una escena complicada. Si hubiésemos llegado unos minutos más tarde, morían todos”. Según el bombero, “el baño donde se habían metido los ocho es más chico que esta mesa. ¿Entiende? Más chico que una mesa.” Otro agregó: Fue un trabajo complicado. Nos desgastó físicamente. Era mucha gente metida en un lugar tan chiquito".
Los detenidos en la celda de 4x3 metros eran 18, ya que el relato policial en un primer momento intentó ocultar la presencia de un contraventor entre los detenidos. Una abogada de los detenidos sostuvo el 29 de Junio en las puertas de la Brigada, “son chicos que vienen desde el (instituto de menores) Roca, donde ya hubo episodios de este tipo y no iban a iniciar por su propia torpeza una quemazón de colchones. Es doloroso porque son chicos que tenían causas excarcelables, causas con tentativa que no tendrían que haber estado nunca aquí. Verdaderamente es doloroso, no dejan de ser seres humanos, tener esta muerte es horrible, acá pasó el Jefe de Policía (Dante Bustamante, quién dirigió la represión en Plaza Independencia) sin realizar declaraciones y se han llevado dos cajas los de Criminalística que no sabemos qué es. (…) No hay condiciones dignas en ningún lado, no quieren reinsertar a nadie, quieren meter gente presa y no darle oportunidades. Nadie hace nada por estos chicos, son rescatables, es lamentable que por ser presos no se les lleve el apunte“.
La situación de los jóvenes detenidos difiere bastante del perfil de “delincuentes peligrosos” que sostiene el comisario Mansilla. Emanuel cayó por una causa armada –por la que su hermano se encuentra aún detenido, hemipléjico en una cárcel común, sin recibir atención. Y a Ariano ya le habían otorgado el cese de prisión, pero la Policía no lo llevó a firmar su libertad.
La versión de los oficiales hace agua por todos lados: el jefe de la Brigada habla de una requisa de rutina y ayer mismo por Canal 10 un abogado –Gustavo Carlino, quien defendió a policías imputados en el crimen de Paulina Lebbos– que defiende la versión policial admitió que los jóvenes querían resistir a otra represión de la Infantería. Y habla de que el personal policial reaccionó inmediatamente –en 2 minutos– y que los mismos jóvenes no permitían que abran las puertas. La instalación de una versión que habla de jóvenes que se inmolaron a propósito sólo tiene el fin de encubrir la responsabilidad de la policía.
La misma Corte Suprema Provincial sentenció que el Gobierno Provincial incumple con las condiciones de trato humanitario para las personas privadas de la libertad, en respuesta al habeas corpus presentado –el día de la masacre- por los fiscales Ávila y Gianoni donde denuncian el hacinamiento y las detenciones sin orden judicial ni registro alguno en libro de ingreso: “No caben dudas de que el Estado provincial incumple con las condiciones de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad por el estándar normativo y jurisprudencial antes definido”, sostuvo la Corte.
La Justicia y el Ministerio Público son responsables de la integridad de los presos en las Comisarias, y el Poder Ejecutivo no parece que vaya cumplir con los plazos que se convino para sacar a los detenidos de las comisarías y alojarlos en una nueva alcaldía dentro de Villa Urquiza. Única “solución” del gobierno al problema de los detenidos, que en su inmensa mayoría son jóvenes, pobres y por delitos menores excarcelables, como fue reflejado en un estudio publicado semanas atrás.
Amenazas
La reconstrucción de los hechos también corre el peligro de quedar contaminada con la mirada policial, especialmente por el grave hecho de que los jóvenes que sobrevivieron al incendio fueron amenazados, golpeados, durante días para que declaren que se quedaron dormidos. Uno de los detenidos que fue alojado en el Penal de Villa Urquiza, fue torturado por personal de Brigada Norte, que ilegalmente obtuvo el visto bueno para ingresar a la cárcel a amenazar personalmente a dos presos testigos del hecho en el pabellón de máxima seguridad. Durante tres días fueron "verdugueados" por personal de Brigada Norte, dos jornadas más de vejaciones corrieron por cuenta del personal del Penal. A estos aprietes a los testigos sobrevivientes en el intento de entorpecer la investigación y así garantizar la impunidad policial se sumaron luego los ataques a familiares de las víctimas que se organizan para exigir justicia, sin contar las graves amenazas y hostigamientos a familiares de Ariano y Emanuel, que se organizaron para exigir justicia. |
