El juez Pablo Oritja hizo lugar a un pedido de amparo realizado colectivamente por el pueblo de Jáchal y presentado a través de la Municipalidad, dándole así la orden a la empresa Barrick Gold de volver a trabajar en las condiciones normales expuestas en la última Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en un término de diez días. En el fallo también aclaró que “de no ser posible dicha normalización deberá dejar de incorporar cianuro en el proceso de lixiviación hasta tanto desaparezcan las anomalías constatadas.” El juez ordenó a la policía minera realizar inspecciones semanales en el yacimiento de Veladero “hasta tanto desparezcan las condiciones anómalas que se mantienen desde hace 69 días”.
Oritja concluyó que una de las causas fundamentales del derrame ocurrido el 12 de septiembre en el yacimiento Veladero, fue que había un exceso de agua circulante en el proceso de lixiviación (proceso de separación de minerales y rocas a través del uso del cianuro). La DIA establece que la solución lixiviante no puede ser mayor a los 3.926 metros smn. Sin embargo, la planta está trabajando a 3.934 metros snm. Para el juez, esta anomalía incrementa el riesgo de que por diversos factores se vuelque la solución lixiviante a la vertiente del río. La resolución apunta entonces a normalizar los niveles en el valle de lixiviación. A esto se le suman dos motivos más: la ya conocida rotura de una válvula, por donde se produjo el derrame y una compuerta abierta que debía encontrase cerrada.
Esta sentencia también trajo a la luz un análisis de laboratorio encargado por la misma Barrick a la firma SGS en el que se advierte sobre la presencia de altas dosis de cianuro en el río Jáchal y sus afluentes: En el río Potrerillos se encontraron 64 partes por millón (ppm) de cianuro. El Código Alimentario Argentino establece un máximo de 0,10 ppm de cianuro para el agua potable, por lo que se está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población. Para Oritja, esto es una muestra fidedigna de la contaminación en el lugar y consideró que la empresa “vulneró el deber de preservación del patrimonio natural”.
La Barrick Gold debió entonces reconocer con su propio análisis el daño producido al medio ambiente y a la población del lugar. Las asambleas socioambientales de San Juan continúan denunciando a la empresa y la complicidad del gobierno y exigen el cierre de la mina.
Mientras tanto, un estudio llevado a cabo por el Instituto de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo reveló que en muestras obtenidas en Angualasto (localidad de 300 habitantes ubicada en el noroeste de la provincia, en la margen derecha del Río Jáchal) se encontró la presencia de bacterias causantes de varias infecciones, como la Eschericia Coli, causante de la meningitis.
Esto advertiría que la empresa, además de cianuro, estaría vertiendo residuos cloacales al río. Además el informe, encargado por la municipalidad de Jáchal dice que los análisis “demuestran la contaminación de la cuenca del Río Jáchal con metales pesados en dosis de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables”.
Lejos quedaron las numerosas y extensas solicitadas que se publicaban en los diarios provinciales firmadas por empresas y organizaciones afines a la minería. Ya probada la contaminación desde la Justicia, la propaganda pro-minera ha sido reemplazada por un silencio hermético de las autoridades o, en el peor de los casos, en amenazas como la del gobernador Gioja, quien dijo en una entrevista que “sin la minería se perderían miles de puestos de trabajo”. | 
