En el mes de octubre, se dio a conocer por las redes sociales y distintos medios una planilla que, se suponía, indicaba las liquidaciones de sueldos del mes de septiembre, con abultadas sumas para las autoridades universitarias. La gestión del rector kirchnerista Gustavo Crisafulli salió a desmentir esta información, aclarando que ese mes cobraron deudas de varios meses. Sin embargo, no mostraron efectivamente los recibos de sueldo. Crisafulli sostuvo que cobra “solo” $ 47.000, pero no dijo cuál es su sueldo bruto, es decir cuánto le cuesta a la UNCo mantenerlo por mes.
Ante esta situación se reabrió el debate alrededor de la ordenanza 528 votada en 2011, bajo la gestión de Teresa Vega. En dicha ordenanza se aprueba un aumento salarial de las autoridades, de modo que el rector cobre 2.3 más que un docente con la categoría y antigüedad más alta. Cabe aclarar que menos del 3 % de la planta docente se encuentra en esa situación, mientras los que recién inician cobran menos de $ 4.000 al mes. En aquella ocasión cientos de estudiantes y también docentes movilizados al Consejo Superior de la UNCo mostraron su desacuerdo y repudiaron la sesión.
Los sueldos de las autoridades contrastan con la realidad de la UNCo. Este año fue la propia gestión se vio obligada a declarar la emergencia edilicia, mientras que el presupuesto miserable destinado desde Nación sigue siendo destinado en más de un 90 % a pagar salarios. A esto sumémosle las dificultades de los estudiantes para mantenerse en la universidad: el 80% termina desertando. Frente a todos estos problemas la gestión kirchnerista no ha dado soluciones definitivas, pero sí mantiene sus sueldos de privilegio. Se estima que para fin de año, el sueldo bruto del rector alcanzará los $ 95.000.
En este marco, en la última sesión de Consejo Directivo de Humanidades, la agrupación Contrapelo presentó una propuesta para debatir sobre este tema, apoyada por la consejera estudiantil Alicia Mella, de la Juventud del PTS en la Izquierda al Frente. Sin embargo, la moción que ganó fue la presentada por la lista de docentes que apoyan a la gestión, de discutir el tema después del balotaje con el argumento de que “hay una intencionalidad política para discutir este tema a días del balotaje”.
Las autoridades saben que la propuesta de igualar el sueldo de las autoridades con el de los docentes con antigüedad, además de ir contra el modelo de universidad impuesto por la Ley de Educación Superior, goza de gran popularidad. Por eso no quieren publicar sus recibos de sueldo y debatir la ordenanza 528. La idea se emparenta al planteo hecho en el Congreso Nacional y la Legislatura Provincial por Nicolás del Caño y Raul Godoy, que proponen “que todo funcionario cobre igual que una maestra”, cuestionando a la casta política que se enriquece a costa del pueblo trabajador.
En el caso de la universidad, los sobresueldos mantienen una casta separada de las condiciones de vida de los docentes, que pueden cobrar hasta 12 veces menos. Esa casta funciona como correa de transmisión de los intereses de las grandes petroleras multinacionales, que cada vez ganan más terreno en la UNCo, vía convenios y financiamiento externo.
En la UNCo se empieza a notar el cuestionamiento a los sueldos de privilegio de las autoridades. La Juventud del PTS sostiene que las autoridades deben elegirse por voto directo y sin ponderación, que hay que conquistar la mayoría estudiantil en los órganos de co-gobierno, y derogar la ordenanza 528 para que las autoridades cobren lo mismo que un docente con antigüedad. En las próximas elecciones a Centro de Estudiantes en Humanidades, levantará estas históricas demandas del movimiento estudiantil. |