Los cuerpos fueron encontrados producto de las investigaciones realizadas por la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cuerpo se encontraba por “error” entre los 150. Esto sucedió a pesar de que su cuerpo estaba plenamente identificado por la familia y además existía una prueba de ADN que confirmaba la identidad del cadáver.
La familia denunció el hecho a través de declaraciones y la grabación de un video donde se observa la exhumación de los cuerpos para buscar el de Rodríguez Hernández, realizada el 9 de diciembre de 2014 producto de la presión ejercida a la Fiscalía, y posteriormente la inhumación nuevamente de lo otros cuerpos.
Los familiares de Oliver también apuntaron la denuncia hacia la Fiscalía de Morelos por las trabas realizadas por esta instancia para mantener en su poder el cadáver de su familiar y alertaron sobre la intención que han tenido el conjunto de las autoridades para proteger a las autoridades de la fiscalía, en especial a Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en Durango, la coordinadora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, y el fiscal regional oriente José Manuel Serrano Salmerón, para lo cual han ocultado y manipulado información e incluso amenazado a la familia para que deje de exigir el esclarecimiento del caso.
En las fosas clandestinas, la Fiscalía ordena inhumar los cuerpos sin permiso y muchos de ellos no tienen ni siquiera número de carpeta de investigación e incluso algunos no cuentan con constancia de levantamiento del cadáver. Además, los cuerpos son apilados y el predio donde se colocan no tiene la aprobación sanitaria correspondiente, pues la zona carece de agua y drenaje, el lugar no tiene una barda perimetral, alumbrado público ni oficinas de atención.
La denuncia de las fosas evidenció que tanto para el caso de Rodríguez Hernández como para los otros 149, las autoridades falsificaron firmas y documentos.
Ante la evidencia, la Fiscalía lanzó un comunicado de prensa donde declara que en la fosa fueron inhumados 105 cadáveres, y afirmó cínicamente que se ponía “a disposición para consulta derivada del interés de cualquier institución, organismos defensores de derechos humanos o de atención a víctimas”. A la par de la Fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM) confirmó las irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas además recalcó la cifra de 150 cuerpos como lo afirman los testigos.
En el país de la “narcoguerra” el régimen también entierra
A partir del año 2006, con el inicio de la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, se han contabilizado hasta ahora más de 200 mil muertos encontrados en lugares públicos o en fosas clandestinas por todo el país. A la par de ello se contabilizan más de 25 mil desaparecidos cuyo paradero permanece desconocido.
A pesar de que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón lanzó una intensa campaña de criminalización a las víctimas de la violencia, ligándolas siempre al crimen organizado y, esta estrategia fue continuada por su sucesor Peña Nieto, en México se ha demostrado que las victimes de la violencia son mayoritariamente mujeres y jóvenes que nada tienen que ver con los conflictos del narco, los que mueren son inocentes.
Además, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa -a quienes también el régimen quiso ligar con el narcotráfico- se evidencio la asociación de los partidos políticos del régimen, la policía, el ejército y las instituciones del Estado con el crimen organizado y su ejercicio conjunto para descargar la represión hacia el pueblo trabajador, con el fin de garantizar la mayor explotación, la aplicación de las reformas estructurales y la subordinación al imperialismo, la militarización del país fue la estrategia para ello y ha sido financiada y coordinada legal e ilegalmente por los Estados Unidos.
Las fosas clandestinas administradas por la propia fiscalía de Morelos demuestran esta complicidad, desnudando también la imposibilidad de obtener justicia a través de las instituciones de un régimen político asesino. La verdad y justicia para los 148 cuerpos que se mantienen sin identificar, así como para Oliver Wenceslao y los más de 200 mil víctimas de la violencia solo puede venir de la movilización en las calles, que agrupe a trabajadores, campesinos, mujeres y estudiantes, que luchen por la desmilitarización del país, el fin de la política de represión y ponerle un alto a la represión que impulsa el régimen de la “alternancia” del PRI-PAN-PRD. | 
