Ilustración: Chelo Candia
Cristian Ferreyra tenía 23 años cuando lo asesinaron el 16 de noviembre de 2011. Esa tarde, junto a su compañero Darío Godoy y otros referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) estaban organizando la defensa de las 2 mil hectáreas donde vive la comunidad indígena Lule Vilela, a la que pertenecía. Hacía más de dos años que denunciaban acoso, hostigamiento y amenazas de los empresarios que pretendían las tierras comunitarias.
El empresario sojero Jorge Ciccioli había alambrado y comenzado el desmonte en las tierras comunitarias autorizado por la Dirección de bosques de la provincia. Los “empleados” de Ciccioli, entre los que estaba Javier Juárez, aparecieron en moto con armas de fuego en la casa de Darío Godoy y les dispararon a los dos jóvenes. El disparo en la pierna de Cristian atravesó la arteria femoral, intentaron trasladarlo al Hospital de Monte Quemado (la localidad más cercana, que queda a más de 50 km) pero no llegaron a atenderlo y murió desangrado en el camino.
Inmediatamente, organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizaron para que el asesinato no quede impune y se llegue al juicio oral, con la consigna “ni un muerto más por el derecho a la tierra”.
Un fallo escandaloso
En diciembre de 2014, en un escandaloso fallo la justicia santiagueña condenó a 10 años de prisión más el pago de 900 mil pesos en concepto de indemnización por los daños causados, a Javier Juárez, autor material del crimen, mientras el empresario Jorge Ciccioli, considerado el actor intelectual del hecho, y el resto de los integrantes de la patota para-policial que estaban acusados, resultaron absueltos.
Los argumentos de la absolución de Ciccioli, que se dieron a conocer en febrero de este año, fueron que no había elementos contundentes que demostraran una cooperación material del empresario, que Ciccioli no se encontraba en el lugar de los hechos y tampoco en Santiago del Estero. Como prueba se utilizó un supuesto mensaje de texto que el asesino habría mandado al empresario haciéndose cargo de los disparos y pidiéndole disculpas, lo cual según el fallo “descarta que Ciccioli haya colaborado o asistido material o moralmente a Juárez”. El empresario también quedó exento de pagar las indemnizaciones a Darío Godoy y la familia de Cristian Ferreyra por “no ser responsable de ningún hecho ilícito, ni de tener una responsabilidad objetiva ni subsidiaria”.
Los abogados de la querella y la fiscalía apelaron el fallo, pero la Cámara de Apelaciones de la provincia aún no se pronunció.
Las muertes del modelo
El asesinato de Cristian Ferreyra tiene relación directa con el modelo de los agronegocios. Es que el avance de la frontera agrícola sojera, requiere de las tierras ancestrales que familias campesinas y originarias habitan desde hace años.
Si bien existen las leyes de derecho “veinteañal”, que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas, leyes y convenios supranacionales de pueblos originarios como el convenio 169 de la OIT, la ley 26.160 que prohíbe los desalojos, o el artículo 75 de la Constitución Nacional, éstos no se cumplen cuando el negocio manda.
La vida de Cristian Ferreyra no es la única que se llevó “el modelo”, sino que se dio en un contexto de represión a los que luchan por su tierra ancestral. Un año antes era asesinado Roberto López, de la Comunidad La Primavera (Formosa) en la represión al corte de ruta en el que reclamaban por su territorio. Y once meses después asesinarían a Miguel Galván, también campesino del MoCaSE, asesinado de una puñalada en la yugular por un sicario de la empresa agropecuaria La Paz S.A. Miguel también defendía su territorio ante los intentos de desalojo por parte de la empresa. La cuenta sigue…
En la década nacional y popular, la unidad entre empresarios, terratenientes, patotas parapoliciales, gobiernos provinciales y nacional, se mantiene y se refuerza con el avance del extractivismo. La política agropecuaria de este gobierno, que da impulso a la soja, legitima la política de desmontes, lo cual trae aparejados desalojos y contaminación para los campesinos y originarios que viven en esas tierras, pero también grandes negocios para empresarios y multinacionales.
Estos ataques no pueden producirse sin la complicidad de autoridades provinciales, funcionarios del poder judicial y gobernadores provinciales, como el Radical K Gerardo Zamora en el caso de Santiago del Estero y Gildo Insfrán en Formosa, con el aval del gobierno nacional. Por su parte, la justicia muestra su carácter clasista dejando impune al empresariado. | 
