En el día de ayer fue convocada la Audiencia Pública donde docentes, estudiantes, organizaciones políticas y sindicales y el conjunto de la comunidad educativa, expusieron sus pareceres sobre la ley votada en primera instancia. Padres, docentes y alumnos de la escuela Primera Junta y el jardín Margarita Ravioli participaron de la audiencia para defender el predio que la Ciudad quiere ceder a una parroquia. El expediente es analizado luego de haber sido aprobada la ley en primera lectura el 3 de septiembre pasado. Para su sanción definitiva debe ser votado nuevamente por los diputados.
La mesa principal estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro García (Pro), y lo acompañaron las diputadas Carmen Polledo, Lía Rueda, Cecilia de la Torre, Raquel Herrero, Gabriela Seijo (Pro); legisladores del FpV y Marcelo Ramal del Frente de Izquierda y Alejandro Bodart del MST-Nueva Izquierda. También estuvieron presentes Patricio del Corro del PTS-FIT, quien asumirá la semana próxima la banca que hoy ocupa Marcelo Ramal, y Laura Marrone también legisladora electa de IS-FIT.
En la audiencia aquellos que hicieron uso de la palabra recordaron que, el día 9 de septiembre de este año, en la Legislatura porteña todo el bloque del PRO, el grueso del FpV, Eco, La Alameda y el massismo, votaron a favor de ceder de forma gratuita y permanente 15 terrenos y entregar otros 3 por 20 años a la Iglesia Católica. Estos se venían usufructuando mediante permisos precarios o por ocupación de hecho, y son entregados con la condición de que sigan siendo utilizados con “fines sociales y religiosos”. Se trata de 30.000.mt 2 totales.
Durante esa sesión se le dio aprobación inicial en primera lectura al proyecto de ley 897/15. La ley declara una serie de terrenos públicos “innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y se dispuso “la transferencia de dominio, a favor del Arzobispado de Buenos Aires”. En el encuentro, que duró alrededor de 5 horas, hicieron uso de la palabra más de un centenar de inscriptos. La mayoría de los exponentes se mostró en contra de la iniciativa argumentando la defensa de los terrenos pertenecientes al Estado de la Ciudad y la educación pública.
Entre estos terrenos, se encuentran los que actualmente ocupa a título gratuito la Iglesia Caacupé sobre parcelas dependientes a la Secretaría de Educación donde funciona desde el año 1983 la Escuela N° 3 de Caballito, "Primera Junta". Esta escuela data de largos años de conflicto con la Iglesia que ha ido ocupando terrenos en forma ilegítima y arbitraria. Y en respuesta a este nuevo avance la comunidad educativa decidió poner freno sacando a la calle un conflicto de años. Así lo manifiesta uno de los papás de la Cooperadora de la escuela “La comunidad siempre se acercó a hablar y nunca encontró un diálogo. No sólo eso sino que nos fuimos encontrando con una línea divisoria de terrenos que se fue corriendo y, en un momento, para no conflictuar, desde la escuela se puso un alambrado mientras se veía cómo se resolvía la situación legalmente. Sin embargo, luego de un verano nos encontramos con una construcción de un Salón de usos Múltiples de la Iglesia sobre los terrenos de la escuela”.
Consultado por La Izquierda Diario Patricio del Corro se manifestó al respecto: “el mayor escándalo es que mientras miles de niños se quedan sin vacantes, 500.000 personas viven en emergencia habitacional y 250.000 en villas, el macrismo junto a la mayoría de los bloques opositores entreguen terrenos públicos a la Iglesia declarando que son “innecesarios”. Se los dan nada más y nada menos que al Arzobispado, uno de los mayores terratenientes del país. Por eso hoy vinimos a acompañar este reclamo de la comunidad educativa. Desde el Frente de Izquierda, rechazamos de conjunto este proyecto y exigimos al Gobierno porteño que tales terrenos declarados en la ley sean destinados a la creación de escuelas para los más de 5000 chicos que quedaron sin vacantes en la Ciudad y solucionar el problema de la vivienda. Más allá de la disputa que existe hoy entre el Gobierno de la Ciudad y el nacional, estas votaciones demuestran que cuando se trata de negocios inmobiliarios y de defender a instituciones como la Iglesia las diferencias se liman rápidamente. Esperamos que la lucha que se viene llevando adelante desde la comunidad educativa que hizo que este tipo de proyectos salga a la luz ayuden a modificar lo que ya se voto el 9 de septiembre. Desde el FIT pondremos nuestras bancas al servicio de que esta lucha triunfe”. |
