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5 de abril de 2025 Twitter Faceboock

Política
Una dividida Nueva Mayoría aprueba partida Salud del Presupuesto
Nicolás Miranda | Comité de Redacción

La ajetreada discusión del Presupuesto tuvo otro hito saltando dificultosamente un nuevo escollo, al aprobar la partida de Salud. La de Educación, también aprobada finalmente días atrás, mostró las tensiones dentro de la Nueva Mayoría, y el conflicto de expectativas que soterradamente atraviesa la discusión parlamentaria.

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Una difícil aprobación

Diputados aprobó la partida de Salud de la Ley de Presupuestos para el año 2016, con 69 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, incluyendo las inversiones para hospitales con nuevo cronograma, el punto más conflictivo de toda la discusión.

Para lograrlo, el Gobierno decidió el uso de 13 mil millones de pesos, correspondientes a una parte de los 26 mil millones de pesos del Fondo de Apoyo Regional, que sale del fondo espejo del Transantiago, de 407 mil millones de pesos.

La cifra es tan ínfima que algunos parlamentarios criticaron que “solo alcanza para poner las primeras piedras”.

Representa, evidentemente, más un afán electoralista, parte de las próximas campañas electorales, que un intento genuino de resolver los graves problemas de Salud que afectan al pueblo.

Nuevas divisiones en la Nueva Mayoría

En la discusión de la glosa de gratuidad de la partida de Educación, la Nueva Mayoría sacó a la luz sus graves fisuras, con la amenaza de la DC de no aprobarla. Finalmente, con una solución de compromiso, el Gobierno obtuvo un triunfo parlamentario, como informamos en La Izquierda Diario aquí, y su desafío será transformarlo en un triunfo político.

Se ve difícil. En la partida de Salud, las fisuras volvieron a aparecer. En la aprobación, todos quedaron descontentos. Hubo siete diputados DC y dos PS que no dieron su voto a favor. La derecha, por supuesto e invariablemente, estuvo en contra.

Los parlamentarios expresan distorsionadamente los conflictos de expectativas entre los empresarios y el pueblo trabajador, que exige se cumplan sus demandas, mientras el Gobierno lo ajusta escudándose en la desaceleración, en beneficio de los empresarios.

 
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