El Congreso respaldó este miércoles (18) el veto de la presidenta Dilma Rousseff a la extensión de la política de salario mínimo a todos los beneficios pagados por el sistema previsional brasilero (INSS). En la Cámara, fueron 211 votos por la caída del veto, 160 por su sostenimiento y 12 abstenciones. Para ser derribados, son necesarios al menos 257 diputados y 41 senadores.

El gobierno calculaba un impacto de 11 mil millones de reales (casi 3 mil millones de dólares) si eventualmente hubiese sido derribado el veto. Ese fue el noveno de los 13 vetos que constaban en tablas de las sesiones del Congreso de martes y miércoles, respaldados por los parlamentarios.

Durante los discursos, uno de los vice líderes del PT en la Cámara, Carlos Zarattini (San Pablo) fue uno de los que defendieron el sostenimiento del veto presidencial. "Estamos aquí votando para mantener este veto porque queremos la salud de la previsión social", dijo.

La salud del sistema previdenciario significa para el PT la disminución de los ingresos de los jubilados. Descargar sobre sus espaldas y las de los trabajadores la crisis.

Los trabajadores que reciben la jubilación mínima reciben un reajuste jubilatorio de acuerdo con el del salario mínimo. Sin embargo, los demás trabajadores cuyas jubilaciones superan el piso no reciben un reajuste de acuerdo con el del salario mínimo, y pierden año a año sus haberes ya que son reajustados por debajo de la inflación.

El Congreso había vinculado todos los reajustes al del salario mínimo, que contempla al menos la inflación oficial. Con el veto de Dilma se mantuvo la situación actual en la que los trabajadores cuyos ingresos superan el salario mínimo, aun cuando reciban una jubilación de pobreza, tendrán sus haberes reducidos año tras año.