Nueve organizaciones no gubernamentales han denunciado en distintos medios de comunicación la brutalidad y la corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM).
Estas ONG, entre ellas la estadounidense Washington Office on Latin America (WOLA) y el Centro de Análisis y Reflexión Fundar, han presentado el informe "Un Camino Incierto", donde señalan que un total de 97,254 migrantes fueron aprehendidos en México entre julio de 2013 y junio de 2014 contra los 168,280 retenidos en el mismo lapso del año siguiente, lo que representa un aumento de 73%.
También se han documentado numerosos casos de abusos contra migrantes. Entre ellos, secuestros, extorsiones, robos y agresiones. Las fuerzas represivas son ejecutoras de uno de cada cinco delitos contra el migrante, según cifras de La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. La Policía Federal encabeza el escabroso “ranking”, con una participación de 29.8% en estos atropellos, y la siguen las policías preventivas municipales, con 22.8% y las policías estatales con 7.4%.
A su vez en el informe se dio a conocer que Tom Shannon, asesor especial del Secretario de Estado de los Estados Unidos anunció que se estaba trabajando para destinar 86 millones de dólares para control de la frontera sur mexicana a través de la Iniciativa Mérida, y este año, el Congreso de Estados Unidos asignó 79 millones de dólares para el mismo propósito.
Con esos fondos, se blindó la frontera sur y el informe señala que: “Entre octubre de 2014 y mayo de 2015, el INM detuvo a más de personas migrantes centroamericanas que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos; 110 mil 43 del INM contra 85 mil 131 de la Patrulla Fronteriza”.
Esto se suma a la denuncia realizada en un artículo del New York Times de Sonia Nazario, donde enuncia la terrible consecuencia de las deportaciones ejecutadas por el gobierno mexicano siguiendo las instrucciones de la administración de Barack Obama: muchos de los centroamericanos deportados por México son asesinados en sus países de origen.
Cabe destacar además, que las acciones del Plan Frontera Sur orillan a los migrantes a caminos más peligrosos, y quedan así expuestos al crimen organizado, tanto carteles del narcotráfico como redes de trata.
Al cierre de esta edición, la gendarmería había aprehendido a 37 migrantes sin documentos: 33 guatemaltecos y 4 salvadoreños, la mayoría mujeres y menores de edad. Serán deportados al infierno del cual huyeron.
Obama, el gran deportador
Hace pocos días Obama presentó la apelación ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos contra el freno de las medidas ejecutivas, que podrían beneficiar a 5 millones de personas indocumentadas con el freno de sus deportaciones, mientras otros 6 millones quedarían a merced de deportaciones, cárcel y todo tipo de abuso por parte de la policía estadounidense.
Un gesto demagógico para congraciarse con la comunidad latina –que mucho le ayudaron a ganar la presidencia en sus dos administraciones– cuyos votos pretende así conquistar, a pesar de las promesas incumplidas de una reforma migratoria que nunca llegó.
Pero mientras tanto, mantiene los centros de detención para migrantes, ha deportado un promedio de 400,000 personas por año –separando familias– y ha impuesto el Plan Frontera Sur, cuyas devastadoras consecuencias describimos arriba.
Demócratas y republicamos pretenden mantener en la sumisión a los migrantes para facilitar la precarización laboral exigida por las empresas que se benefician de estas condiciones, como las constructoras de Donald Trump. Estar a merced de las deportaciones orilla a las y los trabajadores migrantes a tener que aceptar esas duras condiciones.
Esa precarización impuesta por los empresarios y los partidos tradicionales en Estados Unidos no es más que la expresión de la precarización que pretenden profundizar en México, Centroamérica y el Caribe, con las reformas estructurales, los ajustes fiscales y la militarización.
Nada bueno puede venir de los partidos que representan los intereses de distintos sectores del capital. El libre tránsito por la región y los derechos plenos para los migrantes sólo se pueden conseguir uniendo las fuerzas de los trabajadores y la juventud latinos, afroamericanos y blancos, que se han hermanado en la solidaridad con Ayotzinapa, la lucha contra la violencia racial y la campaña por aumento de salario a 15 dólares la hora. | 
