Foto: EFE
En abril de 2013 desalojaron este mítico Casal Popular de Gràcia, que tenia nada menos que 11 años de existencia. En respuesta a ese desalojo, en febrero de 2014, durante una manifestación en apoyo al Banc Okupat de Gràcia, se okupó una antigua sucursal bancaria de Catalunya Caixa.
Desde entonces este espacio ha sido autogestionado por diversos colectivos como Arran, l’Assemblea de Joves del Camp d’en Grassot, l’Assemblea Laboral La Precària, el grup de muntanya Piolets de Gràcia o la Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia, entre otros. Un espacio que ha permitido suplir el déficit de centros gestionados por y para los jovenes del barrio, ya que la gestión del “Espai Jove La Fontana” fue cedida a una empresa privada por parte del Ayuntamiento cuando estaba gobernado por PSC y ICV-EUiA. A pesar de que hubo una fuerte lucha por parte de la Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia para que fuesen los jovenes del barrio quienes organizaran el espacio, la situación no ha cambiado con el nuevo equipo de gobierno de Barcelona en Comú.
Desde hace meses el nuevo espacio estaba en peligro de desalojo. Parece que el efecto Can Viesha retrasado el proceso y el anterior gobierno municipal de CiU no quería verse envuelto en un nuevo conflicto social antes de las elecciones. Finalmente la semana pasada se produjo el desalojo.
¿Cual ha sido el papel de Barcelona en Comú en este proceso de desalojo? En principio se pronunciaron en contra, tanto antes como después en contra del mismo. Pero no pasaron de las palabras. La nueva responsabilidad institucional hace que no puedan disimular que están incómodos delante de esta situación. El autodenominado Ayuntamiento “del cambio” no podría de buenas a primeras dejar de posicionarse en contra de un desalojo de un centro social okupado, una claudicación que sería demasiado grotesca y que le supondrían un fuerte desgaste por izquierda.
Pero por otro lado, este nuevo gobierno municipal, como en el caso de la persecución hacia el colectivo de vendedores ambulantes de Barcelona, teme enfrentarse a la campaña mediática y política de los poderosos medios de comunicación y tiene miedo al conflicto con la corriente de opinión de derechas liderada por La Vanguardia.
Esto hace que en vez de tener una política de abierta defensa de los espacios okupados, aunque eso implicara tomar medidas que rompan con la legalidad, se escudan constantemente en los límites de las instituciones. Así hicieron también en este caso, como muestran en el comunicado previo al desalojo , para justificar su inacción y el papel conservador.
De hecho, aunque el desalojo corrió a cargo de los Mossos d´Esquadra, lo más grave es que desde el Casal se denunció la presencia de Guardia Urbana de paisano interviniendo en el desalojo, cuando una de las promesas de Barcelona en Comú es que esto no sucedería. Esta actitud de denuncia formal y colaboración indirecta es lo que explica que durante la manifestación de la tarde numerosas pancartas y cánticos tuvieran como objeto denunciar a Barcelona en Comú.
Era Barcelona en Comú y Ada Colau los que decían en plena campaña electoral que se debía dar el salto de la calle a las instituciones porque, con voluntad política, todo era posible. Era ni más ni menos la frase “Si somos capaces de imaginar una ciudad diferente, tendremos el poder de transformarla” la que cerraba el manifiesto inaugural de “Guanyem Barcelona”.
Pero no nos engañemos, esta obsesión por evitar el conflicto con el poder no es una casualidad. Es el ADN de cualquier proyecto reformista. El proyecto de Barcelona en Comú es gestionar las instituciones para mitigar los efectos del capitalismo en las clases populares. Pero siempre desde el respeto a la ley y el orden. En ningún caso se plantean usar las instituciones como un frente más en la lucha hacia un cuestionamiento de los intereses de los grandes capitalista. Es por esto que la posibilidad de que se abriera una situación de revuelta social y juvenil como la de Can Vies, les preocupa, y mucho.
Habrá que ver cual es la respuesta del nuevo gobierno municipal a la nueva situación, ya que la histórica consigna “un desalojo, otra okupación” se ha llevado acabo en este caso de una manera muy inteligente. El nuevo espacio okupado es ni más ni menos que una antigua comisaria de la Policía Nacional que ahora pertenece al Ayuntamiento.
Hoy, Barcelona en Comú está más preocupado en no salir mal parados políticamente de toda la situación, que de impulsar realmente un movimiento vecinal potente que sea capaz de gestionar por si mismo la vida social y política del barrio ¿Como se explica sino que se haya tenido que okupar un espacio del propio Ayuntamiento, que estaba en venta, para que este tuviera vida?
Parecería demasiado descarado que el ayuntamiento pidiera el desalojo pero... ya lo ha hecho en otro centro social okupado cuyo edificio es propiedad del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos del distrito de l’Eixample están tramitando un expediente administrativo de desalojo del CSOA Transformadors: “El gobierno si que esta instando al desalojo de este edificio”
¿Veremos al gobierno de Colau llevando adelante un desalojo contra Transformadors como hizo el de Trias contra Can Vies? A muchos les sorprendería, sin duda, pero en los últimos meses las estampas de urbanos acosando, persiguiendo y deteniendo manteros son todo un aviso de que “todo es posible”, aunque este “posible” no tenga nada que ver con lo que se prometía en campaña. | 
