Así lo confirma un informe sobre prisiones efectuado por investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dado a conocer por el periodista Horacio Cechi (Pagina12, 29/9). El informe de marras, titulado “Delito, marginalidad y desempeño institucional en Argentina: Resultado de la encuesta de presos condenados”, se basa en datos aportados sobre una encuesta donde fueron indagados 1033 presos (varones y mujeres) ya condenados, alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los resultados concluyen un revés al relato de “la década ganada”.
Si bien a nadie sorprendió que la mayoría de los detenidos sean pobres o de origen muy humilde (condenados por el paradigma de la portación de rostro), el elemento más revelador del informe arrojó que entre 2000 y 2012, la tasa de prisionización aumentó casi 50%, pasando de 103 detenidos cada 100.000 habitantes a 149. Sorprendentemente, a pesar del crecimiento de la economía a tasas chinas, y mientras la población total se mantuvo relativamente estable, la población carcelaria se incrementó notoriamente. Complementariamente, la reforma reaccionaria del Código Procesal Penal bonaerense, a instancias del gobernador Daniel Scioli y la oposición derechista, hizo mas expeditivos los procesos judiciales para encerrar a los pobres mediante un tramite express. No por nada, el 45% manifestó que fue golpeado por la policía para obligarlo a declarar o para cambiar la declaración previa, así como el 38% jamás pudo hablar con el juez, mientras el 60% confesó su falta de conformidad con la defensa ejercida por los abogados proporcionados por el Estado.
Evidentemente, las políticas de mano dura solo sirvieron para militarizar los barrios más humildes, a partir del estigma de la pobreza, pero de ningún modo contribuyeron a disminuir el delito.
De los poco más de 15.000 detenidos por delitos contra la propiedad (que conforman la mayoría de los delitos) los robos no superaban valores por 2500 dólares. Vale destacar que de ese total, un cuarto fueron por robos equivalentes a sumas inferiores a 860 dólares.
El Estado nacional gasta aproximadamente 10.000 dólares anuales por cada detenido, en tanto EE.UU. eroga 30.000 (el país con mayor cantidad de presos: 2.300.000). Haciendo a un lado las necesidades reales sobre salud y educación publica, los Estados nacionales no vacilan en sostener el financiamiento de esa maquinaria represiva como un fin en sí mismo, independientemente de la falta de peligrosidad de los delitos. Como sostenía el joven Karl Marx en su libro A propósito de la cuestión judía, “el derecho a la seguridad es el supremo concepto de policía” en defensa de “la propiedad”, más allá del valor que representen los bienes afectados.
Probablemente la violencia domestica y la marginalidad sean de los factores más determinantes en la proyección del destino carcelario. Uno de cada cinco internos no conoció a sus padres, dos de cada cinco abandonaron el hogar donde vivían con sus padres antes de los 15 años y (como no podía ser de otra forma) más del 50% pasó por institutos de menores. Los llamados alguna vez “reformatorios” son en líneas generales institutos cerrados, más parecidos a las cárceles, donde niños y adolescentes apenas conocen la luz del sol y son privados del derecho a la educación, acaso irónicamente bajo el patrimonio de la tutela que ejerce el Estado. Sin duda, estos institutos no “reforman” ni “corrigen” sino que actúan como “multiplicador delictivo” prefigurando al adulto delincuente que reincide en el delito. Resulta una fantasía revertir esta situación con las políticas miserables de “inclusión social” como la AUH, el plan Progresar y la asistencia social del Estado, que solo legitiman la naturalización de las condiciones de la acumulación capitalista, las que generan una población obrera sobrante, incapaz de ser absorbida en la producción de bienes y servicios y por ende arrojada a la marginalidad y el delito.
Por ultimo, un detalle de color pero no menos impactante: dos de cada tres internos reconocieron que purgaban prisión por no haber tenido suficiente tiempo para conseguir dinero y “arreglar” con la policía o alguna instancia de la justicia durante el proceso. Obviamente, se desprende que las cárceles están construidas premeditadamente para encerrar pobres, pues sólo los grandes propietarios tienen espaldas para “arreglar” con la policía y la justicia.
El informe concluye que “el sistema penal termina recluyendo personas que son fácilmente reemplazables en las pirámides delictivas: los ladrones callejeros, los pequeños traficantes, las mulas”, relativizando su aspecto como “mecanismo de disuasión” para pasar a ser “algo habitual” entre las franjas más pobres de la sociedad. En consecuencia y contrariando a los apologistas del populismo penal de mano dura, no existe relación entre el incremento de la cantidad de efectivos policiales y la disminución del delito, como intenta probar Scioli con la declaración de emergencia social en materia de seguridad, cuyo “merito” consiste en haber multiplicado arbitrariamente “la cantidad de detenciones y el número de delincuentes abatidos”.
Conclusiones similares al informe ya fueron extraídas hace más de 2 siglos, poco tiempo después de la revolución francesa. Los estudiosos más serios de la criminología admitían que las cárceles de ningún modo servían para la reinserción social de los delincuentes. Más fieles a su experiencia que a sus progenitores de la gran burguesía, y consustanciados con el concepto de razón legado por las luminarias de la Ilustración (y a pesar de los postulados reaccionarios del pensamiento positivista), estos intelectuales llegaron a la conclusión de que las prisiones en realidad son autenticas universidades del delito, donde los hombres son separados de su humanidad, transformándose en monstruos, razón por la cual abrevaron en posiciones abolicionistas del sistema penal.
Como herramientas coercitivas para establecer el control social sobre las grandes masas, las cárceles son junto a las fuerzas represivas (FF.SS., FF.AA., servicios de inteligencia) parte del aparato del Estado mediante el cual los grandes capitalistas gravitan su dominación sobre las clases explotadas y oprimidas. Con un discurso “progresista” que admite con reservas las críticas del CELS de Horacio Verbitsky, el kirchnerismo y los gobernadores mantienen esas mazmorras que constituyen verdaderos depósitos de parias, donde mueren todos los relatos. |
