Después de 14 meses de desaparición 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y el asesinato de seis personas, entre ellos cuatro estudiantes, los padres de los normalistas encabezaron una marcha que termino con la instalación del llamado “Plantón por la Dignidad y la Resistencia” con la exigencia central de que las investigaciones continúen bajo las líneas sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo cual implica la salida de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que hasta ahora lleva el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación.
El plantón fue instalado al finalizar la movilización, en el Paseo de la Reforma, a unos metros de la residencia oficial de Los Pinos, advirtiendo que no se retirara hasta que las autoridades resuelvan respecto a la exigencia.
Dentro de la jornada se denuncio la nueva ofensiva que el gobierno ha implementado contra los normalistas, el magisterio en lucha contra la reforma educativa y la evaluación punitiva, ejemplificada el fin de semana con la dura represión ejecutada en Morelos y Veracruz, y demás sectores en resistencia. Como muestra de esta política, los padres de los 43 normalistas, denunciaron el asesinato de cuatro integrantes de la policía comunitaria la mañana del 26 de noviembre en Tixtla, Guerrero.
Los normalistas reiteraron “No vamos a permitir que desplieguen una campaña de desprestigio contra el movimiento y la normal de Ayotzinapa”, pues durante las semanas pasadas los normalistas fueron blanco de la represión de la policía federal y el ataque de los medios alineados al gobierno federal que pretendía ligarlos al narcotráfico. Esta es la continuidad de la línea del régimen de criminalizar a la juventud y en particular al normalismo donde se gestan los futuros miembros del magisterio, que hoy viene siendo el sector más resistente a los planes del régimen.
Desde la desaparición de los 43 normalistas, que desnudo el carácter más descompuesto de este régimen burgués, la campaña de represión y criminalización ha sido la respuesta frente al cuestionamiento y descontento expresado hacía el gobierno de Peña Nieto.
Tras el informe brindado por el GIEI el pasado mes de septiembre, que derrumbo la versión que el gobierno federal intentó establecer como la “verdad histórica” de lo ocurrido el 26 de septiembre, pero que también desnudo la participación de la policía federal, estatal y el ejército en la desaparición de los estudiantes, así como la manipulación de la información y las pruebas por parte de las instituciones de investigación, la conformación de un equipo de investigación independiente cobro más fuerza. Sobre esto, María de Jesús Luego, madre de un normalista desaparecido, dijo dirigiéndose a Peña Nieto: “No te creemos. No te tenemos confianza. Respeta a nuestros expertos”.
A 14 meses del brutal crimen de Iguala, el gobierno de Peña Nieto se ha recompuesto y ha decido avanzar para derrotar a todos los sectores opositores a él. Por eso es necesario la más amplia unidad entre los sectores que sufren los embates de la política de este régimen, demandando la aparición con vida de los 43 normalistas, así como juicio y castigo a los responsables a la par de levantar un gran movimiento en apoyo a la lucha del magisterio, a esta defensa tienen que sumarse todos los sindicatos y organizaciones que se reclaman democráticas para conformar una gran movilización en las calles y poner en practica los históricos métodos de lucha de la clase obrera, como el paro y la huelga nacional. | 
