El proyecto establece los lineamientos y principios de un sistema institucional a través del cual se coordinarán los esfuerzos y recursos para el cuidado de los niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años, cuando ingresan al sistema educativo.
Bianchi señaló: “Con este proyecto se busca alcanzar servicios de calidad que permitan la igualdad real de oportunidades de toda la población destinataria, la jerarquización del trabajo de los cuidadores, y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres”.
El mismo contempla que deberán participar del financiamiento del sistema solidariamente el Estado nacional, las provincias, municipios y la CABA, además de las empresas y empleadores, y los gremios y sindicatos.
Recordemos que una de las promesas de campaña del presidente electo, Mauricio Macri, fue desarrollar un sistema de centros de primera infancia en todo el país.
El punto es que los CPI que ya están funcionando en la Ciudad Autónoma, lejos están de considerarse además de un lugar de cuidado, un espacio educativo, tal como lo referenciamos en esta nota.
Los índices de todas las estadísticas muestran que son las mujeres las que se ocupan en el hogar del cuidado de los niños pequeños y de los adultos mayores y enfermos o discapacitados. Es la llamada doble jornada laboral, que además de ser obligatoria no está remunerada. Y es esta ocupación compulsiva la que impide que las mujeres puedan tener acceso a más educación o a trabajos mejor remunerados. De ahí la importancia de lograr la sanción de esta ley.
Este proyecto que cuenta con media sanción, como otros presentados para modificar la extensión de las licencias por maternidad, la flexibilidad horaria para madres que amamantan, la instalación de jardines materno-paternales, son algunas de las demandas largamente exigidas y que aún se encuentran pendientes.
Como planteamos en otras oportunidades, a priori parecería que las patronales solo reconocen un derecho cuando se transforma en un beneficio directo para aumentar sus ganancias.
Las mujeres trabajadoras no pueden esperar que los funcionarios del Estado transformen sus reclamos en derechos. La dilación en aprobar estas leyes es la prueba más contundente e irrefutable de la connivencia que los liga a los sectores del poder económico.
Es que los vientos que agitan las banderas del cambio y las reformas, son los mismos que ocultan bajo un manto de impunidad a los grandes capitales para que puedan perpetuar la opresión y explotación de toda la clase trabajadora. | 
