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Son muchos los puntos en discordia. Algunos de ellos afectan a los usuarios, como los incumplimientos de las frecuencias de los autobuses por parte de la empresa. Los trabajadores denuncian los actuales servicios marcados por la propia empresa y proponen una mejora de los mismos que sea además más realista para los conductores.
Otro de los principales es la reposición de la bajada de sueldo del 3,9% aplicada desde 2013. Los trabajadores calculan que la dirección les debe un capital de 3,5 millones de euros repartido entre las nóminas de los 1.000 conductores. Piden que se les devuelva el salario rebajado, ya que la empresa así lo firmó.
Además, según denuncia el comunicado del Comité de Empresa, a todo ello se le suma “la desesperación” de las horas extras y el aumento sistemático de las jornadas, a pesar de la reincorporación de la toda la plantilla despedida en el 2013. Y es que, el conflicto del transporte urbano Zaragoza va más allá de la firma del convenio.
Tras haber acudido en numerosas ocasiones al SAMA (Servicio Aragonés de Mediaciones y Arbitraje) en las que no se ha llegado a ningún acuerdo que beneficie y responda a las demandas de los trabajadores, estos han optado por fortalecer la vía de la movilización, convocando una serie de paros a partir del próximo 10 de diciembre.
Por si fuera poco, en 2013 Juan Alberto Belloch (PSOE) generó un grave problema que aun a día de hoy tiene gran repercusión en el conflicto. El proceso de liquidación de TUZSA y su traspaso a AUZSA por el que se pagó, y aun se paga, 104.202 euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), además de 1.915.783 euros en indemnizaciones por reestructuración de personal y 198.676 de sanción de una inspección de trabajo por no preavisar a los trabajadores del despido.
Dicho en otras palabras, se costeó con dinero público un ERE que afectaba a 153 trabajadores, un negocio claramente fraudulento como después se ha demostrado. Un total de 2,1 millones de euros que a día de hoy toda la ciudad tiene que pagar. Una aberración permitida por las políticas municipales del anterior gobierno del PSOE y que por el momento, el actual gobierno de Zaragoza en Común ha asumido como una herencia recibida de la que se va a seguir haciendo cargo.
Pero el tema no se queda aquí. El Ayuntamiento tiene aprobado un pliego de condiciones por el cual tiene que pagar a Auzsa 13.859.036,73 euros durante la próxima década, en once “cómodas” cuotas que corresponde curiosamente, al valor total de la flota de autobuses. La primera de ellas ya ha sido abonada por el actual gobierno municipal del ZeC, aunque al menos este “atraco” el nuevo consistorio quiere “revisarlo”. Los trabajadores ven esto como una aberración, y más, cuando la empresa debe dinero en concepto de congelación de sueldos e indemnizaciones que nunca fueron pagadas a los despedidos.
El Comité de Empresa pide la municipalización del transporte público para mejorar el servicio. Aseguran que la compañía considera un negocio que busca enriquecerse a costa de todos los contribuyentes en vez garantizar el mejor servicio público municipal. Las organizaciones sindicales de los trabajadores exigen que se investiguen estos hechos hasta el final. Así como el origen de las partidas presupuestarias.
Son muchos los trabajadores de las contratas que cuestionan seriamente el mejor funcionamiento de los servicios municipales y sociales. Que cuestionan los ajustes en sus condiciones laborales para beneficios millonarios de empresas privadas a costa de los servicios públicos.
Por todo ello, se está creando una plataforma de colectivos de trabajadores y sindicatos de contratas del Ayuntamiento que, junto con movimientos sociales y vecinales, pelea por la municipalización de los servicios públicos. Un proyecto para muchos real y realizable. Y no una utopía, como algunos intentan vender por miedo al enfrentamiento directo con la empresa privada. | 
